@sergiootalora

MIAMI. Que se profundicen las sanciones económicas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, específicamente que EEUU deje de adquirir petróleo procedente de Venezuela, fue el reclamo presentado hoy por venezolanos exiliados, en la oficina de la representante demócrata por el distrito 26 Debbie Mucarsel Powell.

El encuentro estuvo convocado por la congresista para abordar el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS) para exiliados venezolanos, nicaragüenses y hondureños.

Mucarsel Powell se reunió a lo largo de una hora con voceros de estas comunidades con el fin de conocer de primera mano las necesidades y propuestas.

Este miércoles la congresista se reúne con la bancada hispana (Hispanic Caucus) para comunicar algunas de las ideas planteadas en la mesa redonda realizada por la congresista.

“La crisis humanitaria que vive Venezuela no solo afecta a los habitantes de ese país sino a toda la región”, puntualizó la representante federal, quien este viernes se posesiona en la sede de Homestead del Miami Dade College.

Le tomará el juramento Nikki Fried, la comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor, la única demócrata en el gabinete del gobernador Ron DeSantis.

La congresista anunció que ella, Donna Shalala (distrito 27) y Debbie Wasserman Schultz (distrito 23) presentarán proyectos de ley relacionados con Venezuela.

Mucarsel Powell se centrará en la ayuda humanitaria destinada a organizaciones no gubernamentales de Venezuela, con el fin de paliar, de alguna manera, las necesidades más apremiantes.

Shalala presentará una iniciativa legislativa que prohíba la venta de armas al actual régimen de Venezuela. Wasserman Schultz centrará su propuesta en sanciones individualizadas, de funcionarios del gobierno, familiares, amigos, “que están disfrutando de la violación de derechos humanos y enriqueciéndose a la sombra de un narco régimen”, precisó Mucarsel Powell.

Antiinmigrantes

También en la reunión con la congresista estuvo Juan Carlos Giménez, director del taller de Inmigración y derechos humanos de FIU, quien advirtió que en estos momentos es más difícil la tarea de proteger a los inmigrantes por el hecho de que dentro del gobierno de Trump “hay funcionarios antiinmigrantes que están empujando la maquinaria de deportación”.

Indicó que el Congreso debe presionar a la actual administración con ideas clave como que “los inmigrantes no somos criminales y los que llegan a este país no les quitan nada a nadie. Llegan a trabajar”.

Jose Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), argumentó que es “incongruente decir que en Venezuela hay una dictadura y, al mismo tiempo, deportar a los venezolanos”.

El activista propuso que se expida una ley que “permita congelar los fondos y bienes de las personas del régimen que viven en Estados Unidos.

“Los que les han robado el dinero a los venezolanos entran con visas de inversionistas y circulan libremente, haciendo grandes inversiones, comprando medios de comunicación. A estos individuos, una vez se les demuestre sus conexiones con el régimen, se les debe congelar sus bienes, también a sus familiares y testaferros”, recalcó.

Acotó, por otra parte, “que las empresas petroleras estadounidenses están sosteniendo a la dictadura”.

Consejo

Por su parte, Julio Calderón, miembro de la coalición de inmigrantes de la Florida (FLIC), y hondureño de origen, subrayó que “la crisis no empieza en la frontera sur de Estados Unidos, sino en nuestros países, en el triángulo de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras)”.

Planteó que el TPS debe incluir a los hondureños. “No es la solución, la solución es la reforma migratoria”.

Jorge Cortes, un “dreamer” y beneficiario del alivio migratorio llamado DACA, pidió de manera enfática que "se nos escuche en la mesa del presidente Trump. Somos profesionales y hemos aportado mucho a este país”.

Propuso la creación de un consejo de “dreamers” con el fin de que “nuestra voz sea escuchada de verdad. Estamos limitados por cabilderos, políticos y congresistas y lo que queremos es tener una voz, pedir una verdadera propuesta de reforma migratoria”, apuntó.

Consuelo Espinoza, del consejo de Nicaragua en Estados Unidos, una organización cívico humanitaria, precisó que se debe restablecer el TPS para los nicaragüenses y solicitó una ayuda humanitaria para los ciudadanos de ese país refugiados en Costa Rica y Honduras.

Denunció que a sus connacionales los están deportando “a una velocidad increíble”. Según Espinoza, han expulsado de Estados Unidos a 66 nicaragüenses en los últimos meses.

Gustavo Marcano, quien representa a los alcaldes venezolanos en el exilio, se refirió al auge que han tomado en su país las movilizaciones populares contra Madjuro y enfatizó: “Necesitamos ayuda porque estamos luchando contra un régimen criminal, de narcotraficantes que se enquistaron en el poder”.

Aclaró que un TPS para los venezolanos sería una ayuda por muy poco tiempo porque, según él, lo que quiere la mayoría de los venezolanos, “cuando se restablezca la democracia”, es regresar a su país.

Por ahora, Mucarsel Powell reconoció que no hay los votos en el Senado para pasar un TPS. Pero destacó el hecho de que está hablando con sus colegas Marco Rubio, de la Cámara Alta, y Mario Díaz Balart con el fin lograr un acuerdo bipartidista en las dos cámaras.

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