La voluntad del soberano debe imponerse cuando se rompe el contrato social, y esto lo afirmamos, porque los pueblos de la región han visto como los liderazgos están perdiendo su credibilidad, al punto que los ciudadanos comienzan a orientar la lucha en las necesidades para vivir y buscar sus propias soluciones para recobrar la democracia.

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En Venezuela sectores de la oposición ofrecen una negociación política, colocando en la mesa las sanciones, las denuncias por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, insultando la inteligencia de todo un país, y pretendiendo manipular la justicia internacional, dentro de un panorama de elecciones nacionales programadas para noviembre de este año donde se eligen 3.064 cargos de gobernadores, alcaldes, diputados estadales y concejales.

Mientras, en Nicaragua, con elecciones generales para elegir presidente y 110 diputados en noviembre de este año, el régimen de Ortega ordena la inhabilitación y detención de la candidata a presidente Cristina Chamorro y la detención del candidato Arturo Cruz, quienes se convierten en presos de conciencia.

En Bolivia, la detención de la presidente saliente Jeanine Añez y las órdenes de arresto de ministros, jefes militares y policiales; Chile y Colombia, viviendo protestas orquestadas para desestabilizar a la sociedad y las instituciones.

Contrato social

Las razones que dieron origen al contrato social en el siglo XVIII, y sus fines de la convivencia ordenada de la sociedad, los ciudadanos y el Estado fijaron sus obligaciones, a partir de que el hombre nace en un estado de máxima libertad y tiene que cederla al Estado con limites, en aras de una convivencia, formando una sociedad dirigida por el Estado.

El pensador Thomas Hobbes, considerado el fundador de la filosofía política moderna, asume la necesidad de reglas conjuntas que permitan la supervivencia del hombre en los estadios de la guerra, surgiendo la idea de un Estado que velara por la seguridad de sus ciudadanos, protegiéndolos en conjunto, colocando como limites, del ejercicio del poder del Estado, precisamente los derechos y deberes de las personas.

John Locke, padre del Liberalismo Clásico, parte de la idea de que el hombre, en el estado de naturaleza revela su esencia, de libertad, igualdad y racionalidad, concibiendo un Estado sin poder absoluto, siendo su función principal la defensa de los derechos y libertades de cada individuo, desarrollando la idea de la división de poderes.

La inspiración de la Revolución francesa sobre el pensamiento de Jean Jacques Rousseau ofrece una visión del contrato social, sustentado en el supuesto de hecho de que el hombre ha pasado del estado de naturaleza de plena libertad como un ser bueno y feliz, que al vivir en sociedad surge la irracionalidad, que lo obliga a unir y crear sociedades, estableciendo la idea de la soberanía popular, como un valor supremo y que nada puede contradecirla.

Se rompe el contrato social

La realidad es que los Estados gobernados por facciones, han dejado de atender las necesidades de la población en beneficio de mantenerse en el poder, circunstancia donde se involucran sectores de los gobiernos y representantes de los demás poderes, eliminando de esta manera la división de poderes, con la complicidad de personas que el pueblo les ha confiado para hacer oposición política.

Si los creadores del contrato social vivieran lo que ocurre en nuestros países, concluirían que se ha roto el contrato social, naciendo el derecho de los ciudadanos de recobrar la libertad cedida al Estado, que permita generar una verdadera Democracia para la gente.

El irrespeto a la voluntad popular es una traición

El panorama de elecciones en países con restricciones de los estándares de democracia no garantiza la voluntad en elecciones, y es así como la iniciativa ciudadana en Nicaragua exige condiciones sin ventajismo y sin vejación a los aspirantes. Peor, el caso venezolano, donde al pueblo se le pregunto en dos plebiscitos realizados en los años 2017 y 2020, respondiendo de manera contundente su voluntad de cambiar la conducción de país, y se llegue a una transición para lograr elecciones generales, donde se elijan personas que representen a una Venezuela libre.

De esta manera, cuando los representantes del Estado incumplen sus obligaciones con los ciudadanos en las políticas públicas para vivir en sociedad, y la negación a la manifestación de la voluntad popular, por no existir condiciones electorales que permitan la expresión de la voluntad en el voto; así como el irrespeto la voluntad de aquello que se le ha preguntado, llegamos al estadio de la traición popular.

La resistencia ciudadana y su legitimidad como representantes

Las circunstancias descritas determinan el regreso del derecho violentado a los ciudadanos, quienes están autorizados por el derecho natural a generar nuevos liderazgos que surjan de su seno, y exijan el cumplimiento de la voluntad popular como expresión de la soberanía.

El incumplimiento de las obligaciones de quienes han asumido la representación de los países que tienen una Democracia vacía, como ocurre en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, genera el movimiento ciudadano de asumir el vacío de liderazgos, y enfrentar los desafíos para el cambio en la conducción de nuestros países, circunstancia que deberán respetar los organismos multilaterales.

@miguelmartint_

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