
Presencia policial permanente, cámaras de vigilancias, prohibir el alquiler por horas, prohibir alquiler a menores y solicitar identificación a inquilinos; con estas medidas el Concejo de Hialeah pretende luchar contra el tráfico humano y la prostitución en los moteles de la ciudad.
La iniciativa legal, discutida durante la reunión ordinaria del Concejo este martes 11 de mayo, pretende modificar el capítulo 18 del código de ordenanzas de la Ciudad, y crear una nueva sección bajo el nombre de Alquiler de Hoteles y Moteles que prohiba el alquiler por horas, los el servicio a menores y exija identificación a los inquilinos. Además, busca derogar todas las ordenanzas o partes de las mismas que entren en conflicto con la pretendida normativa. También crearía sanciones por violación de la norma.
Los miembros del Concejo acordaron, en votación 4 a 2, posponer el debate de aprobación de la norma y así otorgar más tiempo a las partes para preparar su argumentario sobre la iniciativa.
“El hecho que se haya pospuesto la discusión demuestra que vivimos en un país democrático”, sostuvo Jesús Tundidor, presidente del Concejo y autor de la propuesta legislativa.
“Lo que hizo el Concejo fue añadirle más regulaciones a la ordenanza original. Con estos 30 días, queremos asegurarnos que tenemos la capacidad de hacer cumplir la normativa propuesta y pasar una ordenanza que tenga un impacto real en el control del delito”.
“Es por ello, que pedimos imponer una tarifa adicional a los moteles de la ciudad. Con esos ingresos adicionales, pretendemos contratar a dos policías para que se dediquen solamente a controlar estos centros. Así tendremos presencia policial en esas instalaciones 24 horas al día”.
Según Tundidor, la experiencia indica que cuando hay presencia de agentes en los lugares disminuye la actividad delictiva.
El político propuso que se obligue por ley a los moteles tener cámaras de vigilancia, “con unos requerimientos técnicos específicos”, que permitan el control de los clientes. “Muchos de estos lugares carecen de cámaras, o tiene algunas que no sirven o son de mala calidad”.
Tundidor, tras reconocer su amistad con el concejal Oscar de la Rosa, consideró que este no estuvo a la altura de las circunstancias, “al decir en la reunión que nos habíamos vendido a los moteles, nos enseñó su inmadurez”.
“Hay personas que les gusta hacer las cosas para salir en las noticias. La fuerte presencia de los medios en la reunión era parte de su espectáculo. Sin embargo, al ver que el Concejo quería seguir trabajando en la normativa, se molestó”.
Según el presidente del Concejo, “para lograr una ley justa y efectiva debe haber discusión entre todas las partes implicadas, incluida la industria”.
Tundidor indicó que no era suficiente con prohibir la renta por horas, “la única manera de controlar el delito es asegurar que tenemos presencia policial. Debemos ser enérgicos con los negocios que no colaboran en la solución de estos problemas. Incluso, cerrarlos. Ya que tenemos el poder para hacerlo.”
Sin embargo, el concejal De la Rosa considera que “los intereses especiales ganaron. El dinero sucio de la industria de los hoteles triunfó en Hialeah”.
“Ningún residente de la ciudad se opuso a la ordenanza, solo los cabilderos de los hoteles se manifestaron en contra de la iniciativa”, argumentó.
“Víctimas y sobrevivientes del tráfico humano dieron sus testimonio en la reunión. Representantes de organizaciones que luchan contra el tráfico de personas contaron su experiencia en los hoteles de la ciudad y varios vecinos del área expusieron cómo la actividad delictiva que ocurre en estos lugares les afecta en su vida diaria. Todos ellos estaban en favor de la ordenanza”, insistió.
De la Rosa percibe la normativa pospuesta como el primer paso para combatir el crimen que tiene lugar en esos hoteles.
“Aprobar la ordenanza hoy podría significar salvar la vida de alguna persona. La policía demostró que hay casos activos de prostitución en esos hoteles. Esperar un día más, es poner en riesgo la vida de las víctimas de tráfico humano”.
Según de la Rosa, “los hoteles solicitaron más tiempo para negociar con la Ciudad porque ven que estamos actuando. Pero, por qué no lo hicieron durante los últimos diez años. Por eso, voté en contra de darles 30 días más”.
Durante la reunión el concejal Paul Hernández indagó con la abogada de la ciudad, Lorena Bravo, si el Concejo tenía la autoridad para cerrar los hoteles donde ocurran delitos tan graves como la prostitución y el tráfico de personas.
“Creo que podríamos revocarles las licencias a los hoteles donde ocurran este tipo de actividades criminales”, dijo Hernández.
Por su parte, Melisa Tápanes, que participó en la reunión representando a la industria de los hoteles, pidió que el debate se pospusiera 60 días e indicó que no veía relación directa entre la prevención del crimen y el alquiler por horas. Además, consideró que la propuesta discutida podría tener alguna fricción con las leyes locales y la propia Constitución.
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@menendezpryce