Florida: Luces y sombras de la ley de bonos estudiantiles

Según DeSantis, con la ley que entrará en vigor el 1 de julio más padres tendrán la oportunidad de recibir dinero por sus hijos -estudiantes- y con ese bono matricularse en la escuela que prefieran.

“La ley que hoy firmamos expande el poder de elección de cada estudiante en Florida, eliminando las restricciones de elegibilidad existentes hasta ahora y permitiendo que cualquier alumno residente en el Estado - desde Kindergarten hasta 12 grado- sea elegible para recibir estos bonos estudiantiles”, indicó el gobernador.

Escuela pública y privada compiten

Paul Renner, presidente de la Cámara de Representantes de Florida, uno de los grandes defensores de la iniciativa legal, indicó que con esta ley el Estado logra la mayor expansión de la libertad educativa en la historia del país.

Para explicar la magnitud de la ley utilizó como símil la letra de la mítica canción Hotel California, del grupo Eagles”: “La forma como estaba concebida la educación en Florida era similar a la canción Hotel California, tus hijos podían entrar a la escuela [pública] correspondiente al código postal, pero nunca podían abandonarla. No importaba si la escuela satisfacía o no sus necesidades. Sin embargo, poder elegir escuela significa que existe una puerta de salida. Si [las escuelas] hacen un buen trabajo muchos querrán entrar, de lo contrario, las personas utilizarán la puerta de salida”.

También señaló que la libertad de elegir un centro educativo estimula la innovación y la competición.

Efectivamente, la nueva ley establece una pugna entre centros públicos, privados y chárter por un pedazo más grande del mercado de los estudiantes. Incluso podrán participar los padres que decidan optar por la educación en el hogar, quienes también podrán beneficiarse de los bonos estudiantiles.

Renner resaltó que la libertad de elegir escuelas ya sea privada, pública o religiosa, significa que cada cual puede conservar sus valores y garantiza que su fe sea respetada.

En principio, con la nueva ley, cualquier estudiante insatisfecho de una escuela pública podría utilizar los bonos escolares -sufragados con el dinero del contribuyente- para matricular en escuelas privadas.

Katheleen Passidomo, presidenta del Senado de Florida, catalogó la ley de visionaria al “hacer realidad la elección universal para cada familia del estado”, además, destacó que “reduce la burocracia tradicional asociada a las escuelas públicas”.

“Habrá preferencias para las familias de bajos y medianos ingresos”, dijo DeSantis a los detractores de la ley- “Pero al final del día, creemos que el dinero debería seguir a los estudiantes y utilizarse en los programas que los padres consideren más apropiados para sus hijos”.

Opuestos

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una valoración sobre la nueva ley a Karla Fernández Matz, presidenta del sindicato de maestros de escuelas públicas de Miami-Dade, quien envió la siguiente declaración: “El gobernador Ron DeSantis acaba de firmar un proyecto de ley que afecta a escuelas públicas en Miami. Este proyecto de ley le ahorra dinero a familias adineradas que gastan decenas de miles de dólares al año en educación privada y ahora, podrán aprovecharse de esta nueva ley para subsidiar esa educación”.

Y añadió: “Lo que DeSantis no quiere que sepas es que el estado de Florida recibe la tercera suma más grande de fondos federales para la educación pública en la nación, pero ocupa el puesto 48 en inversión estatal por estudiante”.

Luego continuó: “Este proyecto de ley no hace nada para abordar nuestra crisis educativa actual. Lo peor de todo es que las escuelas privadas que participan en el programa pueden, usando TU dinero, discriminar abiertamente contra estudiantes, denegándoles la entrada a sus escuelas privadas basado en el idioma que habla, su origen étnico, su género, su religión y los ingresos familiares”.

Al final de la declaración sostuvo: “Todas las comunidades deberían estar indignadas por sus ataques a los niños, porque todos los niños sin importar su raza, nacionalidad o código postal merecen acceso a una educación pública de alta calidad”.

Por su parte el presidente de la Asociación de Educación de Florida (F.E.A.), Andrew Spar, emitió otra declaración en respuesta a la firma de la iniciativa legal HB 1: “El proyecto de ley de bonos universales firmado hoy por el gobernador DeSantis desviará miles de millones de dólares aportados por los contribuyentes para las escuelas públicas en las que casi el 90% de los padres de Florida confían para educar a sus hijos. Además, la nueva ley entregará ese dinero público a escuelas privadas administradas por corporaciones que no rinden cuentas”.

Asimismo, sostuvo: “Los floridanos promedio ayudarán a pagar a millonarios y multimillonarios para que envíen a sus hijos a escuelas privadas de las élites que seleccionan personalmente a sus estudiantes”.

“Una vez más, vemos al gobernador DeSantis poniendo sus ambiciones políticas por delante de los floridanos, incluidos nuestros estudiantes. Estamos profundamente preocupados de que los niños paguen el precio por la política del gobernador”, añadió.

Expansión del programa

El tema de los bonos no es nuevo. Hace más de dos décadas, el gobernador republicano Jeb Bush comenzó el programa para ayudar a los padres a pagar las escuelas privadas. A lo largo del tiempo se han aprobado varias leyes para expandir los programas existentes. El mismo DeSantis, hace dos años, firmó una ley que elevó el nivel de ingreso para poder beneficiarse de los bonos hasta el 375% del nivel federal de pobreza. Lo que ha permitido, como el propio gobernador reconoció, que 1,3 millones de niños en Florida asistan a escuelas elegidas por sus padres.

Universal, pero con prioridades

La piedra angular de la ley es que elimina los requisitos de elegibilidad existentes hasta la fecha. No obstante, incluye un sistema escalonado de prioridades para que los estudiantes puedan reciban los cupones. Los primeros serán los estudiantes procedentes de familias cuyos ingresos sean inferiores a 185% del nivel federal de pobreza. Por ejemplo, una familia de cuatro miembros cuyos ingresos anuales no superen los 51.000 dólares.

Luego vendrían quienes ingresen entre el 185 y el 400 % del nivel federal de pobreza. Continuando con el mismo ejemplo, un núcleo familiar de cuatro miembros que ingrese entre 51.000 hasta 111.000 dólares anuales.

Funcionamiento

Según la ley, se puede beneficiar del programa de bonos cualquier familia que elija una educación diferente a la pública. La familia recibirá un bono para matricular en escuelas privadas y religiosas, aprobadas por el Estado.

Para matricular en una escuela privada, el alumno debe aprobar el proceso de admisión del centro elegido y solicitar los bonos a las organizaciones que administran el programa: Step for Students y AAA Sholarship Foundation que, determinarán la elegibilidad del estudiante.

El dinero también puede solicitarse para cubrir tarifas y exámenes de algunos centros de educación postsecundaria.

8.000 dólares

La cuantía del bono lo determina la cantidad de dinero que el Distrito Escolar reciba en concepto de presupuesto por estudiante. En la actualidad, es de unos 8.700 dólares anuales.

Es bueno destacar que un bono por una cantidad de 8.700 dólares puede ser insuficiente para cubrir un año de estudio en una escuela privada promedio de Florida.

Según Thomas Kruczek, director de la secundaria Christopher Columbus, de Miami, donde DeSantis firmó el proyecto de ley, este año, la matrícula en ese centro católico fue de 15.400 dólares. Aunque, Kruczek reconoció que su escuela proporciona becas de matrículas a sus estudiantes.

Las familias que practiquen la educación en casa de sus hijos -homeschooling- también pueden beneficiarse de los bonos, siempre que cumplan con ciertos requisitos fijados por las organizaciones que administran el programa, como un plan anual de asistencia y de aprendizaje, entre otros.

Costo de la ley

El costo asociado al cumplimiento de la ley es otra de las preocupaciones existentes se contemplan varias cifras. Un análisis de la Cámara estatal sobre el proyecto estimó que podría costar más de 209 millones de dólares. Sin embargo, un estudio del Senado colocó la cifra en más de 646 millones. Por su parte, Florida Policy Institute calculó que el programa puede costar 4.000 millones de dólares, afirmó la agencia AP al abordar el tema.

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