MIAMI.- Diferentes organizaciones puertorriqueñas anunciaron este martes en Miami una campaña en la que esperan contar con la participación de legisladores de la Florida y de otros estados de EEUU, en busca de medidas que redunden en mejoras para la salud y la producción, entre otros aspectos, en la población de Puerto Rico.

Con ese fin, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), en alianza con la Puerto Rican Professional Association (PROFESA), lanzaron el Puerto Rico Equality Pledge Tour en las instalaciones de Borinquen Medical Center, institución que ya se sumó a esta iniciativa.

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De acuerdo con los responsables de la propuesta, se realizarán tareas de concientización en jurisdicciones de Estados Unidos que mantienen lazos estrechos con el territorio caribeño, a fin de que organizaciones y miembros de la comunidad se sumen a su reclamo a congresistas para que aprueben medidas que “hagan justicia a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico”.

En Florida, según lo anunciado, este esfuerzo se concentrará en los senadores Marco Rubio y Rick Scott, pero también incluirá a distintos legisladores del Estado del Sol.

En cuanto al papel de la comunidad en el contexto de la campaña, el llamado busca que un elevado número de personas suscriban una carta y que además llamen o escriban a las oficinas de legisladores federales para expresar su sentir respecto a la situación de Puerto Rico.

En lo concerniente a la salud, la campaña demanda el apoyo de iniciativas que den “paridad” a beneficiarios de programas federales en territorio insular, como el Medicaid y el Medicare Advantage, debido a que en estos momentos el alcance de los servicios es significativamente menor al de ciudadanos en el resto de los estados de EEUU, de acuerdo con los peticionarios.

Entre las iniciativas destaca el HR 7997, un proyecto legislativo que busca dar paridad en los servicios del Medicare Savings Program a los territorios asociados a Estados Unidos.

Otro asunto que aborda la iniciativa es la necesidad de extender los servicios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a personas y familias indigentes que ya reciben asistencia para alimentos (NAP), así como la urgencia de fortalecer los incentivos a la manufactura para que pueda mejorar la economía en Puerto Rico.

“Vamos a seguir luchando por la paridad en fondos para la salud y por la economía de Puerto Rico, en todas las jurisdicciones donde hay comunidades hispanas y boricuas. Les estaremos orientando sobre qué necesitan hacer sus delegaciones congresionales con esos fines, para que nos ayuden a ejercer presión”, explicó Cameron McKenzie, presidente de la CCPR.

Con relación a la asistencia nutricional, el problema de la denunciada disparidad equivale una pérdida de 2 mil millones de dólares al año, que hoy no están disponibles para ciudadanos de todas las edades que viven bajo el nivel de pobreza, lo que representa un 43% de la población en Puerto Rico, según cifras de los impulsores de la campaña.

Sobre este particular, la directora ejecutiva de la CCPR, Liza García Vélez, señaló que Puerto Rico, “distinto al resto de los estados y territorios”, no es elegible para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

“El Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act de 2022, o HR 894S, provee para que se dé una transición ordenada de NAP a SNAP para aumentar la seguridad alimentaria a ciudadanos residentes en Puerto Rico”, indicó. “No hay razón para no aprobarlo”, acotó.

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Reunión de representantes de organizaciones de Puerto Rico en la sede de Borinquen Medical Center en Miami.

Reunión de representantes de organizaciones de Puerto Rico en la sede de Borinquen Medical Center en Miami.

En cuanto a la manufactura, Kenneth Rivera Robles, expresidente de la CCPR, recalcó que producir en Puerto Rico equivale a hacerlo en Estados Unidos, por lo que “atentar” contra esa industria en el territorio caribeño es perjudicial incluso para la seguridad de la nación y, sin embargo, “eso no se toma en cuenta en el Inflation Reduction Act”, dijo.

“El Book Minimum Tax de 15% propuesto en el Inflation Reduction Act causaría un daño dramático a la manufactura en Puerto Rico, sector que representa el 49% del Producto Interno Bruto (GDP). Nuevamente vemos la amenaza de una legislación que no considera el trato injusto que se le daría a una jurisdicción en la que viven más de 3 millones de ciudadanos”, recalcó.

Profesionales puertorriqueños residentes en Florida, estado que se ha convertido en hogar de aproximadamente 1.2 millones de boricuas, fueron los primeros en unirse a la gestión de la CCPR.

“La paridad en temas de salud y economía no debería ser un tema de discusión, la equidad para todos los ciudadanos americanos debe ser un hecho. Por eso reafirmamos nuestra alianza con la CCPR y endosamos este reclamo del Puerto Rico Equality Pledge Tour”, afirmó Rafael González, presidente de PROFESA.

La CCPR lidera esta iniciativa a través de su Comité de Asuntos Federales, que busca ilustrar a legisladores y candidatos al Congreso sobre asuntos medulares para sus constituyentes vinculados con Puerto Rico, que en Estados Unidos continental rondan los 6 millones.

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