MIAMI.- Lubby Navarro, exvicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, resolvió este martes su caso criminal al declararse culpable de un cargo de robo en tercer grado (grand theft).
Lubby Navarro, exvicepresidenta del órgano legislativo del distrito escolar de Miami-Dade, admitió el uso ilícito de fondos públicos para gastos personales
MIAMI.- Lubby Navarro, exvicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, resolvió este martes su caso criminal al declararse culpable de un cargo de robo en tercer grado (grand theft).
Durante la audiencia celebrada en una corte de Miami, Navarro aceptó la responsabilidad por el uso indebido de tarjetas de crédito del distrito escolar para sufragar lujos personales durante el año 2022.
Como parte del acuerdo con la Fiscalía, la exfuncionaria ingresó de inmediato en prisión para cumplir una condena de 14 meses, seguidos de un periodo de libertad condicional.
El acuerdo alcanzado permitió que se desestimaran los cargos adicionales de fraude organizado y robo en mayor cuantía que pesaban originalmente sobre la acusada.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó a Navarro la restitución de más de $100,000, suma que corresponde al dinero de los contribuyentes que desvió de manera ilícita, según las pesquisas.
La investigación reveló que Navarro utilizó los fondos públicos para realizar compras en establecimientos de lujo y plataformas de comercio electrónico como Apple, Amazon y Gucci, además de costear viajes de vacaciones personales.
Durante su comparecencia ante el juez, Navarro mostró una actitud de contrición y ofreció una disculpa pública dirigida a la institución educativa y a la comunidad.
"Acepto total responsabilidad por mis acciones. Pido disculpas a la Junta Escolar, a mis excolegas y a todos los empleados de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. Deseo dejar este asunto atrás y cumplir mi condena para reparar el daño causado", manifestó Navarro.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, validó la resolución del caso mediante un comunicado oficial en el que enfatizó la importancia de la integridad en el servicio público y el castigo a la corrupción administrativa.
"El dinero público no debe utilizarse para el beneficio personal de los funcionarios. Nuestra Unidad de Corrupción Pública mantiene el compromiso firme de proteger los recursos de la comunidad y asegurar que quienes traicionan la confianza del ciudadano enfrenten las consecuencias legales", subrayó.
Este caso cierra un capítulo que generó gran controversia en el sistema escolar de Miami-Dade, uno de los distritos más grandes de los Estados Unidos, y refuerza los protocolos de fiscalización sobre el gasto discrecional de sus directivos.
