Cuando Timur Lane confronto el dilema de aceptar el colapso de Samarcanda ante los embates de bandas de ladrones contra las caravanas de la Ruta de la Seda o hacer una alianza con ellos, no vaciló en la decisión. Había que extirpar el mal antes de que destruyera la joya económica de la antigüedad. Igual dilema confrontan hoy los latinoamericanos y los Estados Unidos con Venezuela. El país ya no es un estado nación sino una base del crimen organizado transnacional. Para quienes crean que exagero, les invito a conversar con la Guardia Costera de Trinidad y Tobago; con los militares del Brasil y con los servicios de inteligencia del mundo entero. Todos coinciden en que Venezuela hoy es un país retaceado por el crimen organizado transnacional. Estiman que lo que hoy ocupa el territorio de la antigua Venezuela es una corporación que gestiona tres regiones geográficas bajo tutela de diversos intereses criminales. En el Noroeste el territorio comprendido entre San Cristóbal y la Península de la Goajira es coto del ELN, ejercito terrorista irregular colombiano que deriva su sustento de secuestros, tomas ilegales de petróleo y el narcotráfico en sociedad con el Cartel Los Rastrojos. Recientemente el ELN es parte de la extracción de minerales dentro del consorcio criminal que devasta la flora y la fauna de la región sur. El Estado Bolívar y el territorio federal Amazonas están gobernados por un consorcio de mafias que expolia las riquezas minerales y que incluye elementos de Bulgaria, Rusia, China, México, Colombia y Siria. En el Noreste las bandas delictivas han organizado una flota pirata que partiendo de los estados Sucre y Monagas azota a Trinidad y Tobago y otras naciones del Caribe.
Reside aquí el mayor y más complejo obstáculo a la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela y, por tanto, merece atención prioritaria por parte de la comunidad internacional. Cuando cese la usurpación habría que atender de inmediato el suministro de alimentos y medicinas al país y el desmantelamiento del crimen organizado. La segunda meta supone desactivar la violencia y poner en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNCTOC).
Desactivar la violencia es un duro reto porque Venezuela es uno de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo.
El cuadro exhibe el índice de criminalidad de Venezuela comparado con el de otros países[1] . Para desmontar la criminalidad hay que recomponer la fibra comunitaria y esta es tarea para las alcaldías que deberán acometer: la recolección de armas; el establecimiento de bancos de datos sobre las víctimas del crimen y el desarrollo de programas de reentrenamiento y de reinserción en la sociedad. En síntesis, se trata de recrear las comunidades, hoy destruidas por la violencia que engendra el crimen organizado. También habría que reestructurar el sistema penitenciario. Es urgente aumentar el número de cárceles y distribuirlas mejor. Dadas las limitaciones fiscales que acompañaran la gestión pública esta tarea deberá ser objeto de asociaciones público-privadas para desarrollar la infraestructura sin tener que recurrir al desvencijado tesoro nacional. A nivel nacional la batalla contra el crimen organizado implica el empoderamiento de la Fiscalía Nacional para que puede instruir expedientes de criminales nacionales y extranjeros invocando la UNCTOC y poder aprehender no solo los elementos que actúan en el territorio nacional sino crear las condiciones para que autoridades de otros países aprehendan a los dirigentes de bandas que operan en el exterior.
*Asesora de VenAmérica.
[1] Fuente The Economist
