MIAMI.-SERGIO OTÁLORA
[email protected]
@sergiootalora
La delegación de Miami Dade en Tallahassee, tanto demócrata como republicana, definió al inicio de la presente legislatura una agenda de trabajo, acordada entre senadores y representantes de los dos partidos
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Los comisionados aprobaron tres resoluciones en las que rechazan los proyectos de ley que buscan, por diferentes vías, hacerles la vida más difícil a los indocumentados y aumentar las penas para quienes, con orden de deportación, sigan viviendo en la Florida. Casi al mismo tiempo, la Cámara estatal está a gran velocidad aprobando esas propuestas, entre ellas la HB 9, HB 675 y la HB 563.
La HB 9 convierte en un delito grave, en tercer grado, el reiingreso al Estado de manera ilegal o la permanencia en el mismo con orden final de deportación. Esta propuesta ya pasó dos comités de la Cámara. Le falta uno para llegar al pleno de esa celula legislativa. En el Senado no han debatido en ninguno de sus comités esta ley.
Otra de las propuetas, la HB 675, no sólo obligaría al Condado a retener a los inmigrantes indocumentados, por el mero hecho de serlo, así no tuvieran antecedentes penales ni condenas de ninguna clase. Además, el Condado tendría que incurrir con los costos de esas detenciones y, además, involucraría a sus fuerzas de policía en la persecución de quienes no tuviera estatus migratorio en Estados Unidos. También ya pasó dos comités en la Cámara, el de justicia civil y el judicial. Tampoco ha sido debatido en la Cámara alta.
Y una tercera iniciativa, la HB 563, que crea restricciones a asistencia monetaria para familias inmigrantes o indocumentados de bajos ingresos. ya pasó un comité de la Cámara y salio de la agenda de discusión en el Senado.
Cualquier ley debe ser aprobada por tres comités antes de llegar a la plenaria de la Cámara. Igual sucede en el Senado. En esta corporación, según fuente en Tallahassee, no parece haber mucho entusiasmo para sacarlas adeante.
La Comisión del Condado
Una de las motivaciones para rechazar la HB 675, por parte de los comisionados, estaba el memorando que emitió en 2014 el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Jeh Charles Johnson, en el que le advierte a la autoridad migratoria y de aduanas (USCIS) que varias cortes federales rechazaron le autoridad de la policía estatal o local para detener inmigrantes al tenor del programa “comunidades seguras, y que gobernadores, alcaldes y los departamentos de policía en todo el país, se han negado a cooperar con el pedido de detención por parte de agencias federales.
Además, la cortes han sustentado sus decisiones al encontrar que las detenciones de inmigrantes que hacen los departamentos de policía, sólo para responder a un pedido federal, violan la Cuarta Enmienda y exponen a esas instituciones oficiales a demandas a menos que se encuentre una causa probable que justificaran esas detenciones.
Otra de las iniciativas legales que no apoyaron los comisionados tiene que ver con el incremento de penas y la criminalización de los indocumentados. Los padres que viven con órdenes de deportación, pero se quedan en el Estado, o aquellos que regresan después de ser deportados, estarían cometiendo un delito clasificado como grave y, por lo tanto, tendrían que enfrentar penas de cárcel de más de 20 años y multas de por lo menos 10.000 dólares.
De acuerdo con lo expresado por los patrocinadores de la resolución que se opone al anterior proyecto, esta ley ya existe en el ámbito federal y cuando han sido aprobadas por los estados, han sido tumbadas por la Corte Suprema de Estados Unidos.
En el caso del tema migratorio, como del calentamiento global, es claro que las autoridades locales no se alinean, dentro del Estado de la Florida, con sus sectores conservadores más radicales. Tanto en condado, como varios de sus municipios, están desarrollando planes para combatir el cambio climático, al tiempo en el gobierno estatal este fenómenos es negado o, por lo menos, no se le da toda la importancia que le merece al poder local.
La delegación de Miami Dade en Tallahassee, tanto demócrata como republicana, definió al inicio de la presente legislatura una agenda de trabajo, acordada entre senadores y representantes de los dos partidos, en la que no está el tema migratorio, en el que, sin duda, hay grandes diferencias. Pero tampoco los comisionados del Condado Miami-Dade, afiliados al Partido Republicano, siguen a sus copartidarios de Tallahassee en la criminalización o persecución a los indocumentados.
Cualquier ley que se discuta en la Cámara o Senado estatal debe ser aprobada por tres comités antes de llegar a la plenaria de cada célula legislativa.Sin embargo en el Senado, según fuente en Tallahassee, no parece haber mucho entusiasmo para sacarlas adeante.
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