MIAMI.- En días recientes, en los medios de Florida se habló mucho sobre el desalojo de la luchadora por la libertad de Cuba Ana Lázara Rodríguez, quien a la edad de 82 años era forzada a salir de la que fuera su casa por más de 20 años, víctima de lo que sus defensores consideran un fraude hipotecario.

Debido a la dimensión de su figura, el caso de Ana Lázara recibió gran cobertura mediática, a raíz de la cual, DIARIO LAS AMÉRICAS indagó sobre el alcance del llamado fraude hipotecario y cómo este fenómeno pudiera influir en una hipotética crisis de desahucios en el sur de la Florida.

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Por tal motivo, conversamos con Laura Wagner, directora ejecutiva de Floridians for Honest Lending, y Christofer Richmond, miembro de dicha organización sin ánimos de lucro, que lucha por los derechos de los propietarios en el sur de la Florida.

“El caso de Ana Lázara es solo uno de tantos ejemplos de préstamos predatorios”, sostuvo Wagner.

“Lo que hemos observado es que la industria de servicio hipotecario tiene grandes problemas y carece de la capacidad para tratar a prestatarios con problemas financieros”, aseguró.

Después explicó que se trata de “un sistema complicado de navegar, en el que difícilmente los prestatarios con problemas logran una indulgencia hipotecaria. Consume mucho tiempo, es sumamente estresante y financieramente pesado, ya que los afectados deben contratar a un abogado para este les represente”.

¿Fraude?

Richmond explicó que el fraude hipotecario que ocurre es muy particular. “Nosotros le llamamos robo-signing”, definió, que es una especie de firma de documentos sin verificación.

"Actualmente en EEUU casi todas las hipotecas se originan digitalmente. De la misma forma, muchos bancos comienzan la tramitación de miles de ejecuciones hipotecarias con certificaciones impropias de documentos firmados fraudulentamente por sus ejecutivos”.

“En nuestras investigaciones hemos encontrado, en años tan recientes como el 2020 y el 2019, que muchos de los expedientes de liquidación hipotecarias que se encuentran en las cortes de Florida están certificados inapropiadamente, a pesar de los 25.000 millones del acuerdo que Bank of America, Well Fargo y otros grandes bancos sostuvieron con el Departamento de Justicia a raíz de la crisis de 2008, en el que se comprometieron a dejar atrás esas prácticas ilegales”, recordó.

Por su parte, Wagner afirmó que “desgraciadamente hasta ahora, nada indica que las autoridades estén actuando para detener el robo-signing.

“Nuestra organización ha enviado cartas que documentan las certificaciones ilegales y los fraudes que se continúan aceptando hoy día en casos de ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta alguna, ni de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, (CFPB, por sus siglas en inglés), ni nos consta que ningún fiscal esté mirando dichos métodos prohibidos por la ley”, continuó.

A pesar de ser Floridians for Honest Lending una organización nueva, ha descubierto 369 certificaciones inapropiadas en el sur de Florida y la venta de más de 310 casas en subastas con endosos fraudulentos, 21 de ellas se vendieron durante la pandemia de coronavirus.

Situación en Florida

Según Wagner, no todas las hipotecas de Florida están cubiertas por regulaciones federales.

“El 20 % de las mismas se encuentran en portafolios privados. Es decir, fuera de todas esas regulaciones bancarias creadas para proteger al consumidor. En Florida existen más de 3.2 millones de hipotecas, “el 20% de ellas, unas 600.000, cuentan con una protección muy limitada”, apuntó.

Estado impasible

A Wagner le llama la atención la pasividad del Gobierno para tratar este problema. “Existe un fondo federal para la asistencia a los propietarios, que asignó $676 millones al estado de Florida. Un dinero que se supone sea para ayudar a los prestatarios a través del Departamento de Oportunidades Económicas, sin embargo, no se ha liberado”, argumentó.

“No sabemos cuándo este fondo estará disponible, como está sucediendo en otros estados desde hace meses. Paradójicamente, hay dinero para ayudar a las personas, y no se utiliza. Sin embargo, al vencer la moratoria hipotecaria, ninguna regulación impedirá a los servicios de hipotecarios que comiencen a presentar las ejecuciones ”, añadió.

Wagner considera que “liberar los fondos asignados probablemente es lo más importante que podemos hacer en los próximos 90 días. Es el único estímulo existente para, desde ahora hasta el fin de año, los prestatarios y los servicios hipotecarios se comuniquen y puedan llegar a una solución justa”.

Solución

“Las medidas reguladoras existentes son demasiados reactivas. Lo que da lugar a que carezcamos de leyes eficientes para ayudar proactivamente a las personas a retener sus casas. Algo que supuestamente debía estar solucionado con el acuerdo de los 25.000 millones de dólares de 2012.

“Es necesario que los legisladores estatales doten a los jueces de Florida con mejores leyes, algo que podría ser de vital ayuda a los consumidores”, apuntó Wagner.

La crisis que viene

Comenzamos hablando sobre el caso de Ana Lázara, “pero existen otros muchos”, indicó Richmond, “como el de Julie Nicolas, quien a pesar de llevar muchos años pagando su hipoteca con puntualidad, tras dos meses de impago por problemas con su empleo, ha tenido que lidiar con diferentes servicios de hipotecarios, quienes rehusaron comunicarse con ella para llegar a un acuerdo legítimo y optaron por la ejecución hipotecaria. Estos son algunos de los problemas que debe corregir la legislación”.

“Se avecina una nueva crisis de ejecuciones hipotecarias debido a los efectos económicos de la pandemia que alcanzará a miles de propietarios en Florida. Si no se controla a tiempo estas prácticas predatorias de la industria de servicios bancarios”, el daño podría tener un efecto devastador para montones de familias, concluyó Wagner.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce

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