El gobernador de Florida, Ron DeSantis y el representante de Disney Robert Iger.
AFP
MIAMI.- El choque de demandas y contrademandas entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gigante del entretenimiento The Walt´s Diney´s Company continúa su escalada. Ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer. Al contrario, ripostan, emplazándose a duelo en nuevos escenarios y aspirando, hasta ahora infructuosamente, a alzarse con la victoria.
En dependencia de quien venza, podría poner patas arriba la relación histórica entre gobierno y empresa, donde el primero debe lograr un entorno estable que garantice el crecimiento de la segunda, y ésta respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
Para nadie es un secreto que el gobernador de Florida está librando una batalla ideológica contra lo que él considera la agenda WOKE. Es decir, la ideología que intenta cambiar radicalmente la conciencia social. Por ello impulsó leyes en contra de la difusión en el ámbito educativo de la teoría crítica de la raza, contra el activismo corporativo o el aborto, así como para proteger el derecho a los padres a regular la educación de sus hijos.
La disputa entre el gobernador y la multinacional del entretenimiento comenzó cuando el exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek, como parte del activismo corporativo, criticó públicamente la Ley del Derecho de los Padres en la Educación, uno de los pilares de la batalla ideológica de DeSantis.
La ley en cuestión prohíbe que se impartan clases de educación sexual e identidad de género a niños de kindergarten a tercer grado en las escuelas públicas de Florida.
Chapek, hablando en nombre de su compañía, sostuvo que se oponía a la norma, que trabajaría para derogarla y que revisaría las donaciones de Disney a los políticos de Florida. La peor amenaza posible al abanderado de la lucha contra el activismo corporativo.
Según la web opensecrets.org, en 2022, el 88,1% de las donaciones de Disney fueron dirigidas a candidatos demócratas y el 10,87% a los republicanos.
DeSantis, en la cima de su popularidad, no se quedó de brazos cruzados, mucho menos contando con el respaldo de una mayoría conservadora en el Congreso estatal en total sintonía con sus postulados ideológicos. Instó a la legislatura a limitar la autoridad de Disney en la administración del distrito especial Reedy Creek Improvement, en Orlando, donde se encuentran sus parques.
Así es como la mayoría conservadora de Tallahassee aprobó la ley HB9B, que autoriza al gobernador de Florida a nombrar a los cinco miembros de la Junta de Supervisión, el órgano político que ahora administra el distrito especial. Además, cambió el nombre a ese territorio por el de Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central.
Al referirse a su victoria legislativa contra el activismo corporativo - que aprovecha sus influencias para lanzar campañas en favor o en contra de alguna cuestión socialmente controvertida, DeSantis utilizó el eufemismo: “Hay un nuevo sheriff en el pueblo”.
Lo que el gobernador desconocía era que el anterior “sheriff” -la Junta elegida por Disney y supeditada a los intereses de la multinacional- había diluido la autoridad de la nueva Junta de Supervisión al cerrar un contrato de desarrollo a perpetuidad con Disney.
“Esos acuerdos colusorios y de auto negociación tienen como objetivo anular la legislación aprobada recientemente, socavar el proceso legislativo de Florida y desafiar la voluntad de los floridanos”, dijo DeSantis en una carta a la inspectora general en jefe de Florida, en la que solicitaba una revisión e investigación exhaustivas sobre el esfuerzo de la compañía “para eludir la autoridad del gobierno estatal”.
A partir de entonces, comenzaron las demandas y contra demandas. El gobernador instó al Congreso estatal a anular el contrato entre la última Junta y Disney. Mientras que el gigante del entretenimiento respondió con una demanda donde alega que el gobernador actuó violando la Primera Enmienda, cuando la empresa había manifestado su posición frente a una ley de Florida.
JC Plana, abogado y profesor adjunto de Derecho Electoral y especialista en regulación estatal, recordó que el Distrito Reedy Creek ha funcionado muy bien por más de medio siglo: “Hace 50 años, el gobierno de los condados de Osceola y Orange no contaban con los recursos para crear las infraestructuras que allí pretendía construir Disney. La compañía negoció las condiciones que les permitiera aportar los recursos necesarios, si le daban el control de Reedy Creek”.
En 1995, Walt Disney y sus socios comerciales compraron 27.000 acres de tierra en Florida Central, unas 40 millas cuadradas, por las que pagaron cinco millones de dólares de la época.
Cuando descubrieron que sus tierras abarcaban dos condados distintos, para evitar tener que tratar con dos gobiernos locales diferentes -Osceola y Orange- decidieron crear un distrito especial autorregulado donde poder llevar a cabo sus sueños, lejos de los trámites burocráticos.
Así surgió el distrito Reedy Creek Improvement. En su territorio se ubican cuatro parques temáticos de Disney, dos parques acuáticos y un complejo deportivo. Además, hay dos pequeñas urbanizaciones Bay Lake y Lake Buena Vista, con una población de 50 personas, todos empleados o representantes de Disney.
En efecto, el distrito Reedy Creek Improvement se creó en 1967, cuando se le otorgó a la compañía Disney todo el control regulatorio de ese territorio. Desde entonces, la multinacional se encarga de los servicios gubernamentales, como la protección contra incendios, los servicios de emergencia, agua, servicios públicos, alcantarillado e infraestructura. Tiene la capacidad de escribir códigos de construcción, vender bonos libres de impuestos, producir electricidad e incluso expropiar. Todo está a cargo de la Junta de Supervisión, nombrada por Disney, que técnicamente funciona como una democracia. El medio centenar de personas que reside en Reedy Creek participa en la vida política del distrito y ejerce su voto, por ejemplo, para la adquisición de bonos para el mejoramiento de los parques. Es la dictadura perfecta.
En la actualidad, el gigante del entretenimiento emplea a más de 75.000 trabajadores, sin contar los miles de empleos indirectos. Cada año, la cifra de visitantes a sus parques supera los 50 millones de personas, ocho de los cuales vienen procedentes de distintos rincones del mundo. Según la página de la propia empresa, Disney paga unos 1.146 millones de dólares en impuestos estatales y locales. “Son el mayor contribuyente individual en Florida”, señaló Plana.
El abogado JC Plana no cree que se haya actuado ilegalmente cuando la Junta de Reedy Creek firmó con Disney el Plan Maestro de Desarrollo que cuestiona DeSantis: “Sobre todo, porque este se había presentado en 2022”.
Según Plana, el gran problema que observa en esta controversia es que una Junta de un distrito recién nombrada no puede derogar un contrato firmado por los anteriores miembros de esa misma Junta. “El problema que tiene DeSantis es que, si gana en todo, eso pudiera ser completamente catastrófico para el desarrollo urbano en nuestro estado y para cualquier tipo de proyecto importante. Ninguna empresa va a querer venir aquí si vamos a tener ese precedente”, aseguró el letrado.
Según Plana, “los actos que está tratando de hacer DeSantis crean un precedente legal en nuestro estado que pudiera espantar a cualquier compañía y a cualquier inversionista que quiera traer a Florida un proyecto grande”.
En una reciente reunión anual de accionistas de la compañía, Bob Iger, el actual director general de Disney, al abordar el tema afirmó que le encanta estar en Florida: “Esto se refleja no solo en cuánto hemos invertido en los últimos 50 años, sino también en cuanto hemos devuelto en forma de empleos e impuestos”.
También sostuvo que “siempre habían respetado lo que el estado ha hecho por Disney”. Después subrayó que Disney había tomado una postura determinada sobre una legislación y, “si bien es posible que no haya manejado bien la posición que tomó, una empresa tiene derecho a la libertad de expresión al igual que los individuos”.
En este punto, Plana considera que al gobernador no le importa tanto lo que sucede en el territorio. “Él está detrás del contenido -ideológico- de sus productos de entretenimiento”.
De ser cierto, esta batalla está servida, porque el principal accionista de Disney es Vanguard Group que posee más del 7.4% de la compañía y entre los principales accionistas se encuentra Black Rock Fund, 6.6%, SSgA Fund 3.9%
Vanguard Group anuncia en su página web su posición corporativa cuando dice: “En 2022 formalizamos nuestro compromiso con la diversidad, equidad e inclusión DEI. Vanguard se convirtió en miembro fundador de la Global Parity Alliance del Foro Económico Mundial, un grupo intersectorial de empresas comprometidas con el avance de la DEI en el lugar del trabajo y más allá”. El activismo corporativo es una de las bestias negras de DeSantis, quien considera que, detrás de estos buenos propósitos, se oculta una agenda antidemocrática que trata de imponer sus postulados sin pasar por las urnas.
@menendezpryce
cmenendez@diariolasamericas.com
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