El sindicato de maestros del Condado Miami-Dade (UTD, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que advirtió que continúa la apelación a la demanda que hizo contra el alcalde Carlos Giménez por no dar suficientes recursos y personal a la Junta de Valorización de la Propiedad (VAB) para que resolviera sin retrasos las demandas de los propietarios que estaban en desacuerdo con la tasas impuestas a sus inmuebles.
Pero el mismo sindicato se adjudicó el éxito de haber podido sacar adelante una ley, en Tallahassee, que simplifica y anula los factores que generaban demoras en el proceso de resolución de las demandas de los propietarios. “En compañía de las escuelas públicas del Condado, UTD trabajó con el congreso estatal para convertir en ley el proyecto HB 499, que cambia de manera significativa los procedimientos relacionados con los procedimientos de la VAB los cuales asegurarán que los estudiantes en nuestro distrito escolar reciban la calidad de educación que merecen a la luz de la constitución de la Florida”, según lo afirmó UTD en su comunicado.
El condado Miami Dade era el único en el Estado del Sol que tenía dos años de retraso en la certificación de los impuestos, demora que ha generado un déficit de 60 millones en el presupuesto del distrito escolar. La ley aprobada en Tallahassee establece que la VAB envíe dicha certificación al tasador de la propiedad el primer día de Junio, del año en que el avalúo fue hecho. O para el primero de diciembre bajo ciertas circunstancias.
Los puntos básicos que cambia la ley aprobado por el congreso estatal, y firmada por el gobernador Rick Scott, se refiere a los siguientes puntos: la representación legal de los contribuyentes se limita a cierta clase de individuos con licencia profesional, sea el empleado de un contribuyente, un abogado, una persona que reciba poder del demandante.
Esta medida al parecer reduciría las demandas fraudulentas, reduciría la congestión de casos pendientes, y el hecho de que hiciera representación de unos casos sin conocimiento del propietario.
También se reducirían las tasas de interés que se pagan por concepto de pagos excesivos o pagos insuficientes de impuestos. Eso suprimiría el incentivo de elevar cuestionables demandas ante la VAB.
Además se restringirían sólo una la posibilidad de reprogramar las audiencias de apelación por demanda del avaluó a la propiedad, y sólo por justa causa. Y se acortaría el tiempo de anuncio de una reprogramación de una audiencia, de 25 a 15 días, cuando es solicitado por el demandante.
Y el distrito escolar, bajo la nueva norma, podrá recolectar el 75% de los impuestos generados en el periodo anterior, basados en el ajuste de la tasa de amillaramiento, si hay un retraso no mayor de un año en el establecimiento del valor final que recibe el distrito escolar por concepto de impuestos.
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