CARACAS.- Entre lujos, eventos deportivos y fotos de alto perfil, el nombre de Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y hombre de absoluta confianza de Delcy Rodríguez, suele moverse en las esferas más exclusivas.
Con firmas opacas como Panglobal Energy SMC LTD., Ripple Oil Trading LTD. y Hong Xing Energy LTD., la red ligada a Giménez conseguía asignaciones directas de petróleo con rebajas de hasta un 40% respecto a los precios del mercado internacional
CARACAS.- Entre lujos, eventos deportivos y fotos de alto perfil, el nombre de Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y hombre de absoluta confianza de Delcy Rodríguez, suele moverse en las esferas más exclusivas.
Sin embargo, detrás de la fachada ejecutiva se esconde una trama financiera mucho menos pública: el manejo de una red de empresas de maletín que le ha permitido mover cargamentos enteros de crudo venezolano, acumular descuentos desproporcionados y dejar facturas pendientes por más de 1.560 millones de dólares con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Así lo revela una detallada investigación periodística del portal especializado Cuentas Claras Digital, que le sigue la pista a este entramado corporativo levantado en jurisdicciones tan lejanas como Uganda y China.
Con firmas opacas como Panglobal Energy SMC LTD., Ripple Oil Trading LTD. y Hong Xing Energy LTD., la red ligada a Giménez conseguía asignaciones directas de petróleo con rebajas de hasta un 40% respecto a los precios del mercado internacional, un privilegio reservado para un reducido grupo de operadores apadrinados por la cúpula del régimen.
El truco no era muy complejo, pero sí altamente rentable: las empresas intermediarias recibían los tanqueros de la denominada "flota oscura", vendían el crudo en mercados internacionales y se quedaban con la tajada. Mientras el dinero en efectivo fluía hacia cuentas opacas, las facturas emitidas por la estatal petrolera pasaban al baúl de las deudas incobrables sin que nadie exigiera cartas de crédito ni garantías bancarias.
Todo esto ocurrió bajo el amparo y la discrecionalidad de la llamada "Ley Antibloqueo", la herramienta jurídica que utiliza el oficialismo para saltarse controles fiscales y mantener sus operaciones en la penumbra.
A pesar de los sonados escándalos de corrupción en la industria y de las promesas de limpieza institucional dentro de la compañía estatal, la estructura de poder que rodea a Giménez le ha servido de escudo protector. Mientras la economía del país se desploma y los venezolanos lidian con servicios públicos colapsados, la investigación deja en evidencia que el negocio petrolero sigue funcionando como una caja chica privada para los empresarios mejor conectados con el Palacio de Miraflores.
El caso no solo retrata la manera en que se gestiona la principal fuente de ingresos del país, sino que expone el contraste entre la retórica oficialista sobre las sanciones y la realidad de las finanzas públicas. Las pruebas documentadas sobre los despachos no cobrados y los remates de barriles revelan un patrón sistemático de desvío de recursos que sigue sin ser investigado por las autoridades judiciales venezolanas, garantizando total impunidad a sus protagonistas.
Con cada cargamento que salió sin dejar rastro en el erario nacional, se consolidó un modelo donde la cercanía política vale más que cualquier norma contable. La radiografía de este esquema publicada por el medio independiente vuelve a poner la lupa sobre la urgencia de auditedar los recursos saqueados y exigir cuentas a quienes convirtieron el patrimonio de toda una nación en su patrimonio personal.
