La polémica alrededor del retirado comisionado Alex Díaz de la Portilla muestra investigaciones en curso y pone en contexto una lista de incidentes previos
Comisionado Alex Díaz de la Portilla sale de prisión.
CAPTURA DE VIDEO CORTESÍA RONALD ACHAMIAMI. - A medida que pasan los días, el caso que involucra a Alex Díaz de la Portilla, el comisionado de Miami procesado judicialmente y suspendido del cargo por el gobernador Ron DeSantis, presenta novedosos detalles y precedentes que lo convierten en una saga llena de ‘misteriosos manejos’ por descifrar.
En un principio, las autoridades dijeron que el arresto del legislador municipal se produjo por presunto lavado de dinero, soborno y conspiración criminal, en un delicado proceso jurídico que también involucra a su abogado William W. Riley Jr.
Durante la investigación, agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) encontraron evidencias de que Díaz de la Portilla y Riley Jr. aceptaron más de 15.000 dólares en pagos a la campaña judicial a un cargo para juez de un hermano de Díaz de la Portilla, Renier Díaz de la Portilla, “pero no los declararon”.
Se dijo también que el abogado Riley Jr. controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware, para lavar aproximadamente 245.000 dólares en “contribuciones políticas ocultas”, realizadas a cambio de un permiso para construir un complejo deportivo en Miami, en lo que estaría involucrado Díaz de la Portilla.
Pero había más, según las acusaciones. Una pesquisa enseña que Díaz de la Portilla supuestamente operaba y controlaba dos comités políticos utilizados no sólo para apoyar la campaña de su hermano, sino también para “gastos personales”.
Los registros indican que uno de los comités reportó donaciones totales de aproximadamente 2.3 millones de dólares y el segundo una cifra por encima de los 800.000 dólares.
Además de los cargos de lavado de dinero, soborno y conspiración criminal, Díaz de la Portilla enfrenta cuatro acusaciones de mala conducta oficial, un cargo de contribución de campaña en exceso de los límites legales y dos por no informar acerca de un regalo.
El escándalo político ha puesto al descubierto que el caso contra el comisionado suspendido y su asesor jurídico vincularía a una escuela privada y su proyecto para construir un complejo deportivo en terrenos públicos de Miami.
Según trascendió, los implicados habrían dado pasos legales para presuntamente lograr que la escuela Centner Academy pudiera usar en el proyecto el terreno de Biscayne Park, situado en la calle 19 del noroeste, que es propiedad de la Ciudad.
De acuerdo con el informe de la fiscalía, Riley trabajaba como cabildero de esa institución y el comisionado Díaz de la Portilla habría patrocinado una resolución para adjudicar el permiso correspondiente, en su rol adicional de director del CRA, una agencia de la Ciudad que trabaja para mejorar la infraestructura de los vecindarios de Miami.
David Centner, dueño del aludido centro educativo junto a su esposa, señaló en un comunicado que “la fiscalía nos ha pedido que no hagamos comentarios”.
Más adelante Centner dijo que “queremos asegurar que no se nos acusa de ningún acto ilícito ni hemos hecho nada incorrecto. Desearíamos poder compartir más libremente, imaginamos que los asuntos se aclararán en las próximas semanas”.
Mientras avanzan las investigaciones, una serie de acontecimientos del pasado relacionados con Díaz de la Portilla, miembro de una familia de amplia trayectoria política en Miami-Dade, saltan a la palestra.
La Comisión Electoral de la Florida (FEC) multó en 1995 a Díaz de la Portilla cuando se desempeñaba como congresista estatal por una violación a la ley de financiamiento de campañas. El político pagó 9.000 dólares en multas. Fue acusado de no declarar préstamos personales y contribuciones en el orden de 150.000 dólares.
El nombre de Díaz de la Portilla también resultó asociado con una demanda presentada por el exjefe de Policía de Miami Art Acevedo, quien lo mencionó, entre otros oficiales electos, como parte de lo que denominó una “mafia” que utilizaría a la agencia policial para “impulsar sus propias agendas”.
En otro hecho, una inspectora de la Ciudad de Miami demandó a Díaz de la Portilla, tras supuestamente haber sido blanco de una agresión, cuando realizaba una inspección en un centro nocturno de la ciudad, que no tenía permiso para operar debido a la pandemia de COVID-19.
A este incidente se sumó una acusación del comisionado Joe Carollo contra Díaz de la Portilla, por presuntamente respaldar el funcionamiento de clubes nocturnos que vendían alcohol luego del toque de queda ordenado por el COVID-19. Cámaras corporales de agentes de la ley mostraron en uno de esos establecimientos a Díaz de la Portilla.
Otro incidente del pasado sitúa al dirigente político en un hotel de Boston en 2012, junto a una mujer. Ambos fueron detenidos momentáneamente y se les conminó a marcharse acusados de pasar por alto las restricciones al consumo de tabaco en ese lugar.
Una década más tarde, en aparente relación con el incidente de 2012, Carlos Giménez Jr., hijo del hoy congresista federal y exalcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, fue arrestado después de un altercado en el que agredió físicamente a Díaz de la Portilla, en un restaurante de Miami.
A pesar de las investigaciones en su contra, Díaz de la Portilla afirmó al salir de la cárcel del Condado, en donde estuvo detenido por unas seis horas, que no renunciará a su campaña por la reelección. “Aquí me conocen, saben que soy una persona honesta”, aseveró.
Uno de sus rivales en la contienda es el comerciante Miguel Ángel Gabela, quien en una demanda contra la Ciudad implica al suspendido comisionado como supuesto artífice de un cambio “de última hora” en el mapa electoral de Miami, que permitió retirar la casa donde vive el candidato “hace más de 20 años” en el distrito 1.
Según Gabela, en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Díaz de la Portilla y otros comisionados se habrían reunido a puerta cerrada con el consultor Miguel de Grandy, durante un receso en la reunión convocada en la Comisión municipal el 14 de junio con el propósito —en su opinión— de decidir el asunto de la distribución de los distritos electorales, lo que, de haber sucedido, Gabela presenta como “una violación de la Ley Sunshine”.
En medio de la polémica, todavía el viernes 22 era incierto el futuro del puesto que venía ocupando Díaz de la Portilla desde 2020, cuyo nombre ya fue retirado de la silla que ocupaba en el Ayuntamiento.
Los otros comisionados municipales fueron convocados a una reunión el sábado 23 para decidir qué hacer con esa posición.
De acuerdo con los estatutos, los legisladores municipales tienen tres opciones: nombrar a alguien para el puesto, celebrar una elección especial o dejar el puesto vacante hasta las elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2023.
Un caso similar ocurrió con el cargo que hoy ocupa la comisionada Sabina Covo por el distrito 2, quien fue elegida en unos comicios especiales celebrados en febrero, tras la renuncia de Ken Russell.
Cálculos de la Ciudad de Miami indican que una elección especial, en el caso del distrito 1, tendría un costo que oscilaría entre 250.000 y 300.000 dólares. Por lo general, este tipo de comicios tienen una muy baja participación ciudadana.
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@danielcastrope
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