MIAMI.- Un grupo de gobiernos municipales de Florida, encabezado por Tallahassee, Orlando y Miami, entre otros, solicitaron al tribunal de apelaciones del primer distrito del estado tener en cuenta una serie de “cuestiones de gran interés público” para solicitar a la Corte Suprema fallar acerca de la prohibir a ciudades y condados adoptar regulaciones más estrictas sobre armas de fuego.

El asunto surgió a partir de una ley establecida en 1987 y ratificada en el 2011, con provisiones más rigorosas, que sanciona a gobiernos locales con multas de 5.000 dólares y probables destituciones de cargos si adoptan regulaciones sobre las armas.

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La norma fue impugnada entonces por 30 municipalidades, tres condados y más de 70 funcionarios, pero la corte de apelaciones falló a comienzos de abril que la ley en cuestión “no viola las normas constitucionales” y los demandantes apelan ahora al más alto tribunal estatal.

“Miles de funcionarios electos, independientemente de partidos político, en cientos de gobiernos locales en todo el estado, prestan juramento para servir al bien público y representar a sus electores; y lo hacen creyendo que su acto legislativo por excelencia de votar a favor de una ordenanza no los someterá a responsabilidad ni a una inquisición judicial sobre sus motivos”, plantea la moción frimada por más de 30 gobiernos locales.

La ley incluso permitiría demandar a gobiernos locales por daños y honorarios de abogados relacionados con normas más estrictas.

“A la luz de las cuestiones de gran importancia pública en cuestión al someter a dichos servidores públicos a una disección de pensamientos y motivos para cumplir con su obligación legislativa de votar, es apropiado que la Corte Suprema de Florida reconcilie los intereses constitucionales en competencia en este caso, para sopesar los pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la importancia de la inmunidad legislativa local y decidir si el deseo de la Legislatura de castigar a los funcionarios electos locales puede sobrevivir a esa investigación”, añade el documento.

De hecho, tres demandas fueron presentadas contra la ley de 2011 después de la matanza en el instituto Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, en 2018, que acabó con la vida de 17 personas.

Durante la presente legislatura estatal 2021 el senador estatal demócrata, Gary Farmer, de Broward, y el representante estatal, también demócrata, Carlos Guillermo Smith, de la zona de Orlando, propusieron una ley para “prohibir la venta, transferencia o posesión de armas de asalto o cargadores de gran capacidad”.

Pero la propuesta no fue adoptada.

Brandon Wolf, sobreviviente de la matanza de la discoteca Pulse, en Orlando, en 2017, preguntó: “¿Vale más la obsesión por las armas de guerra que la vida de la gente?”

Durante la legislatura 2015, un mes después de la matanza de Parkland, el Congreso estatal elevó de 18 a 21 años la edad permitida para comprar armas.

Asimismo, se adoptó un período de espera de tres días para comprar un arma y la participación de las fuerzas del orden, con permiso judicial, para confiscar temporalmente cualquier armamento a personas que sean consideradas de alto riesgo.

Aparecen en esta nota:

 

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¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.56%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.81%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.63%
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