-11 de septiembre de 2021. Cinco meses después de haberse juramentado como primer ministro de Haití, Ariel Henry promete celebrar elecciones en 2022, tratando de acallar a una oposición cada vez más crítica de la forma en que llegó al poder.
-21 de diciembre de 2022. Con las elecciones pospuestas, Henry firma un acuerdo en el que se compromete a dejar el cargo cumplidos los 14 meses.
-1 de enero de 2023. En el día del aniversario de la Independencia Nacional, el jefe de Gobierno anuncia que este año sí habrá elecciones.
-7 de febrero de 2024. Llegada la fecha del fin de su mandato, Henry vuelve a romper su palabra. Luego, el día 28 de ese mismo mes y con un país en estado de ebullición, el primer ministro anuncia que habrá elecciones a mediados de 2025.
Hace unos días, presionado por las pandillas, impedido de volver a su país y acorralado por la comunidad internacional, Henry notificó a través de un video que su gobierno renunciará inmediatamente después de la instalación de un consejo presidencial de transición acordado por la oposición haitiana y la Comunidad del Caribe.
¿Fue esta su última promesa?
“La decisión de Ariel Henry no solucionará nada en absoluto”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el analista político haitiano Georges Michel, quien como muchos, duda de que esta nueva crisis esté cerca de resolverse.
“El Consejo Presidencial tampoco solucionará nada; colapsará muy rápido”, agregó Michel a través un correo electrónico.
El escepticismo abunda en estos días en Haití, donde uno de los principales líderes de la oposición, Jean-Charles Moïse, se negó a participar en el consejo y ciertos políticos ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para nombrar a su representante en el organismo que debe designar a un nuevo primer ministro y facilitar la selección de un consejo electoral provisional que convoque a elecciones.
Finalmente, cinco de siete organizaciones que fueron llamadas a integrar el consejo presidencial decidieron y enviaron al CARICOM los nombres de sus delegados, entre ellos Leslie Voltaire, por Fanmi Lavalas; Fritz Jean, por el Acuerdo de Montana; Ghyslaine Monpremier; por RED/EDE/Compromis Historique; Laurent Saint Cyr, por el sector privado; y Edgar Leblanc, por el Colectivo 30 de Enero.
Adelantándose a un escenario probable, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a principios de semana a la clase política haitiana que actúe con responsabilidad y que tome medidas para implementar el acuerdo a fin de restaurar la democracia a través de sus instituciones y de elecciones justas y participativas.
Mientras tanto, existen dudas sobre la palabra de Henry y sus verdaderas intenciones. Jean Junior Joseph, asesor especial del aún primer ministro haitiano, dijo a CNN que la actual administración “no entregará el país sólo a un grupo de personas sin seguir el procedimiento”, y otra fuente dijo a la cadena que el funcionario "tiene toda la intención de regresar a Haití tan pronto como pueda y se hayan decidido ciertos acuerdos".
Henry está en Puerto Rico desde el 5 de marzo, luego de que las autoridades de República Dominicana le prohibieran a su avión aterrizar en ese país. El gobernante volaba procedente de Estados Unidos, adonde llegó tras su gira por Guyana y Kenia, país en el que suscribió un acuerdo para facilitar el desplazamiento de policías kenianos en Haití.
Crisis
Las protestas contra el primer ministro se iniciaron el 7 de febrero, coincidiendo con la fecha en que debía dejar el poder. Las manifestaciones se intensificaron con el paso de los días hasta que las poderosas pandillas (no casualmente según algunos) reaparecieron en escena.
En la actual crisis gravitan las muertes, la inseguridad y la destrucción que las bandas provocan en casi toda la capital y en algunos departamentos del país. Sin contar a Guy Philippe, el exoficial de policía que, tras pasar seis años en una prisión de EEUU, volvió a Haití el año pasado dispuesto a tomar el poder.
“Estamos ante una coyuntura política de mucha incertidumbre, ante un callejón sin salida; vivimos una situación de caos organizado…”, dijo recientemente a DLA el analista político haitiano Camille Chalmers, a propósito de la situación en Haití.
Ariel Henry —agregó Chalmers en una videollamada— querría seguir en el cargo para cumplir sus propósitos: reformar la Constitución para silenciar los espacios de participación, controlar los estamentos de poder y reconcentrarlo alrededor del presidente; realizar unas elecciones bajo su control, hecho que enfrentará la resistencia de la población, aun cuando ésta se encuentre debilitada por las bandas, los flujos migratorios y su frágil situación económica.
Consecuencias
Precisamente es el pueblo haitiano el que paga las consecuencias. Entre finales de febrero y principios de marzo, casi 200 personas fueron asesinadas, al menos treinta instituciones y 600 hogares fueron saqueados e incendiados, al igual que medio millar de vehículos públicos y privados, y más de quince mil habitantes de Puerto Príncipe se vieron obligados a dejar sus hogares.
¿Cómo llegó Haití hasta aquí? Al margen de sus problemas estructurales, casi todos están de acuerdo en que el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 profundizó una crisis política que ya existía entre el gobierno y la oposición, y que la llegada anómala de Henry al poder (que no fue ratificado por el Parlamento) sólo causó un cambio entre los actores políticos enfrentados.
Distraído de sus obligaciones, el nuevo primer ministro se empeñó en mantener el cargo mientras las pandillas aprovecharon la debilidad de las instituciones para ir ocupando poco a poco mayores espacios en la capital y el resto del país, al punto de convertirse en una fuerza incontrolable.
Para ayudar a la policía haitiana, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a principios de octubre de 2023 el envío de una misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que estaría liderada por Kenia. Sin embargo, la ausencia todavía de fondos (ascendentes a 600 millones de dólares), el vacío de poder en Puerto Príncipe, el entramado legal y cuestionamientos sobre la legitimidad del acuerdo, siguen aplazando la llegada de esa fuerza.
Sólo la Policía Nacional, con 15.498 efectivos reportados en 2023 (a razón de 1,3 agentes por cada 1.000 habitantes), es la encargada de la seguridad en el país, pero el poder de las bandas ha sobrepasado su capacidad. El año pasado, 37 policías cayeron cumpliendo su deber (más de una decena en lo que va de 2024), y según la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), María Isabel Salvador, 1.600 agentes dejaron la institución en 2023, muchos para emigrar en busca de mejores oportunidades.
A principios de enero, el International Crisis Group, una organización independiente con sede en Bélgica, que trabaja para prevenir guerras, colocó a Haití entre los 10 conflictos mundiales (con Gaza, Sudán, el Sahel y Ucrania) a tomar en cuenta en los siguientes meses.
En un informe, el grupo estimó que, con 15.000 agentes haciéndole falta, la policía no puede hacer frente a las pandillas que podrían aliarse para luchar juntas en combates que pondrán en riesgo a civiles inocentes, mientras los vínculos entre policías corruptos y las bandas podrían dificultar el secreto operativo de la misión extranjera.
Además, recomendó tomar en cuenta la situación de los pandilleros capturados en función de los penosos sistemas carcelario y judicial haitianos; detener el flujo de armas y municiones hacia el país, y cortar el “fuerte vínculo entre las pandillas y las élites políticas y empresariales haitianas”.
¿Cuál será finalmente el costo de la intervención que muchos haitianos rechazan?
Hasta aquí llega el escepticismo de Georges Michel, el analista político haitiano: el proceso de pacificación —dice— destruirá todo lo que encuentre a su paso. Es inevitable.
El autor es periodista, vicepresidente regional por Haití de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), columnista y colaborador de varios medios en América Latina y Estados Unidos. Actualmente radica en Miami
