MIAMI.-SERGIO OTÁLORA
[email protected]
@sergiootalora
El representante estatal demócrata, Jose Javier Rodríguez, busca que las universidades con ánimo de lucro tengan mayores controles en el manejo de sus finanzas, en sus planes académicos y en los requisitos para los estudiantes.
MIAMI.-SERGIO OTÁLORA
[email protected]
@sergiootalora
Los trabajadores del Dade Medical College demandaron a esta institución por no haber avisado, con sesenta días de anticipación, el despido masivo de 400 empleados.
Además, cuando esa universidad anunció su cierre, el pasado 30 de octubre, de sus sedes por el colapso económico y las investigaciones por parte de autoridades educativas federales, quedaron en el aire 2.000 estudiantes de ese centro educativo.
Una cantidad sustancial de dichos estudiantes se endeudó, por miles de dólares, a través de préstamos federales y estatales. “La única alternativa es acudir al gobierno federal para recuperar ese dinero. Que les perdonen la deuda a los estudiantes. Eso es lo que deberían hacer muchos de los alumnos del Dade College”, afirmó el representante estatal demócrata, por el distrito 112, José Javier Rodriguez.
Rodríguez presentó un proyecto de ley (que tiene su similar en el Senado, patrocinado por los senadores Don Gaetz (republicano) y Jeremy Ring (demócrata) que busca, como dice la propuesta legislativa, “exigirle a ciertas instituciones un porcentaje determinado de estudiantes con préstamos federales sin pagar”. Un centro educativo no sería merecedor a recibir ciertas ayudas financieras o incluso una licencia de funcionamiento hasta cuando el porcentaje de alumnos con préstamos federales, que no han cumplido con los pagos, estuviera por debajo del porcentaje exigido.
“Se trata de proteger a los estudiantes”, explicó Rodríguez. “Como condición para matricularse a estas universidades con fines de lucro se debe divulgar, de una forma muy precisa y por escrito, si la institución está acreditada, si hay algo en el perfil del estudiante que podría impactar su capacidad para ejercer la profesión, como una condición física, limitaciones con el idioma o tener antecedentes penales”, indicó el representante.
Su propuesta establece que si, en un año, más del 40% de los estudiantes de estas universidades, que están en proceso de graduación, han incumplido los pagos de sus préstamos, o el 30% en tres años, esas instituciones no podrán tener acceso a los dineros de esas becas federales o estatales.
¿Quién vigila a esas universidades?
La pregunta que surge con el cierre del Dade Medical College es cómo hacer para que exista un mínimo de condiciones financieras para que esas instituciones no anuncien, de un día para otro, que están quebradas sin que nadie responda.
Según Rodríguez, “el gobierno federal busca tener control de las instituciones donde los estudiantes están pagando sus carreras. En el ámbito estatal estamos considerando requerir un bono de esas instituciones y obligarlas a contribuir a un fondo que se utilizaría cuando suceda una situación de bancarrota”.
En este momento esa especie de fondo de rescate proviene de dineros de los contribuyentes.
Por otra parte, los legisladores estatales que están tras el proyecto de controlar esas instituciones con fines de lucro (centros educativos como la Universidad de Miami o Berry University son sin fines de lucro) buscan que la agencia que las regula - la Comisión de Educación Independiente (CIE, por sus siglas en inglés) – en realidad cumpla sus funciones, porque en estos momentos, según Rodríguez, “la CIE no usa el poder que tiene para proteger a los estudiantes y está políticamente guiada por gente que se halla muy cerca a los intereses de esas universidades”.
Por lo tanto, buscan cambiar su composición y poner más requisitos a una institución que, como lo señala Rodríguez, “ha sido muy complaciente con la industria que debería regular. Hay unas relaciones demasiadas cercanas entre los reguladores y los regulados”, advirtió.
LEA TAMBIÉN: