Antes de que el Banco Central de Venezuela (BCV) iniciara sus actividades por allá en 1940, la emisión de papel moneda estaba a cargo de bancos privados bajo el patrón oro o plata y el dinero emitido en manos del público contaba con una cobertura de su contravalor en metales preciosos depositados en las bóvedas de los bancos. No había inflación, tampoco devaluación.
Los bancos centrales de la mayoría de los países del mundo son hoy instituciones muy reputadas y sus funciones consideradas como necesarias por la población. En resumidas cuentas, los bancos centrales son responsables de la emisión de monedas, del manejo y control de la masa monetaria y de la regulación de la tasa de interés y, consecuentemente, del crédito.
Adicionalmente, los bancos centrales son los prestamistas de última instancia del sistema bancario, preservando y promoviendo la liquidez y solvencia de los bancos y fijando los encajes y los tipos de interés para regular operaciones interbancarias. También actúan administrando la política cambiaria, la cámara de compensación bancaria y las reservas internacionales del país.
Durante varias décadas la estabilidad del bolívar se basó en una política de respaldo en oro superior al 50%, mientras el BCV tenía, además, abundantes divisas.
Luego de un largo período de cierta autonomía, el BCV que había nacido como un monopolio privado con participación del Estado, fue la primera víctima de la sobrepolitización de la economía cuando el Gobierno que manejaba el Estado, siendo este accionista minoritario del BCV, decidió reservarse el nombramiento de su junta directiva y ordenar bajar del 50 % el respaldo en oro de la moneda nacional.
Entre esta primeriza y aparentemente ingenua vulneración de autonomía y la exigencia del millardito de dólares de las reservas internacionales, para gasto corriente, efectuada públicamente por Hugo Chávez al BCV en el 2004, tan sólo hay una diferencia de matices.
Esos polvos trajeron estos lodos. Nunca debió permitirse la intromisión de la política o de la ideología en el manejo de los asuntos del BCV.
Aunque es prácticamente imposible determinar si la politización del BCV fue inicialmente la causa o la consecuencia del desastre económico que ha sacudido a Venezuela durante décadas, lo que no deja lugar a dudas es que cuando su autonomía fue respetada los ciudadanos contábamos con una moneda sólida y una inflación controlada y relativamente baja.
De acuerdo a lo que dispone el inconstitucional Decreto con Rango de Ley Orgánica que pretende modificar la Ley del Banco Central de Venezuela, dictado por Nicolás Maduro bajo una muy cuestionada Ley Habilitante, entre gallos y medianoche del 30 de diciembre de 2015, tanto el Presidente como los seis directores del BCV, incluyendo a su Vicepresidente, han de ser designados por el Presidente de la República y durarían siete años en sus cargos.
La propuesta de Control Civil es que las autoridades del BCV estén conformadas por nueve Directores venezolanos, mayores de cincuenta años de edad, de profesión economistas, preferiblemente con doctorado pero por lo menos con un post-grado, de entre los cuales uno funja como Presidente y otro como Vicepresidente y que sean designadas por el Consejo Rector del Poder Civil, bajo un concurso público de credenciales y con posibilidades de oposición.
Se propone exigir que durante los diez años que precedan a la designación de los Directores del BCV, ninguno haya militado en partido político alguno y ni ellos ni sus familiares cercanos hayan ocupado cargo de responsabilidad en los Poderes Ejecutivo o Legislativo.
En cuanto a la duración de los cargos directivos del BCV, lo ideal es que estos no guarden relación alguna con el período político presidencial, por lo que se propone que los Directores duren únicamente seis años en sus cargos, buscando que cada dos años roten tres de ellos.
Para garantizar que los ciudadanos designados a ocupar los cargos directivos del BCV puedan dedicarse tiempo completo al mejor desempeño de sus responsabilidades, sin tentaciones o desviaciones de cualquier naturaleza, Control Civil propone que se les ofrezca una muy buena remuneración durante la vigencia de sus gestiones. De igual manera se propone que, de lograr el cumplimiento o mejora de ciertos indicadores económicos previamente determinados por el Consejo Rector del Poder Civil, a cada uno de ellos al concluir sus mandatos se les haga acreedor de una excelente bonificación que les permita retirarse en paz y tranquilidad, como contraprestación por un gran servicio a la sociedad.
[email protected] / @juanriquezes
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