La congresista por Florida María Elvira Salazar copatrocina una ley de emergencia para mantener el programa SNAP, del que dependen casi 3 millones de floridanos
La congresista María Elvira Salazar.
D. CASTROPEMIAMI.- Ante la inminente suspensión de la ayuda alimentaria para más de 42 millones de estadounidenses debido al cierre del gobierno federal, la congresista republicana María Elvira Salazar impulsa un proyecto de ley de emergencia para proteger estos fondos.
La medida, introducida el 24 de octubre en la Cámara de Representantes, busca garantizar la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en medio de la parálisis legislativa en Washington, que amenaza con detener los beneficios el próximo 1 de noviembre por primera vez en la historia del programa.
La propuesta surge como una respuesta a la crisis que afecta de manera desproporcionada a su distrito en el condado Miami-Dade, uno de los más dependientes de esta asistencia en todo el país.
La "Ley para Mantener la Financiación de SNAP de 2025" (H.R. 5822) fue presentada por la representante Mariannette Miller-Meeks (R-Iowa) y copatrocinada por Salazar y otros republicanos como Max Miller (Ohio) y Chris Smith (Nueva Jersey).
El proyecto autorizaría al secretario de Agricultura a acceder a fondos de emergencia para mantener las operaciones de SNAP y restaurar retroactivamente cualquier beneficio perdido desde el 30 de septiembre de 2025.
"SNAP mantiene a las familias estables en tiempos difíciles", declaró Salazar. "No es una política lejana; es el salvavidas de nuestros vecinos", dijo la congresista, quien subrayó la urgencia de la medida para su electorado, donde el 17% de los hogares dependen de SNAP, y en el condado de Miami-Dade, donde la cifra asciende a casi una cuarta parte de todas las familias.
La participación de Salazar en esta iniciativa, según dijo, responde directamente a la vulnerabilidad de su distrito. Florida es el cuarto estado con mayor número de inscritos en SNAP, con casi 3 millones de residentes que dependen del programa.
En el condado Miami-Dade, que representa una parte importante del distrito de Salazar, más de 522.000 personas se benefician de esta ayuda federal.
La amenaza de la suspensión de fondos generó una creciente desesperación en el sur de Florida. Líderes locales, como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, advirtieron que los bancos de alimentos ya se encontraban al límite de su capacidad tras atender a trabajadores federales que dejaron de percibir sus salarios por el cierre, incluso antes de la potencial avalancha de beneficiarios de SNAP.
Mientras promueve esta solución, Salazar y sus colegas republicanos acusan directamente a la oposición de la crisis. En sus comunicados, culpan a la "negativa de los demócratas del Congreso a aprobar una resolución de continuidad limpia" como la causa del cierre.
"La comida nunca debe ser utilizada como un arma política", afirmó Salazar, quien posiciona la legislación en ciernes como un imperativo moral y un intento de proteger a las familias de la "parálisis política de Washington".
Por su parte, los demócratas califican la crisis como un evento fabricado por la administración Trump y los republicanos del Congreso para obtener ventajas políticas. Argumentan que la administración se niega a utilizar un fondo de contingencia multimillonario que podría evitar la interrupción de los beneficios. Esta disputa llevó a 25 estados a demandar a la administración para forzar la liberación de dichos fondos.
El proyecto H.R. 5822 fue remitido al Comité de Asignaciones de la Cámara, pero su avance es poco probable como medida independiente. Los líderes demócratas lo consideran una táctica para desviar la atención de la causa principal del problema: el cierre del gobierno.
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