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MIAMI.- El Tribunal Supremo de España se opone a indultar a los 12 líderes independentistas catalanes presos, pero el Gobierno de Pedro Sánchez se apresta a hacerlo para, según aseveran entendidos en la política del país ibérico, complacer al partido Esquerra Republicana de Catalunya, que ostenta 12 escaños en el Congreso y ayuda a sostener la administración socialista.

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El máximo organismo gestor de la justicia española falló por unanimidad que no indulta porque “no hay indicio de arrepentimiento”, y lo que es peor, los penados insisten en que volverán a invocar la independencia de Cataluña sin cumplir con la ley, que dicta contar con el permiso del Congreso español para realizar plebiscito regional y referendo nacional.

Sánchez defiende los indultos porque ello “ayudaría a resolver el problema”, aunque no define cuál es el ‘problema’ que supone.

“El problema no es el indulto. Los separatistas catalanes quieren mucho más que eso. El problema es que, si no promueve el indulto al menos, perdería los 12 votos que sustentan su gobierno en el Congreso”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el profesor de Derecho de la Universidad de Lleida, la más antigua de Cataluña, Ferran Espaser.

En efecto, los separatistas catalanes apuestan por una amnistía para quienes consideran “presos políticos”, aunque las condenas carcelarias responden al incumplimiento de la Constitución y en algunos casos a hechos de malversación.

Coste

Incluso dentro de las filas del Partido Socialista Español (PSOE) hay voces que se oponen. Varios de los llamados barones, presidentes regionales y otras figuras creen que hacerlo “no solo es inmoral, sino además perjudicial” porque perderían votos en las próximas elecciones de quienes creen en la Constitución.

“Es necesario un acuerdo previo dentro del partido antes de decidir sobre los indultos”, señaló el Gobierno de Extremadura, mientras el expresidente del Gobierno español Felipe Gonzalez, también socialista, rechaza la condonación porque “no hay arrepentimiento”.

“Más que el indulto, me preocupa que permitamos a quienes incumplan la ley ocupar cargos de poder”, recalcó González en franca alusión a quienes ocupan puestos públicos mientras atentan contra la Constitución.

Por otra parte, la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opina que Sánchez trata de “ocultar los indultos” con “subida de impuestos y precio de la luz”, mientras “30 millones de ciudadanos”, de los 47 que tiene el país, “se oponen”.

Puigdemont

Entretanto, el expresidente catalán Carles Puigdemont, que promulgó la declaración unilateral de independencia y minutos después huyó al extranjero, recuperó su inmunidad como eurodiputado, mientras el Tribunal General de la Unión Europea examina el caso.

“Es inaudito escucharlo pedir a la Unión Europea que obligue a España a acatar las decisiones de la comunidad de países, cuando él no respeta la ley española”, señaló el académico Espaser.

Tanto el académico Espaser, como la mayoría del país comprenden que un número indeterminado de catalanes no se sienten bien con las normas sociopolíticas y económicas que son dictadas desde Madrid y que incluso se sientan “maltratados”, según su punto de vista, pero la manera de hacer las cosas, todos coinciden, es “a través de la ley”.

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