MIAMI.- JOSÉ PERNALETE/ DLA
[email protected]
@jpernalete
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara la aplicación de sanciones contra siete funcionarios del gobierno de Venezuela por su responsabilidad en atropellos a ciudadanos que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro, diversos grupos de activistas del sur de la Florida manifestaron satisfacción por la medida.
Las medidas de Obama fueron anunciadas este lunes a través de una orden ejecutiva en la que declara a la nación sudamericana como “una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional”.
Los venezolanos a favor de esta medida coincidieron en que este es el comienzo de una serie de anuncios contra los autores de las continuas agresiones hacia las libertades públicas de disidentes en las calles de esa nación, desde febrero de 2014.
Para Ernesto Ackerman, directivo de la asociación IVAC, “este día debemos darle las gracias al presidente de Estados Unidos, Barack Obama por la ejecución de estas sanciones”.
“Yo creo que lo fundamental que ha ocurrido hoy es que el presidente Obama ha declarado una emergencia por la situación de los acontecimientos que están sucediendo en Venezuela […] Yo creo que se está empezando a sancionar por todo lo ocurrido desde febrero de 2014 y por eso la Fiscal General Luisa Ortega Díaz aún no sale en la lista”, aseguró.
Entretanto, la directora de la de la fundación Venezuela Awareness, Patricia Andrade, comentó estar complacida por la decisión del gobierno norteamericano y se mostró confiada con la aparición de otros nombres que engrosarán el listado de Obama.
“Al gobierno de Venezuela le incomoda que se demuestre ante la comunidad internacional que ese país viola los derechos humanos, pero al ver que esta sanción es aplicada por el Departamento del Tesoro, esto corresponde a otro significado […] Esto causará un efecto dominó de apoyo de otras naciones”, indicó.
A su juicio, es predecible la reacción del gobierno de Venezuela, pese a que “no podrá evadir la responsabilidad de estos hechos”.
“¿Quién quiere que un violador de derechos humanos entre a su país? Estados Unidos los rechaza y ahora otros países harán lo mismo contra ellos”, afirmó.
También agregó que este anuncio demuestra un seguimiento por parte de las autoridades norteamericanas de estos hechos reportados, incluso a través de las redes sociales, debido al cerco mediático establecido por el régimen.
Por ejemplo, “la sanción contra la fiscal del ministerio público, Katherine Haringhton Padrón, es producto de sus continuas averiguaciones y acusaciones hacia la protesta estudiantil, ella es la ejecutora de los estudiantes pero después figuró en otros procesos judiciales irregulares”.
Haringhton Padrón ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos, a la diputada electa de la Asamblea Nacional, María Corina Machado. En febrero de 2015, abrió una averiguación judicial contra el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por el presunto delito de conspiración en relación a supuestos planes de asesinato.
