MIAMI.- Hay un enfrentamiento entre las organizaciones que demandaron ante las cortes el restablecimiento del derecho al voto para los ex convictos, y la administración del gobernador Rick Scott.
Los abogados que demandaron a la Florida quieren que el juez Mark Walker -quien determinó que es arbitrario e inconstitucional el sistema de la Florida para reestablecer los derechos civiles a quienes fueron condenados y cumplieron sus penas en prisión- les devuelva sus derecho al voto de manera automática a quienes hayan estado libres por lo menos durante cinco años.
Pero Scott opinó que el juez Walker debía abstenerse de ordenarle al estado tomar cualquier acción con respecto a los derechos civiles de los ex prisioneros que pagaron sus condenas.
John Tupps, vocero de Scott, precisó que “son los que fueron elegidos por el pueblo de la Florida, no los jueces, los que tienen la autoridad de determinar el proceso de clemencia para los criminales convictos. Eso está consagrado en la constitución de Florida, ha estado ahí por más de cien años y ejecutado por diversas administraciones estatales”, según lo informó a la agencia AP.
De acuerdo con la carta magna del Estado del Sol, la constitución prohíbe a los convictos ejercer su derecho al voto apenas salen de la cárcel. Por otra parte, el proceso de clemencia del estado, a cargo del gobernador y tres miembros de su gabinete, puede reestablecer el derecho al voto, aunque el gobernador puede de manera unilateral vetar cualquier pedido de restablecimiento de ese derecho ciudadano fundamental.
Walker en su fallo no cuestionó la prohibición constitucional, pero sí advirtió que el proceso de devolverles los derechos civiles a los ex convictos no puede ser arbitrario ni movido por política partidista.
La fiscal general de la Florida, Pam Bondi, terció en la discusión y dijo que Walker no tiene autoridad para ordenar una solución específica a ese proceso de clemencia. De acuerdo con los abogados del gobernador, el juez debe permitir que los funcionarios estatales replanteen el proceso actual de restablecimiento de derechos civiles.
Por ahora, hay ya la autorización de que en la boleta electoral de noviembre de 2018 se incluya una enmienda para reformar la constitución y permitir que sea reestablecido de manera automática los derechos civiles de aquellos que cumplieron su pena, siempre y cuando no hayan sido condenados por delitos violentos o sexuales.
Si el 60% de los votantes aprueban esa enmienda, la mayoría de los ex convictos recuperaran su derecho al voto.
CON INFORMACIÓN DE AP.
