Alberto Carvalho, superintendente del distrito escolar de Los Ángeles, California. FOTO ARCHIVO
ÁLVARO MATA ARCHIVO DLA MIAMI.- La Inspector General de Miami-Dade notificó a la Junta Escolar del condado que ha abierto una investigación formal sobre la donación de $1.5 millones que la compañía K12 Inc., dueña de la fallida plataforma My School Online (MSO), realizó a Foundation for New Eductation Iniciatives, que preside el superintendente condal de escuelas Alberto Carvalho.
De hecho, la compañía K12 fue contratada por el Distrito Escolar, sin que se realizara un proceso de licitación ante la Junta Escolar, por $15.3 millones para proveer la plataforma de enseñanza virtual durante el presente curso escolar, forzado efectuarse a distancia por la pandemia de COVID.-19.
Dicho contrato no fue presentado a licitación, ante la Junta Escolar, porque fue concebido a través de la ley federal de emergencias Care Act por el coronavirus.
En otras palabras, la contratación de los servicios de K12, que no ha sido formalmente firmada aún, sería pagada por el Gobierno federal, si es que finalmente se llega al acuerdo de pago.
La Junta Escolar, tras escuchar numerosas críticas de profesores y padres sobre el desastroso funcionamiento de la plataforma MSO y los ataques cibernéticos que sufrió, resolvió suspenderlo.
“Acogemos con beneplácito la revisión de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) de una contribución en beneficio directo y exclusivo de los maestros, cuyo arduo trabajo y dedicación durante estos tiempos difíciles no pueden ser ignorados. Tenemos plena confianza en la objetividad de OIG y cooperaremos totalmente en este asunto”, señaló en un comunicado Ann de las Pozas, directora ejecutiva de la fundación que preside Carvalho.
El objetivo fundacional de esta organización es apoyar iniciativas de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade.
Por ejemplo, según la compañía K12 y Carvalho, la donación está destinada a dar a maestros una tarjeta de regalo por $100 como incentivo, por haber programado sus clases a distancia antes de la medianoche del 31 de agosto.
Por otra parte, la OIG tiene la tarea de detectar, investigar y prevenir el fraude, el despilfarro, la mala administración, la mala conducta y el abuso de poder a través de la supervisión independiente de asuntos en el condado con la intención de buscar soluciones adecuadas para recuperar dinero público.
En este caso, no hay dinero público por recuperar, pero, según ha trascendido, el incentivo no ha sido pagado.
El pasado 10 de septiembre, el propio superintendente reconoció ante la Junta Escolar que K12 financiaría un reconocimiento equivalente a $100 por maestro por lo que había depositado 1.57 millones de dólares en la cuenta de la fundación. Pero insistió que “el dinero otorgado es totalmente legal”.
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@menendezpryce
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