El concejal de origen venezolano insistió en que la Policía municipal no cumple funciones de inmigración y pidió a los congresistas del sur de la Florida impulsar medidas humanitarias para los venezolanos
Rafael Pineyro, concejal de Doral.
D. CASTROPÉMIAMI.- El concejal de Doral Rafael Pineyro pidió a las autoridades federales concentrar los operativos migratorios en quienes representan una “amenaza real” para la seguridad pública y no en las familias trabajadoras, en un pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales tras el expuesto incremento de la presencia de agentes de ICE en distintas zonas de la ciudad.
El legislador, único integrante de origen venezolano en el Concejo doralino, respondió de esa manera al clima de preocupación que, según reconoció, se instaló en los últimos días entre los residentes de esta municipalidad del condado Miami-Dade.
Pineyro admitió que la inquietud creció entre los vecinos ante la presencia de agentes en espacios públicos muy concurridos. "En los últimos días, muchas familias en Doral han sentido preocupación e incertidumbre ante la presencia de operativos migratorios en distintas zonas de nuestra comunidad", expresó. "Como su concejal, no puedo ignorar esa realidad", agregó.
Imágenes compartidas en redes sociales como Instagram muestran a supuestos agentes de ICE a la altura de la avenida 107 y la calle 58 del NW. El tema ha sido analizado por diferentes abogados de inmigración en plataformas digitales.
Doral, conocida como ‘Doralzuela’, concentra una de las mayores poblaciones venezolanas del país, cerca del 40 % de sus poco más de 76.000 habitantes.
Pineyro trazó una línea clara sobre las competencias del cuerpo policial local. "La policía de nuestra ciudad no actúa como agentes de inmigración", afirmó, y remarcó que "nunca ha sido, ni será esa su función".
Precisó que "las decisiones y operativos en materia migratoria corresponden exclusivamente a las autoridades federales competentes, donde no tenemos jurisdicción".
La Ciudad suscribió en abril de 2025 un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un programa que faculta a los cuerpos policiales locales a tareas migratorias acotadas y bajo supervisión federal, por lo general en el marco de investigaciones criminales.
El Departamento de Policía de Doral ha sostenido que su objetivo central es la seguridad de los residentes.
El concejal reiteró su respaldo al cumplimiento de la ley, pero pidió distinguir entre distintos perfiles. "Debemos entender la capacidad de diferenciar entre un criminal y una familia trabajadora", sostuvo.
Sobre ese punto formuló su reclamo central: "Hago un llamado para que los esfuerzos de aplicación de la ley continúen enfocados en quienes representan una verdadera amenaza para la seguridad pública, y no en familias trabajadoras que buscan hacer las cosas correctamente".
El pronunciamiento coincide con un giro en la estrategia federal, que según reportes recientes privilegia los controles y la presencia en la vía pública por encima de las redadas de alto impacto en tribunales y otras edificaciones gubernamentales.
Pineyro dirigió su petición a los representantes republicanos del sur de la Florida, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart. "Me uno al llamado a los congresistas del sur de la Florida para que el gobierno de Estados Unidos adopte medidas humanitarias para los venezolanos que hoy se encuentran en este país", declaró.
Asimismo, el legislador local recordó el origen del éxodo venezolano: "Nuestro pueblo lleva más de dos décadas siendo víctima del desastre político, económico y social provocado por el régimen de Chávez y Maduro".
El concejal enfatizó que "responder con humanidad no es una decisión política, es un deber moral". También respaldó una eventual reforma migratoria que refuerce las fronteras y el Estado de derecho, con soluciones ordenadas para quienes llegaron a trabajar y a aportar al país.
El llamado se produce en un momento delicado para los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). El 25 de junio, la Corte Suprema limitó la revisión judicial de las terminaciones del programa, una decisión que dejó sin protección a beneficiarios de Haití y Siria.
En el caso venezolano, solo conserva el amparo hasta el 2 de octubre de 2026 el grupo que se reinscribió bajo la designación de 2023 y recibió su documentación antes del 5 de febrero de 2025, según la guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
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