MIAMI.- El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, criticó con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de aplicar una política de "deriva radical" contra las empresas, basada en medidas intervencionistas que, según él, están rompiendo el diálogo entre empresarios y sindicatos.
Las declaraciones, formuladas en una entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS tras su reelección por unanimidad para un nuevo mandato de cuatro años al frente de la patronal granadina, llegan en un momento de creciente tensión entre el Ejecutivo y un sector empresarial que reclama menos burocracia, una rebaja de la presión fiscal y un freno a lo que considera injerencias en la gestión privada de las compañías.
Cuerva, que ejerce el cargo en la CGE desde 2006 y fue presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE entre 2019 y 2025, sostuvo que el actual Gobierno mantiene una agenda alejada de las necesidades reales de las empresas.
Aseguró que poco puede esperar el empresariado de una Legislatura que considera prácticamente agotada. Entre las propuestas oficiales que más rechazo le generan citó la creación de un observatorio para fiscalizar los beneficios empresariales, una iniciativa que tachó de “fuera de lugar” porque, sostuvo, presupone una vigilancia política sobre la rentabilidad legítima de las compañías.
Para el dirigente granadino, esa fiscalización forma parte de un patrón más amplio que vincula con un giro ideológico de Sánchez. Recordó que, en su discurso de toma de posesión, advirtió de que “no está en su ADN guardar silencio” y que su decisión de haber optado a un nuevo mandato responde, en parte, a su preocupación por la situación de Granada y por lo que describe como un “desgobierno” en España.
“La empresa española se enfrenta a una situación complicada, con un incremento de costes que duplica o tiene doble dígito en los tres últimos años”, subrayó.
Sindicalización de las pymes y fin del diálogo social
Otro de los focos de crítica fue el intento, atribuido al Gobierno, de introducir representación sindical en los órganos de administración de las pequeñas y medianas empresas.
Cuerva calificó esa pretensión de injerencia directa en la gobernanza corporativa y advirtió que esto supone una ruptura con el modelo de relaciones laborales vigente.
Más allá de la presencia sindical, el líder gremial alertó sobre lo que considera el riesgo más grave: la sustitución del diálogo social tradicional por comisiones de expertos designadas a discreción por el gobierno.
En su análisis, ese viraje desplaza a las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios en favor de estructuras técnicas afines al poder político, lo que erosiona la legitimidad de la concertación. Reivindicó frente a esa tendencia un modelo de libre mercado y subrayó que las muestras del actual rumbo se han multiplicado en los últimos años.
“Sustituir ese diálogo sincero entre sindicatos y empresarios por comisiones de expertos nombrados ad hoc por el gobierno poco sentido tiene”, remarcó.
Costes disparados y burocracia asfixiante
El dirigente empresarial granadino describió un panorama macroeconómico adverso para las compañías españolas, marcadas por un incremento de costes que, según indicó, alcanza el doble dígito en los tres últimos años.
En esa escalada confluyen los costes laborales, el precio de la energía, las materias primas y, sobre todo, una carga burocrática que atribuyó a la ineficiencia administrativa. Reclamó una política centrada en la armonización normativa, la simplificación de trámites y el acompañamiento real a la actividad productiva.
Cuerva enmarcó este diagnóstico en una crítica más amplia a la falta de prioridad política de dos conceptos que considera esenciales: productividad y competitividad. A su juicio, ambos términos deberían figurar en el centro del debate público y, sin embargo, han quedado relegados tanto en la agenda nacional como en la provincial.
Transición energética sin “engañar a la gente”
El presidente de la CGE, que dirige una empresa familiar con 86 años de trayectoria en el sector eléctrico, también cuestionó el relato oficial sobre la transición energética.
Opinó que la electrificación de la economía y el despliegue de renovables conllevan un sobrecoste inevitable que, a su entender, las administraciones no están trasladando con honestidad a la ciudadanía.
Apuntó que el precio de la energía ha dejado de ser una variable exclusiva de los sectores intensivos para convertirse en un factor crítico en prácticamente cualquier proceso productivo, lo que agrava la pérdida de competitividad de las pymes.
Reclamó un esfuerzo inversor sostenido en redes de distribución eléctrica como condición indispensable para que el cambio de modelo energético sea viable. De lo contrario, advirtió, el discurso de la economía verde quedará reducido a una promesa incumplible.
“No podemos engañar a la gente. La energía renovable tiene un precio diferente y su gestión es completamente distinta a la convencional”, apuntilló.
El dirigente granadino, reelegido el pasado 3 de febrero como única candidatura presentada, cerró su intervención con un mensaje de esperanza dirigido a los jóvenes emprendedores, a quienes animó a impulsar sus proyectos con ilusión y constancia.