La vivienda, un desafío para personas con bajos ingresos

De hecho, el Comité Senatorial de Asuntos Comunitarios analiza el proyecto de ley el 8 de febrero, que está patrocinado por la presidenta de la comisión, la senadora republicana Alexis Calatayud, de Miami-Dade.

Este asunto, según manifestó la presidenta del Senado estatal, Kathleen Passidomo, republicana de Naples, es prioridad para la legislatura 2023.

Durante una conferencia de prensa, Passidomo y Calatayud explicaron ciertos pormenores de la propuesta de ley, como incentivos para edificar viviendas asequibles, así como regulaciones que fomenten el desarrollo de uso mixto en áreas comerciales y evitar los controles de alquiler por parte de gobiernos locales.

“La vivienda se estereotipa como un desafío para quienes viven con los niveles de ingresos más bajos, cuando en realidad, encontrar viviendas asequibles cerca de los trabajos es un desafío que afecta a la fuerza laboral en general y también a los mayores”, estableció Passidomo.

“El plan que presentamos”, señaló, “es el producto de mis conversaciones con las partes interesadas durante varios años”.

Luego agregó: “Con sus consejos y aportes, estamos abordando este complejo tema desde todos los ángulos, desde incentivar la inversión del sector privado hasta aumentar la financiación estatal y reducir con sentido común las regulaciones. Este plan mejorará las opciones tanto para la propiedad de vivienda como para unidades de alquiler asequibles en comunidades de todo nuestro estado”.

Por otra parte, la senadora Calatayud, cuya presencia en esta propuesta denota la seriedad de la crisis de la vivienda en Miami-Dade, aseguró que el plan “brindará el alivio que tanto necesitan las familias de Florida y promoverá el crecimiento responsable en todo el estado”.

Calatayud defendió la propuesta que presenta por contar con “un equilibrio increíble”.

“Nos enfocamos en alquileres asequibles (no más del 30 % de los ingresos), para que los floridanos puedan ahorrar y construir el resto de su vida. También apoyamos a los compradores de vivienda por primera vez en esta legislación”, anticipó.

Asimismo, la nueva medida estatal promulgaría incentivos para la innovación y la renovación de viviendas antiguas, con fondos adicionales asignados, además de la subvención SAIL, para que se utilicen en proyectos innovadores que se centren en el terreno urbano de uso mixto o construcciones cerca de instalaciones militares.

En Miami-Dade, donde la vivienda alquilada reportó un aumento de precio superior al 30% en los últimos meses, el Gobierno condal declaró “crisis de viviendas asequibles” para liberar ciertas restricciones burocráticas que podrían agilizar el proceso de construcción.

La alcaldesa Daniella Levine Cava anunció la implementación del programa Building Blocks, que eventualmente procuraría soluciones, en conjunto con el sector privado de la construcción, para proveer viviendas asequibles. Pero no es suficiente.

Opiniones

El sector de bienes raíces mira con buenos ojos la proposición de ley.

“Es una propuesta legislativa transformadora”, señaló el vicepresidente de políticas públicas de Florida Realtors, Andy Gonzalez. “No solo asigna cientos de millones de dólares a los programas de vivienda asequible del estado, sino que lo hace de manera equilibrada, dando prioridad tanto a la propiedad de vivienda como a las oportunidades de alquiler por igual”.

González destacó algunos aspectos, como 100 millones de dólares adicionales para el Programa de vivienda Hometown Heroes (HHHP), al mismo tiempo que eliminaría los requisitos específicos de la ocupación y aumentaría el monto máximo del préstamo en 10.000 dólares.

Respecto a los alquileres, la propuesta de ley ofrece una inversión de 1.500 millones de dólares a 10 años en el programa de Préstamo de incentivo para apartamentos estatales (SAIL), a través de una nueva asignación de ingresos generales recurrentes de hasta 150 millones de dólares al año.

Para 2023, el proyecto de ley asignaría 252 millones de dólares al programa State Housing Initiatives Partnership (SHIP), así como 259 millones a SAIL y 100 millones a HHHP, para un financiamiento total de viviendas asequibles de más de 600 millones este año.

No está claro aún de donde procederán los fondos, pero la buena salud financiera de las arcas del estado, además de las contribuciones del Gobierno federal tras el paso de la pandemia de coronavirus anticipan el flujo de capitales.

Control de alquileres

En Florida el control de alquileres está limitado a determinadas circunstancias, pero aun así varios gobiernos locales dan pasos para crear ordenanzas que regulen los precios.

“El control de alquileres provoca inestabilidad en los mercados inmobiliarios, lo que ahuyenta a los urbanizadores y reduce la cantidad de inventario de alquiler disponible en un área”, señaló González.

Por ello, este proyecto de ley apuesta por eliminar la posibilidad de promulgar controles de alquileres que, según los promotores de la prohibición, “irían en contra de los esfuerzos del gobierno estatal y local para aumentar el inventario de viviendas asequibles”.

Además, según la propuesta, se fomentaría el uso de propiedad pública para viviendas asequibles, como terrenos disponibles, lo que Miami-Dade y otros condados han tratado de hacer.

De cualquier manera, el proyecto de ley requiere que los gobiernos locales publiquen el inventario de propiedades que pueden ser adecuadas para el desarrollo de viviendas asequibles.

Además, la medida, si es aprobada, establece prácticas a tener en cuenta al usar dicha propiedad pública y exige que la asistencia técnica que se brinda actualmente a los gobiernos locales incluya información sobre cómo facilitar el uso de la propiedad pública para estos fines.

Uno de los puntos más destacados es la aceleración de permisos de construcción, que tanto malestar ocasiona entre los urbanizadores. El proyecto de ley requiere que los gobiernos locales describan los procedimientos para acelerar los permisos y las órdenes de construcción para proyectos de viviendas asequibles.