En Tallahassee, el Senado aprobó el proyecto SB 484 para evitar que los centros de datos disparen la factura de luz en Florida
Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
AP MIAMI. - El Senado de Florida aprobó en Tallahassee la SB 484, un proyecto que busca proteger a los consumidores ante posibles aumentos en la factura eléctrica provocados por grandes centros de datos, una iniciativa impulsada por el senador Bryan Avila (R-Miami Springs) que establece salvaguardas para que estos complejos tecnológicos paguen su propio costo energético y no lo transfieran a residentes y negocios del estado.
El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de electricidad y agua en todo el país. En otros estados, la instalación de centros de datos de gran escala ha generado presiones en la red eléctrica y aumentos en tarifas.
“En numerosos estados hemos visto el costo de la electricidad dispararse cuando grandes centros de datos aumentan la demanda, creando un problema de asequibilidad para los residentes”, advirtió Ávila. Según explicó, la legislación busca evitar que ese escenario se replique en Florida.
Actualmente, el Estado del Sol cuenta con 120 centros de datos, la cuarta cifra más alta del país, y el número podría crecer ante la expansión del sector tecnológico.
El proyecto de ley crea “guardrails” regulatorios dirigidos a grandes consumidores eléctricos, incluyendo centros de datos de carga masiva.
El SB-484 ordena a la Comisión de Servicio Público (PSC) -el órgano estatal encargado de garantizar que los consumidores reciban los servicios esenciales- desarrollar requisitos mínimos de tarifas especiales para grandes usuarios, asegurando que paguen el costo real del servicio eléctrico y minimizando el riesgo de impago que pudiera afectar a otros clientes.
Además, mantiene la autoridad de los gobiernos locales en planificación y uso de suelo, establece un proceso específico para permisos de uso de agua (CUP) y autoriza a los distritos de manejo de agua o al Departamento de Protección Ambiental a exigir el uso parcial de agua reciclada.
La medida también prohíbe que empresas eléctricas públicas suministren energía a centros de datos controlados por “países extranjeros de preocupación”, incorporando un componente de seguridad nacional.
En la Cámara de Representantes se tramita la propuesta HB 1007, impulsada por el representante Griff Griffitts (R-Panama City Beach).
A diferencia del enfoque del Senado, la HB 1007 establece un marco más restrictivo para los llamados “hyperscale data centers”. Entre otras disposiciones, propone prohibir su ubicación a menos de cinco millas de viviendas o escuelas, crear una junta estatal especial para revisar proyectos y endurecer los requisitos de aquellos con permisos de uso de agua.
El debate genera divisiones dentro del liderazgo republicano estatal, teniendo en cuante que el presidente Donald J. Trump ha promovido la expansión de centros de datos como motor de la inteligencia artificial en EEUU, mientras que el gobernador Ron DeSantis respaldó previamente la ley para regular la inteligencia artificial conocida como “AI Bill of Rights” que incluyen protecciones al consumidor.
La SB 484 fue aprobada por el Senado de Florida, pero aún debe ser considerada y votada por la Cámara de Representantes, donde se tramita su contraparte, la HB 1007. Solo si ambas cámaras alcanzan un acuerdo en el texto final y el proyecto es firmado por el gobernador Ron DeSantis, la nueva regulación entraría en vigor el 1 de julio de 2026, fecha establecida en la propuesta. Hasta que no se complete ese proceso legislativo, la medida no tiene efecto legal.
Para comunidades de Florida, donde el crecimiento poblacional y empresarial ya presiona la infraestructura energética, la discusión no es menor. Legisladores sostienen que el objetivo es equilibrar desarrollo tecnológico con estabilidad en las tarifas eléctricas y protección de recursos hídricos.
El debate está servido. De un lado, organizaciones empresariales destacan el potencial de generación de empleos en construcción y tecnología, mientras que defensores del consumidor subrayan la necesidad de evitar que hogares y pequeñas empresas absorban costos asociados al auge de la inteligencia artificial.
El desenlace legislativo definirá cómo Florida enfrenta uno de los mayores dilemas de la nueva economía digital consistente en atraer inversión tecnológica sin trasladar el costo a la factura mensual de los residentes.
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