El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó este viernes la necesidad de un verdadero diálogo en Burundi para poner fin a la crisis en el país, al tiempo que pidió al Gobierno más medidas como la liberación de presos políticos.
Ban, en una reunión del Consejo de Seguridad, alertó además sobre las violaciones de los derechos humanos que se registran en la nación africana y subrayó el peligro de que la situación quede fuera de control si no se detiene la violencia.
El diplomático, que en febrero viajó a Burundi para tratar de contribuir a una salida pacífica al conflicto, destacó los pasos positivos dados durante su visita, incluido el compromiso del presidente, Pierre Nkurunziza, de liberar hasta 2.000 detenidos y de permitir las operaciones de medios de comunicación críticos.
"Ahora esperamos la implementación completa de estas medidas y más pasos en la misma dirección, entre ellos la liberación de presos políticos y el fin de las restricciones sobre la sociedad civil y medios", dijo Ban.
Además, insistió en que las fuerzas políticas deben continuar el diálogo que iniciaron durante su visita al país y poner en marcha un "proceso político creíble".
Ban explicó que, frente a las afirmaciones del Gobierno de que la situación sobre el terreno se estaba calmando, en sus contactos con la oposición y con organizaciones civiles vio una realidad muy distinta.
"Escuché acusaciones muy preocupantes de violencia y de violaciones de los derechos humanos, incluidas contra mujeres y niños", explicó.
Además, destacó el impacto humanitario de la crisis, que ha hecho huir del país a más de 250.000 personas.
Ban dejó claro el compromiso de la ONU para seguir cooperando con las partes para evitar una guerra en el país y poner fin a la violencia y las tensiones actuales.
En ese sentido, Francia adelantó hoy que va a presentar al resto de miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución sobre Burundi.
El embajador francés, François Delattre, adelantó a los periodistas que el texto se basará en la necesidad de reforzar la presencia internacional en el país para reducir las tensiones, la importancia del diálogo y la defensa de los derechos humanos.
La crisis se desató en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohíbe la Constitución y viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.
De momento, la presión internacional no ha hecho recapacitar al mandatario, que sigue acusando a Ruanda de suponer un "peligro" para la paz en el país e interferir en la resolución del conflicto.
Estas acusaciones, siempre desmentidas por el Gobierno ruandés, son vistas por la oposición burundesa como un intento de externalizar la crisis para eludir responsabilidades.
Pese a las promesas que Nkurunziza ha hecho a la comunidad internacional para retomar el diálogo con la oposición, la persistente inestabilidad y violencia en el país hacen dudar sobre las posibilidades reales de que se ponga fin a la crisis de forma pacífica.
