Miguel Díaz de la Portilla: "Legislar en el Congreso estatal requiere unión"

En el período de la legislatura estatal, que terminó en la primavera de 2016, Díaz de la Portilla, como presidente del comité judicial, pudo frenar varias iniciativas que pasaron, de manera expedita, por la Cámara de representantes.

Hubo dos intentos, en 2015 y 2016, por permitir el porte de armas de manera abierta en las universidades. También se presentaron proyectos de ley que imponían penas criminales a los inmigrantes indocumentados y multas a los gobiernos locales si no cooperaban con las autoridades federales en la persecución de personas sin estatus migratorio.

Su filosofía de trabajo la definió de la siguiente manera: “Yo no veo que haya un problema demócrata o republicano. Para ser eficaz en el congreso estatal se requiere poder trabajar con todo el mundo”.

DIARIO LAS AMÉRICAS habló con el senador a propósito de su candidatura, que irá a las urnas el 8 de noviembre.

-Usted sostiene una intensa campaña con el representante José Javier Rodríguez y una de las grandes diferencias es la educación pública. Los republicanos creen que los padres de familia tienen el derecho de escoger la escuela para sus hijos. Los demócratas dicen que eso erosiona al sistema escolar, ¿cuál es su opinión?

Yo no creo que exista una diferencia en el tema de las escuelas públicas. La diferencia radica en que yo he sido una persona que ha podido ser eficaz en el proceso legislativo y el señor Rodríguez no. Cuando se trata de las escuelas públicas yo tengo una trayectoria larga de apoyarlas. En 1996, pasé una ordenanza, como comisionado del condado, para que los urbanizadores tuvieran que pagar una tarifa para sacar un permiso de construcción de una vivienda o edificio. Eso produce millones de dólares que se utilizan para las escuelas públicas. A mí me apoya el UTD (sindicato unido de maestros de Miami Dade). El representante Rodríguez compitió por ese apoyo y no lo recibió. Los maestros reconocieron lo que he hecho por el sistema escolar en los dos últimos años.

-¿Cuáles fueron las razones de fondo para que usted haya paralizado los proyectos que permitían el porte de armas en las universidades?

Porque no tenían sentido ni méritos. La historia en este país es la de no permitir armas en las universidades. Thomas Jefferson, antes de que se adoptara la Segunda Enmienda, [que permite la tenencia y porte de armas] dijo que la universidad de Virginia -que él fundó- iba a ser una zona donde no se permitirían las armas. En el caso de ese proyecto de ley, que se presentó por dos años seguidos, había muchísima oposición por parte de los estudiantes, de los presidentes de las 12 universidades, de los departamentos de seguridad pública de todas las universidades y de los profesores.

-Con el tema de la extensión del Medicaid, para que más personas tengan cobertura médica con el llamado Obamacare, hubo un agudo enfrentamiento entre la Cámara y el Senado, con la negativa del gobernador Rick Scott. ¿Cómo piensa romper esa polarización que persiste?

- Hay que tratar de convencer a la Cámara de representantes, o a suficientes representantes, y al gobernador, para que eso se haga. No tiene sentido que no hagamos esa expansión. Hay 800.000 personas que no tienen cobertura médica porque ganan demasiado para recibir Medicaid y no ganan suficiente para pagar un seguro privado. Y de aquí a dos años van a ser más. Porque la población de la Florida sigue creciendo y no todo el mundo que llega aquí es de altos ingresos. Tenemos que lidiar con esa realidad y extender el Medicaid para cubrir a estas personas.

-Otro punto, con escándalo, fue el tema del rediseño de los distritos electorales, que fue demandado y tuvo que ser decidido por la Corte Suprema de Florida. ¿Por qué no fue posible que el poder legislativo pudiera hacer ese rediseño?

Don Gaetz fue el presidente del comité que llevó a cabo el rediseño de esos distritos y después el presidente del Senado. Descubrimos que él estaba envuelto en un sinnúmero de conversaciones ilegales [sobre el tema de los mapas electorales] de las cuales nosotros no estábamos al tanto. Eso no quiere decir que no hubiera personas, incluso los demandantes, tratando de crear distritos con la intención de favorecer a un partido o de desfavorecer a ciertos funcionarios.

¿Qué haría usted para resolver otro serio problema en la Florida: la recuperación inmediata del derecho a votar para personas que fueron condenadas a cárcel por algún delito y ya cumplieron la sentencia?

Creo que después de que una persona cumpla su sentencia, le paga su deuda a la sociedad, debe ser reintegrada a la comunidad en todos los sentidos, incluyendo su derecho a votar. Eso es algo que tenemos que hacer. Si queremos que esa persona, que ya cumplió su pena, participe como un ciudadano dentro de la sociedad, debe tener reestablecido todos los derechos y oportunidades que tienen los demás. Hay que presentar un proyecto de ley, tiene que pasar las dos cámaras, y sobrevivir a un veto del gobernador. Me interesa ese tema, al igual que el de crear cortes de salud mental.

-¿Cómo serían esas cortes de salud mental?

Hay personas que caen en el sistema judicial por delitos menores, y por lo general tienen problemas mentales. Se trata de darles tratamiento psiquiátrico a esos individuos en lugar de meterlos a la cárcel porque al hacer eso no reciben tratamiento y empeora su situación. Además, hace falta más entrenamiento de la Policía. El que recibe, a todos los niveles, no es lo suficientemente adecuado para lidiar con una persona con problemas mentales. Para eso se necesita un proyecto legislativo y también los fondos para implementarlo.

-Se han planteado dos cosas de manera agresiva: que la comisión de servicios está tomada por la FPL y que ese monopolio hace muy difícil que se pueda controlar la contaminación en la planta nuclear de Turkey Point. ¿Cómo va actuar usted ante este problema que nos ataña a todos nosotros y al futuro de la Florida?

Esos monopolios tienen límites en lo que pueden cobrar y ganar. Están regulados, en el ámbito estatal, por la comisión de servicios; por el departamento de protección ambiental, y por la agencia federal de regulaciones nucleares.

-Lo que se ha dicho es que todas esas regulaciones no han funcionado.

Una planta nuclear tiene que pasar primero por el gobernador y su gabinete. El departamento de recursos ambientales DERM descubrió, a través de un estudio que ordenó la comisionada de Miami-Dade Rebeca Sosa, que había sal en el agua potable que ronda Biscayne Bay. En el mes de octubre de 2015, DERM logró que el FPL firmara un acuerdo para resolver ese problema. El departamento de regulación ambiental de la Florida también logró un acuerdo con FPL, que lo tiene que cumplir para sacar la sal que se está moviendo hacia las aguas del oeste. Si crearon un problema lo tienen que remediar, sin pasarles la cuenta a los contribuyentes o a los consumidores.