JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Especial
Los grandes inversores y las principales instituciones europeas miran con lupa a España. El último ha sido el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha pedido a los líderes políticos españoles un Gobierno “estable y lo más rápidamente posible”.
¿Por qué se le condiciona a la cuarta economía del euro, acelerar el proceso de formación de un Gobierno estable para defender su puesto en la Eurozona?
Porque España con su inestabilidad política y la amenaza de que lleguen a la Moncloa coaliciones de la izquierda radical, integradas por partidos sin experiencia de gestión y algunos sin credenciales democráticas como es el caso de ‘Podemos’, ha perdido la credibilidad ante la comunidad financiera. Y no sólo en materia económica.
La experiencia de la crisis política y el coste del fracaso de su insolvencia enseñan que el alejamiento de Bruselas puede suponer unos costes peores a los contribuyentes españoles que los impuestos por Rajoy con su política de austeridad extrema. El tiempo se acaba y a España no le queda mucho para cerrar un acuerdo que garantice la estabilidad de la nación.
Según dispone la Constitución, el Rey prepara la ronda de consultas con las formaciones con representación en el Congreso, para elegir un candidato a la presidencia del Gobierno, y de esta forma acelerar el proceso que posibilite una salida consensuada al vacío de poder y de liderazgo que vive la política española.
Sin embargo, en lugar de la búsqueda del diálogo y el consenso, los diferentes líderes políticos se ofuscan en la confrontación y el maniqueísmo, confiriéndole un sello político cada vez más sectario a sus respectivas agrupaciones. Sería muy peligroso a estas alturas que una coalición de partidos de izquierda se liase en una batalla sin cuartel contra el PP -y con la España conservadora y liberal en general- con la esperanza de manipular a los grupos antisistema, estrategia que hasta ahora le ha funcionado pero que resulta cada vez más arriesgada en una situación de inestabilidad política e institucional como la que padece actualmente el país.
Fracasa en esta forma de ver las cosas lo fundamental de un pacto nacional: que es la confianza mutua y el respeto a los electores en los partidos que les representan.
El acuerdo a cumplir descansa sobre un equilibrio político: nadie saldrá como ganador ni como perdedor. Vencerá la democracia y la legalidad constitucional.
La crisis de gobernabilidad y la posibilidad de la convocatoria de un referéndum en Cataluña, no sólo es perjudicial para España que tendrá que pagar más exigencias por su elevada deuda. Su indefensión política lastra también la estabilidad e integridad a la Eurozona en su conjunto.
No hay mayor desconfianza que la que se basa en la sospecha de que unos y otros están jugando a engañarse. Pero en realidad, con su obstinación, a quien engañan es al pueblo. Mientras tanto, los mercados seguirán en alerta como lobos en busca de la próxima presa más débil del rebaño económico.
(*) Analista y consultor
