Cilia Flores dirige red de extorsión judicial

Para dar instrucciones a los miembros del Poder Judicial ha sido encargada Bárbara Andreína Rojas Ojeda, asistente de Elsa Gómez presidenta de la sala penal. Su abordaje es sencillo, directo y persuasivo vía telefónica: esto es lo que Cilia quiere, lo que conviene a la familia.

Estas mujeres vienen trabajando desde hace bastante tiempo y ocupan puestos claves como la presidencia de la Sala Penal, o la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría de Tribunales, la presidencia del Circuito Penal y dentro de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidiendo las sentencias de casación en materia penal.

La banda no se oculta, al contrario, se muestra y publicita, como la nuera de Cilia Flores, Jennifer Fuentes, madre de Walter y Jacob Gavidia Flores cuando fue ascendida recientemente a directora ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, responsable de administrar la carrera judicial, coordinar la gestión interna y apoyar la estructura operativa del Poder Judicial.

Otros personajes femeninos se suman al clan. Carolina Rodríguez es la encargada de llamar a todos los jueces a la sala, para dar las instrucciones. Ella forma parte de la tríada identificada como el terror de la extorsión. El grupo lo completa otra Carolina Rodrígues -ese Rodrigues terminado en s-, quien acaba de ser ascendida a Inspectora General de Tribunales.

También está Carolina Molinos como presidenta del Circuito Judicial Penal.

Quien se niega a ceder a las exigencias de alguna de este grupo, tiene como destino seguro la prisión; y para poder salir deberá pagar mucho dinero.

El modus operandi de esta red lo define lo valioso de la propiedad que tenga la víctima. Se apoyan en los cuerpos policiales que provocan deliberadamente una situación para detener a ciudadanos inocentes bajo amenaza de confiscarle todos sus bienes; luego envían a unos emisarios a hablar con la familia a la que proponen como arreglo para su libertad el traspaso de la propiedad del negocio de interés.

La banda no tiene límites. Son incontables las empresas que han pasado a manos de funcionarios del régimen o de sus amigos. De esta manera el empresario Raúl Gorrín es ahora también el zar de los casinos, al apoderarse de varios, bajo el mismo modus operandi. Por cierto, en uno de esos casinos es socio el fiscal Tarek William Saab.

Ya antes, investigaciones periodísticas advirtieron que previo a la apertura del Casino Grand CCCT, el empresario Raúl Gorrín se había ofrecido para gestionar las licencias a cambio de un paquete accionario y un pago mensual fijo de 600 mil dólares, justificando ese dinero para entregárselo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

La Fiscalía está sumada al clan. La red cuenta con su representante personalizado del Ministerio Público, Farik Karin Mora Salcedo, el fiscal de mayor confianza de Tarek Willim Saab, con antecedentes de haber sido cómplice y testigo en torturas de varios procesados, entre ellos los detenidos por el caso de los drones en el año 2018.

Farid Mora en reuniones privadas asegura manejar más poder que el mismo Tarek William Saab porque está muy vinculado a la familia presidencial, y ser la pareja de Bárbara Rojas quien tiene línea directa con Elsa Gómez presidenta de la sala penal del TSJ.

Todos los casos los maneja esta red. Los presidentes de circuitos de todos los estados tienen que recibir las instrucciones de la Sala Penal.

Los miembros de esta banda delictiva gozan de lujos inocultables, llevan vida de millonarias a costa del esfuerzo de venezolanos decentes.

Cualquier venezolano está a merced de que un policía nacional, por ejemplo, se quede prendado de su negocio o empresa. De que lo pueden acusar de ser opositor, o conspirador y le siembren unos explosivos para después a cambio de su libertad tenga que entregar sus negocios, su propiedad. Los extorsionadores le indicarán a nombre de quién, y bueno, sí, obtiene la libertad, pero ya sin nada.

Todo lo hacen con la impunidad llevada a los límites más despreciables. Son pusilánimes y también extorsionan a los más débiles. Transparencia Venezuela registró en su informe de enero 2024 casos concretos de miembros de la Policía Nacional Bolivariana que exprimen cobardemente a los habitantes de barrios populares, o funcionarios de organismos de seguridad que extorsionan a productores agropecuarios, o el Ministerio de servicios Penitenciarios y la Guardia Nacional que exigen pagos para permitir el acceso de alimentos, medicinas o autorizar visitas a detenidos.

Esta red de mujeres también se encarga de escarmentar a quien se atreva a denunciar: una víctima de extorsión, maltrato, robo y abuso de poder denunció que unos funcionarios lo habían amenazado con matarlo y sembrarle drogas. Entonces lo detuvieron y le exigieron 200 dólares para liberarlo; tuvo que empeñar su motocicleta que ya había sido retenida por los funcionarios y poco después volvieron a arrestarlo, lo golpearon, lo torturaron y ya con el cuerpo destrozado lo dejaron en la calle bajo medida cautelar sustitutiva de libertad.