MIAMI.- La Florida no es uno de los mejores estados del país para establecer un pleito judicial por accidente de trabajo, y muy pronto podría ser aún más difícil hacerlo si el Congreso estatal aprueba una revisión a la ley actual.
“Tratamos de reducir la presencia de los abogados en el proceso. Eso es todo”, declaró a la prensa el representante republicano por la localidad de Zephyrhills, Danny Burgess, quien preside la propuesta de modificación de la ley, bajo la denominación HB7085.
De hecho, asegura que ampliaría el período de tiempo en el que los empleados podrían recibir ciertos beneficios de compensación de 104 a 260 semanas, al mismo tiempo que también aumentaría el tiempo requerido, aunque aún sin especificar, para noticiar al cuerpo médico determinados requisitos a cumplir.
La proposición, si es aprobada, también revisaría las provisiones relacionadas con acuerdos de retención (retainer agreements) y la adjudicación de los honorarios del abogado.
Razones
El motivo del proyecto de ley, según explican los legisladores, es la reciente subida de las tarifas que un empleador debe pagar a la compañía de seguro y el pronóstico sobre otros aumentos que están por venir en el futuro cercano.
Incluso culpan de esta situación a la Corte Suprema de la Florida, como fue el caso de Castellanos vs. Next Door Company, por haber desestimado la implementación de cuotas específicas, cuando los trabajadores ganan los casos por negación de atención o pérdida de salario.
La campaña pro ley busca el apoyo de los legisladores indecisos y lanzan al público, incluso en la redes sociales, la pregunta Have You or Your Business Felt the Impact of the 14.5 Percent Increase in Workers’ Comp Rates?, o en español, ¿ha sido su negocio facturado 14,5% de aumento?, e insta a los empresarios afectados llamar a los representantes para pedirles el voto a favor de la propuesta que supuestamente controlaría los aumentos.
Este aumento de tarifas podría costar, según vaticinan quienes respaldan el cambio, como Property Casualty Insurers Association of America (PCI), más de 1.500 millones de dólares a la fuerza empresarial del estado, lo que equivaldría a la pérdida de empleos.
Oposición
Por otra parte, quienes se oponen a la propuesta de ley alegan que se trata de una campaña que pretende disminuir la protección del trabajador, a costa de hacer creer que tratan de combatir el alza de tarifas.
Por ejemplo, el representante demócrata de Fort Lauderdale, Evan Jenne, plantea que el proyecto de ley establece un “sistema desigual” en el que los trabajadores lesionados tendrán un límite en la cantidad que pueden pagar sus abogados, mientras “las empresas podrán pagar a sus abogados” lo necesario para ganar los casos.
Asimismo, quienes se oponen a esta variante anticipan que trabajan en una serie de propuestas, que si bien “no es el momento propicio” para someterlas al Congreso estatal, por no contar con el número de votos demócratas necesarios, “sí pavimentarían el camino” para aliviar el peso de la ley sobre los trabajadores que obliga a aceptar un médico determinado, la cantidad de honorarios que un abogado puede recibir, el tiempo a recibir compensación, pérdida de trabajo y difícil proceso para probar el estado de discapacidad.
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