domingo 24  de  marzo 2024
España

España: Test falsos, facturas millonarias y muchas dudas

El Ministerio de Sanidad de España compra tests defectuosos por millones de euros, China se llena los bolsillos, y los ciudadanos protestan
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Desde hace algunas semanas se ha reportado en varios medios de prensa en España un incremento de las molestias entre los ciudadanos en torno al manejo de los fondos públicos por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno integrado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El uso de millones de euros para la compra de mascarillas, tests de coronavirus (COVID-19), y otros insumos médicos necesarios, se ha interpretado por muchas personas como un desfalco a las arcas del Estado, y por ende un “robo” a los españoles que contribuyen con sus impuestos para recibir un servicio de salud.

Quejas en redes sociales, en las calles y hasta en demandas (como una firmada el 30 de abril, que se adjunta al final del artículo), engrosan un conjunto de voces que se alzan para oponerse a lo que han calificado como un “delito público”.

Pero, ¿a qué se deben estas protestas? ¿Por qué hay tantas personas denunciando al binomio socialista de Sánchez e Iglesias? Según un reporte del diario español El País, el Gobierno habría gastado hasta la actualidad más de 350 millones de euros en material sanitario.

Entremos en detalle

Lo curioso es que estas cifras que ahora son de dominio público y aparecen en medios de prensa, se dieron a conocer a partir de abril, cuando por primera vez el Estado comenzó a publicar estos datos. Asimismo, se revelaron los nombres de las empresas intermediarias que proveían estos insumos para la salud.

Entonces se supo de los tests de COVID-19 defectuosos que España compró a Interpharma con un adelanto de siete millones de euros (que luego recuperó, como ha dicho el Gobierno) entre otras decisiones que parecen desesperadas y tomadas a la ligera. Algo parecido ocurrió con la empresa china Bioeasy, a la cual España tuvo que devolver 640.000 tests que no funcionaban. En esta ocasión habían pagado más de 17 millones de euros por 659.000 kits diagnósticos. Un cálculo rápido lo dice todo: cada test fue comprado por un valor de 26 euros.

Como dice el refrán popular, “cuando el río suena es porque piedras trae”. La razón de este “destape” o “generosidad” del Gobierno al entregar toda (o casi toda) la información, se puede leer como un intento por demostrar transparencia, ley cuya aplicación, por cierto, se ha congelado en tanto quedan suspendidos los plazos de entrega de información a los ciudadanos.

También podría deberse al fiasco comercial de España en su compra millonaria (sobre todo a China y a un montón de intermediarios que se llenan los bolsillos) de productos que han resultado ser de baja calidad o defectuosos.

Mascarillas, ¿cuánto cuestan?

En torno a las mascarillas, un elemento de alta demanda tanto en centros de salud como en lugares públicos, se ha generado mucha polémica. Como indica el periódico El País, el Ministerio de Sanidad ha pagado más de 250 millones de euros para la compra de mascarillas. En unos casos, unos lotes de mascarillas fueron comprados a razón de 0,51 euros por unidad; en otros, Sanidad ha pagado 3,56 euros.

Las mascarillas también fueron objeto de accidentados manejos por parte del Gobierno. Como reporta el medio OK Diario en un artículo del 17 de abril, España tuvo que retirar “miles de mascarillas ‘fake’ que había repartido entre las Comunidades Autónomas. ¿Por qué? No cumplían con la normativa europea. Y muchos podrían preguntarse en este punto: ¿Esos controles de calidad no deberían realizarse antes de adquirir los productos, sea comprados o recibidos como donación?

Sanidad informó a los gobiernos autonómicos que no usaran esas mascarillas. Como reporta el diario antes citado, advertían a los hospitales que revisaran del siguiente modo los paquetes de mascarillas recibidas en sus instalaciones.

Que no usaran las mascarillas “cuyo embalaje lleva marcado N95 y código de barras 6 972306 630042”. Y ha aclarado que las que se podían usar, o que eran efectivas ante el COVID-19, estaban “sin identificación, sin envoltorio (suelta) y no lleva ningún tipo de marcado”. Esta sí cumpliría con los requisitos “para ser considerada como FFP2”.

Dentro de la saga de las mascarillas, ya el Gobierno había tenido otro desajuste al enviar a Madrid, a principios de abril, 60.000 mascarillas procedentes de China. En las cajas se leía que se trataba de mascarillas FFP2, pero en el interior había simples mascarillas quirúrgicas, de menor protección.

Un curioso dato dentro de la serie de los desaciertos con las mascarillas es la incongruencia entre las primeras medidas y recomendaciones por parte de las autoridades de Salud, y los cambios abruptos en las decisiones posteriores.

Algo así ocurrió con la declaración del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. En febrero, como indica el medio OK Diario, Simón había dicho que el uso de mascarillas en personas sanas no tenía sentido. Sin embargo, ahora es necesario usarlas en el transporte público, dice el Gobierno.

Esta “indefinición” había sido resaltada también por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien criticó al Gobierno por decir que el uso de mascarillas era “altamente recomendable si está garantizado el suministro”. Con algo de sentido común, no pocos estarían de acuerdo con el alcalde en que “es recomendable o no, con independencia del suministro”.

Fue a finales de abril cuando el Gobierno tomó medidas para controlar el desbarajuste comercial de la venta de mascarillas quirúrgicas, según informó el periódico El Confidencial. Estas se llegaban a vender a un valor que oscilaba entre 1 y 2,5 euros. De ahí que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara el 21 de abril un precio fijo de 0,96 euros (con impuestos incluidos).

Geles, publicidad y batas protectoras

El tope de valores también incluyó los geles desinfectantes, cuyos precios solían fluctuar de forma desequilibrada. Como se informa en el Boletín Oficial del Estado de este martes 5 de mayo, el Gobierno fijó un precio máximo a los antisépticos tan demandados (en internet se llegaron a vender geles a 70 euros).

Asimismo, revisó el aumento de los precios de las soluciones hidroalcohólicas y geles desinfectantes que son vendidos en envases de 150 mililitros en adelante.

Por otro lado, trascendió que en pagos de publicidad para difundir mensajes sobre salud y prevención en medio de esta crisis, el Gobierno ha gastado más de 4 millones de euros. Pareciera que el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que abre el diapasón a la toma de medidas urgentes, como las mencionadas arriba, para paliar la crisis ante el COVID-19, ha dado rienda suelta a un ingente despilfarro de dinero público.

En el desespero del Gobierno español al comprar insumos sanitarios también entran las batas protectoras. Un reporte de OK Diario indica que España compró estas batas a empresas chinas “a un precio 66 veces mayor que las adquiridas a compañías españolas”. A todas luces, una transacción que se define como despilfarro y que ubica a las sobrevaloradas batas como el oro blanco de la crisis del coronavirus en ese país europeo.

Una prórroga para el estado de alarma

Por su parte, el gobierno español pedirá al Parlamento este miércoles una nueva prórroga del estado de alarma, por dos semanas hasta el 24 de mayo. El presidente Pedro Sánchez dijo que la prórroga es “el único instrumento que permite al gobierno luchar contra el coronavirus y salvar vidas”.

El ministro de Salud, Salvador Illa, dijo que el estado de alarma, que le permitió al Gobierno imponer la cuarentena, ha sido “esencial” para reducir la tasa diaria de contagio de 35% a 0,4%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió que las medidas económicas para mitigar el golpe de la pandemia dependen de la legislación de emergencia.

Si el Partido Popular vota contra la prórroga, podría desbaratar los planes del gobierno para combatir la pandemia. Podría decidir por la abstención, en cuyo caso el pedido del gobierno probablemente ganaría la votación.

El cierre de la mayor parte de la actividad económica española durante el estricto confinamiento de abril disparó el número de desempleados a un total de 3,8 millones de personas, la cifra más alta en casi cuatro años, informó el gobierno.

En abril se registraron como desempleadas 282.891 personas, 8% más que el mes anterior, según los datos del Ministerio de Empleo.

Más de 300.000 habían perdido ya su trabajo el mes anterior, después de que las autoridades declararon el estado de emergencia el 14 de marzo, habilitando el marco legal para confinar a los españoles en casa y combatir una pandemia que ha matado al menos a 25.000 personas en todo el país.

Las estadísticas de desempleo no incluyen a los millones de trabajadores en España que vieron suspendido su empleo o reducida su jornada de forma temporal.

Por otra parte, España reportó el martes 185 decesos más ligados al coronavirus, para un total de 25.613 personas que han sucumbido al COVID-19, la enfermedad causada por el virus.

La cifra, que está en línea con la desaceleración de los contagios en el país, no incluye a las miles de personas que fallecieron en residencias de ancianos en marzo y abril antes de ser sometidas a la prueba.

Pese a la escasa capacidad del país para realizar pruebas hasta recientemente, los datos del Ministerio de Salud mostraron que los contagios subieron el martes hasta 250.000, incluyendo 30.000 pacientes que fueron identificados por pruebas de anticuerpos tras haber superado la enfermedad o haberla pasado asintomáticos.

Según los datos, la mayoría de los nuevos contagios se registran entre trabajadores sanitarios.

La tendencia a la baja en el número de casos es clara y el objetivo de las autoridades españolas es evitar un rebrote, señaló Fernando Simón, responsable de la respuesta sanitaria al virus. Más de 123.000 personas se han recuperado de la enfermedad, agregó.

España comenzó a aliviar esta semana las medidas de confinamiento decretadas a mediados de marzo, unas de las más estrictas del mundo.

FUENTE: AP / El País / OK Diario / El Confidencial / Página web del Gobierno de España / Boletín Oficial del Estado (BOE)

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