Miami. - La comunidad cubana en Estados Unidos sigue atenta al avance de la demanda colectiva presentada la semana pasada en Miami por el abogado Eduardo Soto, que busca garantizar derechos a quienes poseen la categoría I220A. De ser favorable, la decisión beneficiaría a cerca de un millón de cubanos, muchos de ellos viviendo en una situación de incertidumbre legal que limita sus oportunidades de estabilidad y desarrollo en el país.
Diario Las Américas conversó con dos cubanos directamente afectados por esta situación, quienes compartieron de manera exclusiva sus experiencias y expectativas frente al proceso judicial.
Héctor Cabrera, un joven habanero de 42 años que trabaja en el sector de la informática y reside en el sur de la Florida desde hace cuatro años, recuerda con claridad su llegada:
“Cuando entré por la frontera sabía que podrían darme el documento I220A, sin imaginar todas las consecuencias que podría acarrear. Sin embargo, fue mi liberación. Sentir esa libertad en ese momento fue muy importante para mí. A pesar de las trabas que esto impone para lograr una condición definitiva, nunca he dejado de sentirme libre, y eso es lo más importante para todos los cubanos.”
Cabrera describe las dificultades que enfrentan quienes poseen este estatus:
“Nos niega el acceso a la Ley de Ajuste Cubano, que nos permitiría legalizarnos, hacernos residentes y eventualmente acceder a la ciudadanía de esta gran nación. Vivimos en una situación de incertidumbre legal, sujetos a la posibilidad de deportación de vuelta al régimen cubano, lo que genera un temor constante, porque todos sabemos las consecuencias que eso trae. La mayoría hemos venido huyendo de esa situación y conocemos la persecución política que existe. Limita nuestra vida diaria.”
La demanda colectiva presentada en Miami por el abogado Eduardo Soto y su equipo de trabajo, aunque aún no se ha concretado, representa para Héctor un rayo de esperanza:
“Nos muestra que hay un camino posible hacia una resolución. De tener éxito, nos permitirá convertirnos en residentes y construir la estabilidad que necesitamos para avanzar, incluso contribuir a la derrocación del régimen en La Habana, porque si no tenemos estabilidad no vamos a llegar a ninguna parte.”
Por su parte, Karen Carvajal, estudiante de enfermería, destaca los impactos personales y familiares del estado legal I-220A:
“Desde que llegué no sabía que esto iba a ser tan complicado. Uno viene con la esperanza de llegar al país de las oportunidades, de lograr cosas, de cumplir sueños, y por lo menos nosotros estamos pasando momentos horribles porque no podemos estudiar. De hecho, estoy haciéndolo en la universidad ahora porque es la única escuela que me acepta; no podemos hacer grandes cosas como teníamos planificado desde que llegamos a este país.”
La distancia y la incertidumbre también marcan el día a día de quienes enfrentan esta realidad. Karen asegura que esto refleja el profundo impacto emocional de encontrarse en un estado de constante incertidumbre:
“Cuántas madres como yo no pueden abrazar a sus hijos. Yo no tengo papeles para poder reclamarlos, y eso es algo muy doloroso. A pesar de que hacemos taxes y cumplimos con todo como está estipulado, no tenemos ningún beneficio. Es una espera constante porque no sabemos si nos darán la oportunidad de legalizarnos o no.”
Ella resalta la urgencia de una resolución:
“Yo no quiero regresar a Cuba; mi plan no es regresar. Pero una de las cosas más difíciles es no poder abrazar a mi hijo, abrazar a mi familia. Mi objetivo es reunirme con ellos aquí, que mi hijo pueda venir y tener un futuro, que es por lo que estoy luchando y por lo que sé que muchos con estatus I220A están luchando aquí, sin poder estar con su familia.”
El propio Eduardo Soto y otros especialistas en inmigración consultados por nuestro medio señalan que, de prosperar, la demanda sentaría un precedente importante, asegurando derechos a miles de cubanos y ofreciendo un camino hacia la estabilidad para quienes han contribuido al país, pero permanecen en la incertidumbre legal.
Mientras la comunidad espera la decisión de la jueza, que escuchará los argumentos orales el próximo 12 de diciembre, para muchos cubanos este proceso simboliza más que un simple procedimiento: es la esperanza de seguridad, reconocimiento y la posibilidad de construir un futuro estable en Estados Unidos.