martes 3  de  marzo 2026
ENFERMOS MENTALES

Nuestra incapacidad

MIAMI.- Debemos advertir que el lamentable ejemplo de la muerte de Hall es una muestra del grado de responsabilidad que corresponde a quienes fijan presupuestos para asistir a los enfermos mentales

Diario las Américas | EDITORIAL DIARIO LAS AMÉRICAS
Por EDITORIAL DIARIO LAS AMÉRICAS

MIAMI.- La madrugada del domingo 15 de febrero, la llamada de una mujer en pedido de ayuda para controlar a su hijo esquizofrénico en Miami Gardens se convirtió en tragedia.

Catherine Daniels marcó en 911 para que personas supuestamente entrenadas la ayudaran a neutralizar un episodio de ira de Laval Hall, de 25 años y el  joven, armado con un palo de escoba, terminó ultimado a balazos, después que dos oficiales que agredió resultaron heridos.

“Llamé sólo para que me ayudaran a controlarlo”, declaró después la madre desconsolada. “El oficial actuó porque el muchacho le había provocado lesiones a dos de los nuestros y ni siquiera con disparos de un taser lograron neutralizarlo”, declaró el jefe de Policía de Miami Gardens, Stephen Johnson.

¿A dónde está la razón? Sólo el resultado de una investigación en curso podría demostrarlo.

De momento, lo que debemos saber es que ante una situación similar, en lugar de llamar al 911, existe un equipo especializado para intervención de crisis, al que se puede contactar las 24 horas, a través de los números 305 774 3616 y 305 774 3617.

Pero también, debemos advertir que el lamentable ejemplo de la muerte de Hall es una muestra del grado de responsabilidad que corresponde a quienes fijan presupuestos para asistir a los enfermos mentales.

Según el perfil y récord de este joven, su padecimiento requería de un tratamiento a largo plazo en un centro especializado donde, quienes han atravesado por experiencias similares, saben que los enfermos permanecen el tiempo imprescindible, porque ningún seguro médico cubre estancias prolongadas.
La vida de un joven que terminó trágicamente por no haberlo podido controlar bajo una crisis, abre una brecha de descrédito hacia los oficiales que procedieron en el caso. Pero además, deja también la interrogante de la preparación que como sociedad tenemos para atender a personas con necesidades especiales.

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