Mientras el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado y el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril, Europa responde a una crisis que afecta intereses vitales con una combinación conocida de declaraciones dispersas, contactos tentativos y la expectativa implícita de que alguien más resuelva el problema.
Francia e Italia abrieron conversaciones con Teherán para garantizar el paso seguro de sus buques. El propio ministerio italiano matiza que se trata de contactos exploratorios para “entender cuándo los iraníes quieren desescalar”. El Elíseo remite a un mensaje de Emmanuel Macron en redes sociales como señal de actividad diplomática. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa italiano insiste en que Europa debería hablar “con una sola voz”, una fórmula que describe más una aspiración que una realidad. Cada capital actúa con su propio guion, sin que exista una estrategia común visible.
El cierre de Ormuz impacta directamente sobre el sistema energético global por lo que es más que una cuestión de coordinación diplomática. Por ese estrecho pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Europa no necesita depender exclusivamente del crudo del Golfo para sufrir sus consecuencias, sólo basta con que una parte significativa de la oferta mundial desaparezca del mercado para que el precio del petróleo suba y afecte al conjunto de las economías industriales. El combustible que mueve camiones, aviones y plantas industriales en Europa depende de un mercado global cuya estabilidad pasa por ese corredor marítimo de apenas unas decenas de kilómetros de ancho.
La vulnerabilidad no es abstracta. El aumento del precio del petróleo se traduce rápidamente en costos de transporte más altos, presión sobre la inflación y márgenes industriales más estrechos. En un continente cuya estructura económica depende de cadenas logísticas complejas y de energía relativamente accesible, una disrupción prolongada en el Golfo tiene efectos inmediatos.
Frente a ese escenario, la reacción europea revela un problema más profundo. Europa posee marinas modernas y capacidad militar significativa. Francia, Italia, España, el Reino Unido y otros países mantienen flotas capaces de operar en aguas lejanas. Sin embargo, la cuestión central no es la capacidad técnica, sino la voluntad política de utilizarla de manera coordinada y autónoma. Cuando el riesgo de confrontación aumenta, la respuesta europea tiende a esperar a que Washington defina el marco de acción.
La condición mencionada por algunos funcionarios europeos lo resume, la protección del tráfico marítimo sería posible si el entorno es “permisivo”. Es decir, Europa puede actuar cuando el riesgo es bajo. Cuando el riesgo crece, la expectativa es que la arquitectura de seguridad liderada por Estados Unidos absorba el problema.
Esta dinámica es el resultado de décadas de decisiones estratégicas. Europa redujo de forma sostenida su gasto militar después del final de la Guerra Fría, externalizó gran parte de su seguridad a la OTAN y desarrolló una identidad internacional basada principalmente en herramientas diplomáticas, económicas y regulatorias.
Ese modelo funcionó durante mucho tiempo porque el entorno estratégico lo permitía. La estabilidad relativa del sistema internacional y la presencia constante de Estados Unidos en la arquitectura de seguridad global lo hicieron posible.
La guerra en Ucrania ya expuso las limitaciones del modelo. La reacción inicial europea fue significativa en términos de sanciones, ayuda económica y apoyo militar. Con el paso del tiempo, sin embargo, aparecieron las divisiones internas. Los bloqueos políticos dentro del propio Consejo de la Unión Europea, incluida la capacidad de algunos gobiernos para paralizar decisiones estratégicas, muestran las dificultades de sostener una política exterior coherente cuando los intereses nacionales divergen.
La crisis de Ormuz revela esa fragilidad en otro escenario geográfico. El problema está en la dificultad estructural de actuar como un actor estratégico unificado cuando la situación exige decisiones rápidas, riesgo político y uso potencial de fuerza.
La Unión Europea tiene eficacia en otras dimensiones del poder internacional. Es un mercado gigantesco, una potencia regulatoria capaz de definir estándares globales y uno de los mayores actores comerciales del mundo. Sus decisiones en materia de regulación tecnológica, competencia o comercio tienen impacto global.
El problema aparece cuando el escenario exige instrumentos de poder duro. En ese terreno, la arquitectura institucional europea depende de la voluntad de los Estados miembro y de consensos políticos difíciles de alcanzar. El resultado es una paradoja porque una de las mayores economías del planeta cuya seguridad estratégica depende en gran medida de decisiones tomadas fuera del continente.
La crisis en el estrecho de Ormuz visibiliza esta cuestión. Cuando el sistema internacional exige coordinación estratégica, capacidad de riesgo y voluntad de acción, Europa muestra con frecuencia que su poder es inmenso en el terreno económico y regulatorio, y mucho más limitado cuando la estabilidad de las rutas energéticas o del orden internacional depende de decisiones de seguridad.
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