Justicia adsuelve a exjefa de Policía de Guatemala.
CanvaMIAMI.– Un exoficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que se desempeñaba en el Aeropuerto Internacional de Orlando, en el centro de Florida, fue sentenciado a seis meses en una prisión federal después de haberse declarado culpable de un cargo de robo de dinero público.
Según la Fiscalía del Distrito Norte de Florida, el implicado en el caso está identificado como Louis Paiva, Jr., de 29 años, de Michigan.
De acuerdo con un parte de la Fiscalía, la Unidad de Fraude COVID de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevó a cabo una investigación centrada en identificar a los empleados del DHS que habían recibido beneficios del Seguro de Desempleo (UI) mientras que el DHS también les pagaba.
Las pesquisas revelaron que entre el 15 de marzo de 2020 y el 8 de marzo de 2021 se depositó un total de 16.435 dólares en asistencia de UI, incluidos beneficios de alivio de la pandemia de COVID-19, en una cuenta bancaria utilizada por Paiva.
Durante este período, Paiva trabajó como Oficial de Seguridad en el Transporte para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Orlando.
“El robo de cualquier cantidad de fondos de los contribuyentes es inexcusable, especialmente cuando un empleado del gobierno viola la confianza pública”, dijo el Fiscal para el Distrito Norte de Florida, Jason R. Coody.
“La sentencia de hoy castiga la conducta delictiva del acusado y debería servir como un importante elemento disuasorio para otros que robarían a sus conciudadanos para enriquecerse ilegalmente”, agregó.
A la sentencia de prisión de Paiva le seguirán dos años de libertad supervisada. La Corte también ordenó a Paiva pagar 16.435 dólares en restitución al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO), acorde con el comunicado oficial.
“Los empleados federales están encargados de proteger la integridad de nuestros programas”, dijo el Inspector General del DHS, Joseph V. Cuffari. “La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que quienes traicionen esa confianza serán responsables de sus acciones”.
Esta condena fue el resultado de una investigación conjunta realizada por el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General y el DEO. El fiscal federal adjunto Justin M. Keen procesó el caso.
En marzo de 2020, la Casa Blanca firmó la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, que amplió la capacidad de los estados para proporcionar UI a muchos trabajadores afectados por COVID-19, incluidos los que normalmente no eran elegibles por beneficios
El 17 de mayo de 2021, el fiscal general estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia, en asociación con agencias del gobierno para mejorar los esfuerzos por combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
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