MIAMI.- Un juez federal rechazó la solicitud de Florida de bloquear un requisito de La Casa Blanca de que personal de hospitales, hogares de ancianos y otros proveedores de atención médica se vacunen contra COVID-19.

El juez federal M. Casey Rodgers emitió el fallo en respuesta a la solicitud planteada por la procuradora general de Florida, Ashley Moody, contra la orden federal que entra en vigor el 6 de diciembre, pero el veredicto no pone fin a la demanda.

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La reclamación de Moody's alega, en parte, que la agencia federal Centers for Medicare & Medicaid Services se extralimitó en su autoridad legal al emitir el requisito y no siguió los procedimientos adecuados, como consultar con los estados y notificar.

Además, la demanda sostiene que el requisito es "arbitrario y caprichoso".

De hecho, una demanda similar está avalada por 10 estados, incluyendo Florida, ante un tribunal federal de Missouri. Ese caso sigue pendiente.

El juez, con sede en Pensacola, alegó que Florida no ha documentado un "daño irreparable" para justificar una orden judicial u orden de restricción temporal. En parte, el estado sostuvo que la regla afectaría las instalaciones administradas por el estado, como los hogares de ancianos para veteranos y agravaría la escasez de personal de atención médica.

“Al revisar la solicitud de Florida, el tribunal no encuentra una prueba adecuada de que ocurrirá una lesión irreparable en ausencia de una orden de restricción temporal o una orden judicial preliminar antes del 6 de diciembre de 2021”, señaló el magistrado.

“En particular, las declaraciones juradas expresan opiniones de jefes de agencias que 'estiman' que 'pueden' perder un cierto porcentaje o una cantidad de empleados, o especular sobre las consecuencias que sufrirán 'si se produjeran renuncias generalizadas'. las opiniones, en ausencia de pruebas fácticas que las respalden, siguen siendo especulativas y pueden descartarse como concluyentes", argumentó.

La demanda se produjo horas después de que Florida adoptara la ley Keep Florida Free, en sesión extraordinaria, que regula la orden federal de vacunación para empleados de empresas privadas.

Básicamente, la nueva ley floridana “protegería a trabajadores de la empresa privada de la decisión de no vacunarse, ya sea por prescripción médica, por motivos religiosos o si deciden someterse a una prueba contra el COVID de manera regular”.

De esta manera, empleadores con menos de 100 empleados enfrentarían 10.000 dólares por infracción o la opción de reintegrar al empleado. Los empleadores con más de 100 empleados enfrentarían multas de 50.000 dólares.

No obstante, la regla federal indica que los trabajadores de la salud deben recibir al menos una dosis de la vacuna COVID-19 antes del 6 de diciembre y estar completamente vacunados antes del 4 de enero, con excepciones limitadas por razones médicas y religiosas.

Aparecen en esta nota:

 

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