Florida recibió una aprobación preliminar de las autoridades federales para mantener un programa de reembolso sanitario y autorizó fondos para esta iniciativa estatal por más mil millones de dólares, una notificación que desatascaría el proyecto de presupuesto local.
Los Centros para Medicare y Servicios de Medicaid (CSM, en inglés) remitieron una carta a las autoridades sanitarias estatales en la que informaron de la entrega de mil millones de dólares para el programa Fondo para Bajos Ingresos (LIP) durante el año fiscal 2015-2016, informaron hoy medios locales.
La misiva detalló que el estado recibiría además 600.000 dólares para el siguiente año fiscal, y, de esta manera, otorgarle un "término gradual" a este programa que se mantendría vigente hasta 2017.
El LIP, que estaba previsto dejará de operar en junio próximo, cuenta con un presupuesto anual de 2.200 millones de dólares que se reembolsan a los hospitales y centros médicos por el tratamiento de personas sin seguro médico o de muy bajos ingresos.
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Este anuncio podría contribuir a resolver el conflicto que se generó en la Legislatura estatal a raíz de una discrepancia entre sus dos cámaras sobre el presupuesto de Florida, en especial por una partida de 4.000 millones de dólares destinados a la expansión del Medicaid, y que llevó a que la Cámara de Representantes finalizase de manera abrupta su periodo de sesiones.
La falta de acuerdo sobre el Medicaid motivó que se programe un periodo especial de sesiones a partir del próximo 1 de junio.
La Cámara Baja y el gobernador estatal, Rick Scott, criticaban que la entrega de fondos federales estaban condicionados a la expansión del Medicaid en este estado, contemplado bajo la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA), una propuesta que sí tenía la venia del Senado de Florida.
Scott demandó incluso al presidente Barack Obama por, a su juicio, pretender cerrar el LIP para forzar a Florida a que se acoja a la ampliación del Medicaid, una acción "ilegal y una extralimitación flagrante del poder ejecutivo".
El gobernador pidió a diversas agencias estatales que estudiasen medidas alternativas ante un posible cierre de gobierno en caso de que persistiese el desacuerdo en torno al proyecto de presupuesto antes de que concluya el actual año fiscal, el próximo 30 de junio.
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