MIAMI.- “Hay mucha gente de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queers, es decir, aquellos que aún están explorando su identidad sexual y de género) que sufre en silencio”, afirmó este lunes la fiscal estatal del condado Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, durante la presentación ante los medios de un proyecto que busca crear conciencia y darle visibilidad a ese grupo social para identificar víctimas y victimarios de los llamados “crímenes de odio”.

La fiscal estuvo acompañada por el subdirector de la policía del Condado Miami-Dade, Freddy Ramírez; el jefe de operaciones de la Policía en el sur del Condado, Ariel Artime; el fiscal de la unidad de Tráfico Humano y de “crímenes de odio”, Luis Caso; el profesor asociado de Justicia Criminal de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Besiki Kutateladze, y el subdirector de la fundación SAVE, Justin Klecha.

Con un presupuesto de 500.000 dólares aportados por el Departamento de Justicia, la sociedad entre la investigación académica de FIU, la pesquisa legal y criminal de la fiscalía, la participación de la Policía condal y esa comunidad representada por la fundación SAVE, quiere romper las barreras de silencio y miedo dentro de una población que por estar en Miami, es de mayoría inmigrante y latina.

Por lo tanto, según Fernández Rundle, “reportar esos crímenes significa un desafío legal y cultural. Estamos unidos para decir que aceptamos ese reto, es decir, entender la demografía, las condiciones sociales y económicas de dónde provienen”.

Desde el punto de vista periodístico, son hechos que muy pocas veces salen en las noticias, ya sea por internet, medios electrónicos o escritos. “Dentro de la comunidad gay se conocen muchos incidentes, pero por una razón u otra no se reportan”, precisó Caso.

El miedo

Un elemento adicional al miedo por el prejuicio cultural es el miedo real y papable a la deportación. Ramírez dejó en claro que sus oficiales buscan colaborar, prevenir y llevar a la justicia a quienes ataquen con violencia a la comunidad LGBTQ. Por lo tanto la comunidad podrá tener la confianza de que lo que le interesará a un agente es el delito cometido y la víctima, sin importar su estatus migratorio. “Nosotros no somos agentes de inmigración”, enfatizó.

Según Kutateladze “que alguien de la comunidad reporte un acto de violencia es difícil, pero lo es más cuando sucede dentro de la misma familia de la persona afectada, porque no va a tener con quién compartir su situación y va a tomar una conducta autodestructiva, sin el apoyo de la comunidad”.

Importancia

La fiscal destacó que la tarea que arrancará en enero de 2018 y durará dos años, no sólo será importante para el condado sino para el resto del país, donde no hay un proyecto como éste.

También anunció que la dependencia a su cargo aportará a FIU casos documentados de ataque contra esa comunidad para analizar el contexto histórico.

Por el momento la información que se conoce es anecdótica, no hay un análisis sistemático del fenómeno de la discriminación violenta contra esa población, según lo indicó el profesor Kutateladze. “Toda esa información se traducirá en políticas y recomendaciones para tratar este tema”, puntualizó.

Por otra parte, el académico de FIU anunció que en su trabajo de campo van a entrevistar a cerca de 400 miembros de la comunidad LGBTQ, “sus experiencias con la violencia física y psicológica, sus vivencia tratando de reportar esos hechos”. La idea, por lo tanto, es tratar de aproximarse el mayor número de sujetos de ese grupo de población pero esa muestra amplia será escogida al azar, durante 16 meses, a través de entrevistas estructuradas. Tratarán de ver la situación de los últimos cinco años.

Al mismo tiempo, los miembros de FIU que participan en este programa también entrevistarán fiscales, policías y detectives para que cuenten sus experiencias con esa comunidad.

Al respecto, las autoridades judiciales y de policía (tanto los líderes como los oficiales e investigadores) podrían también tener prejuicios a la hora de comunicarse con esa comunidad.

En ese sentido Fernández Rundle reseñó el caso de un policía que fue víctima, precisamente, de la intolerancia contra la comunidad LGBTQ.

Prevención

Es de destacar la participación activa de la fundación SAVE, un grupo de defensa de la comunidad LGBTQ. Esta organización no gubernamental será el punto de enlace, un elemento crítico del proyecto.

La misión fundamental, entonces, es entrar en contacto con ese grupo, ganarse su confianza. Se trata por lo tanto de sacar de las sombras a quienes han sufrido desmanes por su condición u orientación sexual, y en muchas veces han preferido guardar silencio.

De acuerdo con Kutateladze, lo que se desarrollará en Miami-Dade podría ser un modelo para el resto del país. “Vamos a tener un gran conocimiento de la comunidad. Tal vez lo que haremos no será perfecto pero sí es lo correcto”, complementó.

Caso señaló que la agresión psicológica, el acoso permanente, no se puede detectar como un crimen. “Lo que queremos es tener información de esas situaciones antes de que se convierta en delito. Hay que distinguir entre un delito basado en el prejuicio y un incidente que no llega a ser una violación de la ley”.

En este último caso, esa situación nunca llega a los fiscales, aunque no por ello deja de existir. “Lo que queremos, en últimas, es prevenir. Tanto a las víctimas como a los victimarios les llegará un mensaje que en sí mismo puede ser un elemento disuasivo”, recalcó Kutateladze.

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Cree que el reconteo de votos en Florida despejará las dudas sobre el ganador en el senado y la gobernación?

Las Más Leídas