La Guardia Civil española lleva a cabo registros y detenciones en varias ciudades en el marco de una investigación por el supuesto sobrecosto en obras del tren de alta velocidad (AVE) y que afectan a funcionarios y directivos de empresas contratistas.
Según informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, la operación implica catorce detenciones de empleados de empresas privadas y entes públicos que han tenido "un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras" investigadas, cuyo sobrecoste alcanza los 82 millones de euros.
La Guardia Civil también lleva a cabo en ciudades como Madrid y Barcelona registros de domicilios particulares y sedes profesionales de entes públicos y empresas privadas vinculadas a la red, a la que acusa de generar sobrecostes mediante duplicidades en las mediciones de los trabajos realizados.
Entre los registros figuran los de las sedes del gestor público de infraestructuras (Adif) en Madrid y en las proximidades de Barcelona.
La investigación se inició en noviembre de 2014 tras una denuncia presentada por Adif, que detectó dobles mediciones en tres tramos de las obras del AVE en La Sagrera (noreste) que reflejaban "diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se habría ejecutado", sostiene la Fiscalía en su comunicado.
El ministerio público cree que la red habría "emitido de forma reiterada e intencional sucesivas certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos efectivamente realizados por las empresas contratistas".
El ministerio público considera que existen "sólidos indicios" de que el falseamiento de las certificaciones de obra "respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, las cuales habrían estado percibiendo de ese modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente les correspondía recibir".
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