La noticia de que la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por orden del juez Claudio Bonadío, me dió un segundo pelotazo en la cabeza….y en la misma semana.

La noticia francamente no me sorprende. Es muy difícil que se abra un proceso contra un presidente o ex presidente. Debe haber evidencias suficientes para que un juez promueva una causa de esta naturaleza. 

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El asunto es de dólares, ésos que la ex mandataria tanto controló, causando dolor de cabeza a muchos argentinos que pretendían comprarlos para viajar a Estados Unidos.  

“Con el dólar futuro”, dice el juez Claudio Bonadío, “el Banco Central no hubiese podido operar sino se hubiese concretado una orden expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía, y del Poder Ejecutivo” , a cargo entonces de Fernández de Kirchner.  De acuerdo con Bonadio, las operaciones implicaron un acuerdo para vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a quienes lo compraron.

El río sonaba desde hace tiempo pero quizá ahora que Fernández no está en el poder, resultó mucho más sencillo investigar y promover el procesamiento de la mandataria.   Además de ella una docena de funcionarios de su administración, incluyendo al ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli son investigados.

A esto, falta sumar el otro dolor de cabeza de la ex mandataria argentina: la investigación que se adelanta contra ella y su hijo, el Diputado Máximo Kirchner, por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y mal uso de fondos públicos.

Aunque tanto en el caso de la ex presidenta Kirchner como en el de Dilma Rousseff en Brasil, las causas deben ser decididas por la justicia de sus respectivos países y, por lo pronto a nosotros sólo nos queda más que “presumir que son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario.”

Me da una pena ENORME la corrupción (presunta) que hemos permitido en nuestro hermoso continente: funcionarios de alto nivel de nuestros gobiernos investigados por presunto uso indebido de fondos públicos, corrupción, tráfico de influencias, fraude, cohecho, comportamiento inadecuado y falsificación de documentos. Nosotros mismos nos estamos disparando en un pie.

Para agregar a la lista, ¿se acuerda de Otto Pérez Molina, el ex presidente de Guatemala?   Ahora está preso, aunque de manera preventiva por su supuesta implicación en el fraude aduanero conocido como “la línea”, en el que también están supuestamente implicados otros funcionarios públicos y hasta su ex vicepresidenta.

Para nuestra fortuna la ciudadanía es ahora quien demanda transparencia a sus gobiernos. Se organizan y salen a la calle a dar “cacerolazos”, denunciando los abusos, los fraudes y, cuando la libertad de expresión está prohibida, organizan movilizaciones pacíficas en las calles que en algunos casos, han terminado en choques con las autoridades, como ha ocurrido en Venezuela.   Y aquí permítame agregar a Cuba en donde según el gobierno “la isla vive en democracia” (¿dónde habrán aprendido su definición del término”) y donde, con dólares se compran conciencias.

Por defender la imagen de América Latina, no debemos quitar el dedo del renglón. Debemos seguir exigiendo a los servidores públicos (a quienes pagamos un salario con nuestros impuestos), que respondan por sus actos y respeten la ciudadanía…. que no es tan boba como puede parecerles.

Le dejo el enlace al reporte más reciente de Transparencia Internacional para que vea la posición que ocupa su país en el índice mundial de corrupción.

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@LuciaCNavarro

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