miércoles 3  de  junio 2026
POLÉMICA

Alquileres, eje del debate sobre rebaja al impuesto a la propiedad en Florida

La Asociación de Condados advierte que la enmienda podría trasladar la carga fiscal a los inquilinos. Los defensores de la reforma destacan que el plan incluye un nuevo tope del 5% al aumento anual del valor tasado de los inmuebles no residenciales

Por Daniel Castropé

MIAMI. — La Asociación de Condados de Florida (FAC, por sus siglas en inglés) advirtió que la rebaja al impuesto a la propiedad aprobada por el Congreso estatal, y que será sometida al voto popular en noviembre, podría traducirse en un alza de los alquileres si los condados optan por subir la tasa impositiva para compensar la pérdida de ingresos derivada de la nueva exención homestead.

Los defensores de la enmienda, en cambio, subrayan que el mismo texto reduce del 10% al 5% el tope anual de valuación de los inmuebles no residenciales, un mecanismo concebido para blindar a los propietarios de alquiler frente a alzas abruptas.

Traslado fiscal, según la FAC

La FAC describió la propuesta como un “traslado de impuestos” más que como un alivio fiscal neto.

El subdirector de políticas de la asociación, Jeff Scala, expuso la preocupación durante una llamada estatal con miembros de la organización el pasado lunes.

“Los alquileres podrían subir a medida que los propietarios trasladen a los inquilinos la carga tributaria adicional impuesta a las propiedades no homestead”, advirtió Scala.

El funcionario añadió que la medida tornará a Florida menos asequible: “Lo presentan como una rebaja, pero las pequeñas empresas, todas las empresas, van a sentir el dolor. Los inquilinos no recibirán exención”, afirmó.

Tope del 5%, un escudo

La enmienda incorpora una protección específica para los inmuebles no homestead, categoría que abarca apartamentos de alquiler, segundas viviendas, propiedades de inversión y locales comerciales.

El texto reduce del 10% al 5% el límite máximo de aumento anual del valor tasado de esas propiedades, un mecanismo conocido como “assessment cap”.

La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) respalda ese tope como un seguro contra el desplazamiento fiscal que podría golpear a comercios y arrendadores.

“La propuesta busca aislar a las propiedades comerciales de un traslado tributario mediante el tope del 5% al valor tasado anual”, señaló la organización a sus afiliados.

Impacto en condados del sur de Florida

La FAC cifró el golpe acumulado para los 67 condados del estado en 3.600 millones de dólares en el año fiscal 2027-2028 y en 6.400 millones para el ejercicio 2028-2029.

Las proyecciones por jurisdicción del sur de Florida apuntan a una pérdida cercana a 340 millones de dólares para Miami-Dade en el periodo 2027-2028, 260 millones para Broward y 280 millones para Palm Beach.

La asociación indicó que Miami-Dade ya opera con un presupuesto tensionado por la reciente creación de oficinas constitucionales como el sheriff y el supervisor de elecciones.

Servicios locales en la mira

La Liga de Ciudades de Florida coincidió con la FAC en que el plan se traduce en un desplazamiento de la carga fiscal.

Holly Smith, concejal de Sanibel y presidenta de esa organización, sostuvo que cuando las viviendas principales salen del padrón tributario “el costo de los servicios no desaparece, se traslada a los negocios y a las propiedades no homestead”.

Por su parte, el subdirector ejecutivo de la FAC, Cragin Mosteller, estimó que las propuestas más amplias para reducir el impuesto a la propiedad podrían recortar hasta un 40% los ingresos de los condados, con repercusiones sobre seguridad pública, bomberos, parques y bibliotecas.

Defensa del gobernador

DeSantis ha rechazado las advertencias sobre el impacto en los servicios locales. Argumentó que la recaudación del impuesto a la propiedad pasó de 32.000 a 60.000 millones de dólares en siete años y podría llegar a 83.000 millones para 2032 sin reforma.

“Por supuesto que podemos hacer esto. Por supuesto que sí. No dejen que nadie les diga que no se puede”, declaró el mandatario en defensa de una propuesta que requerirá al menos el 60% de los votos en el referéndum de noviembre.

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