La Comisión no alcanza los votos para cambiar la medida sobre el antiguo incinerador; el debate deja en evidencia el desacuerdo sobre las negociaciones con Doral y el ritmo de la alcaldía
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CESAR MENENDEZ DLA
MIAMI.- La Comisión de Miami-Dade dejó en pie el veto de la alcaldesa Daniella Levine Cava a la resolución que suspendía parte del gasto para cerrar y demoler el antiguo incinerador de Doral hasta que la Ciudad acordara contribuir a los costos de reubicar la nueva planta.
En la reunión de este martes 20 de octubre, la comisionada Raquel Regalado no logró que la Comisión reconsiderara y modificara la resolución aprobada el 6 de octubre, que suspendía ciertos gastos para cerrar y demoler la antigua incineradora de Doral. La moción obtuvo dos votos a favor y siete en contra. Después, su propuesta para anular el veto de la alcaldesa no recibió un segundo apoyo y no llegó a votarse.
La disputa expuso una diferencia de fondo entre la alcaldesa y varios comisionados: si detener ciertos gastos aumentaría la presión para negociar con Doral o, como sostiene Levine Cava, encarecería y complicaría las labores obligatorias en las instalaciones.
La resolución R-793-26, presentada por Regalado, ordenaba detener los gastos presupuestados para el cierre y la demolición del centro de recuperación de residuos, salvo los necesarios para proteger la seguridad pública y el lugar. La pausa se mantendría hasta resolver las negociaciones con Doral sobre su contribución a los costos adicionales de trasladar y reconstruir la planta de conversión de residuos en energía fuera de los límites de la ciudad.
La Comisión aprobó la medida el 6 de octubre por nueve votos a favor y uno en contra. El comisionado Juan Carlos Bermúdez, representante del distrito de Doral, votó en contra. Anthony Rodríguez, René García y Natalie Milian Orbis no votaron.
En su mensaje de veto, Levine Cava sostuvo que la resolución limitaba demasiado el gasto destinado al cierre y la demolición de la antigua incineradora. Según la alcaldesa, la restricción podía impedir que el condado atendiera las condiciones del sitio y cumplir los requisitos regulatorios, además de prolongar el mantenimiento de una instalación fuera de servicio, que cuesta unos 60.000 dólares al mes. Por ello, defendió que la administración pudiera continuar el proceso de cierre, demolición y recuperación del lugar.
También señaló que el Condado debe cumplir órdenes de demolición de la Junta de Estructuras Inseguras y requisitos de supervisión del Departamento de Protección Ambiental de Florida. El cierre, la demolición y la recuperación ambiental de una antigua instalación de residuos, explicó, exigen permisos, aprobaciones y trabajos sujetos a plazos regulatorios. Esas tareas requieren fondos que ya estaban incluidos en el presupuesto.
La alcaldesa añadió que el Condado no se había demorado en negociar porque la directriz original vinculaba el plazo para alcanzar un acuerdo con la selección de un nuevo sitio, proceso que aún no se ha completado. Según explicó, una directriz posterior estableció un plazo en diciembre de 2026 y su administración ya había contactado a Doral para programar una reunión.
Levine Cava afirmó que ejerce el veto con cautela y que solo lo había utilizado cinco veces en sus seis años como alcaldesa. En esta ocasión, pidió a la Comisión que mantuviera su decisión.
Regalado respondió que la alcaldía había tenido varias oportunidades para informar sobre las negociaciones y plantear objeciones a la resolución. Aseguró que el asunto se había discutido en comités y reuniones presupuestarias, pero que la administración no había enviado una carta a Doral para comunicarle las instrucciones de la Comisión.
La comisionada del Distrito 7 defendió la medida propuesta por ella al decir que no impedía mantener el sitio seguro ni cumplir los requisitos regulatorios, pues contemplaba una excepción para los gastos necesarios por razones de seguridad. También citó informes del propio Condado sobre los permisos y los plazos de demolición. A su entender, detener el gasto podía preservar una ventaja en la negociación. Doral quiere que la planta desaparezca, y si el Condado la demuele antes de acordar una contribución, la Ciudad obtendría ese resultado sin pagar.
“Un plazo es una herramienta de negociación”, argumentó Regalado. Dijo que los usuarios que pagan las tarifas de residuos sólidos terminan asumiendo el costo de la demora y reprochó que la administración hubiera gastado más de 100.000 dólares en enviar un aviso sobre un asunto que, según ella, ni siquiera estaba en la agenda, mientras aún no había notificado a Doral sobre las decisiones del pleno.
La comisionada dijo estar dispuesta a modificar la resolución, precisar qué gastos podían continuar o designar a otro comisionado para ayudar en las negociaciones. Su frustración, explicó, no se limitaba al veto, sino que consideraba que la administración tampoco había actuado con suficiente rapidez bajo las instrucciones anteriores.
Regalado describió la relación entre la alcaldía y la Comisión como un uso de las decisiones del pleno “como espada y escudo”. Afirmó que, “cuando la administración no actúa, dice que espera instrucciones; pero cuando la Comisión las da, las califica de intervención excesiva o de falta de claridad”.
También señaló una contradicción entre el mensaje escrito del veto y lo que la alcaldesa y sus representantes dijeron durante la reunión. Según Regalado, el documento expresaba desacuerdo con las directrices de la Comisión sobre Doral, aunque en la sesión la administración aseguró que negociaría bajo la instrucción más reciente. La comisionada advirtió que, a su juicio, ese desacuerdo podía limitar la disposición de la alcaldía a buscar un acuerdo.
Antes de considerar el veto, Regalado propuso reconsiderar la resolución propuesta por ella para introducir cambios. La moción fracasó por dos votos a favor y siete en contra. Luego pidió anular el veto, pero nadie secundó la propuesta, que murió sin llegar a una votación de la Comisión.
El comisionado Bermúdez, quien había votado contra la resolución original, dijo que apoyaba el veto de la alcaldesa. Sostuvo que mantener el gasto no impedía que la alcaldesa y el vicealcalde hablaran con Doral. Para él, ambas cosas podían avanzar al mismo tiempo.
Por su parte, la comisionada Danielle Cohen Higgins pidió aclarar qué instrucción estaba siguiendo la administración. Si una resolución de 2023 que vinculaba la contribución de Doral con la selección de un nuevo sitio o la directriz presupuestaria más reciente, con un plazo en diciembre. El vicealcalde condal Roy Coley, respondió que el condado trabajaba bajo las instrucciones más recientes y advirtió que la limpieza del lugar no eliminaba la posibilidad de reconsiderar su uso. Indicó que la alcaldía esperaba reunirse con representantes y abogados de Doral y ofrecer una actualización en enero.
El comisionado Keon Hardemon preguntó qué había aprendido la Comisión tras recibir el veto y qué podía hacer la alcaldía para que los miembros que respaldaron la resolución sintieran que habían sido escuchados. Levine Cava respondió que la lección era “·consultar con la administración antes de aprobar directrices, para conocer sus razones”.
Sin embargo, Oliver G. Gilbert III, quien fungía de presidente de la Comisión, ofreció otra lectura. Dijo que el pleno estaba insatisfecho con el ritmo de las gestiones y esperaba que la administración avanzara antes de llegar al plazo establecido. Aclaró que no apoyó anular el veto por respeto al proceso, pero insistió en que la alcaldía debía tomar nota del descontento en la Comisión.
El antiguo incinerador de Doral se incendió el 12 de febrero de 2023. Mientras el Condado busca una ubicación para una nueva planta fuera de Doral y Medley, los residuos se trasladan por ferrocarril a vertederos fuera de Miami-Dade. La construcción de la nueva instalación se estima en más de 3.000 millones de dólares. En medio de ese proceso, el desacuerdo sobre cuánto debe aportar Doral y cuándo debe demolerse la planta anterior seguirá bajo escrutinio de la Comisión.
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