MIAMI.– El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, habría sido presionado por las autoridades penitenciarias para aceptar su salida de Cuba como condición para recuperar la libertad, según denunció este martes su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.
De acuerdo con su testimonio, la comunicación telefónica semanal con su esposo se retrasó porque previamente fue sacado de su celda para recibir la notificación de que sería desterrado de la isla. Durante la llamada, García Caso le contó lo ocurrido y le dejó clara su respuesta: no aceptará abandonar el país.
Rodríguez Sánchez aseguró que el opositor rechazó la propuesta y reiteró que su lugar está en Cuba. La familia también respaldó esa decisión al considerar que el exilio no puede imponerse como requisito para poner fin a una condena por motivos políticos.
García Caso permanece encarcelado desde las manifestaciones del 11J y cumple una sentencia de 15 años. En los últimos meses, sus familiares han denunciado restricciones en las comunicaciones, aislamiento y otras medidas disciplinarias dentro del centro penitenciario donde permanece recluido.
La denuncia surge pocos días después de la salida forzada hacia Estados Unidos del artista Luis Manuel Otero Alcántara, un caso que volvió a poner bajo escrutinio el uso del destierro como mecanismo para excarcelar a opositores cubanos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que esta práctica vulnera libertades fundamentales al condicionar la liberación de los reclusos a su salida definitiva del país.
Prisioner Defenders señala el caso de García Caso se suma ahora a esos señalamientos y vuelve a abrir el debate sobre las condiciones impuestas a algunos presos políticos para abandonar las cárceles cubanas, en un contexto marcado por las denuncias de familiares y activistas sobre presiones para aceptar el exilio como única alternativa a la prisión.