Destrabar el nudo que ahorca a los presos

Lo hacen impávidos; muestra reciente fue la sátira de la celebración de los 250 años de la fundación de Estados Unidos con Delcy depositando una ofrenda floral a los pies de la estatua de Jorge Washington luego de la restauración de la plaza que lleva su nombre, una obra ejecutada por el gobierno interino para complacencia de su jefe americano.

Acciones como ésta son cotidianas y muchas no trascienden. Son llevadas a cabo de manera imperturbable, aunque su adorado padre se revuelque en su tumba. A ellos no les importa que los llamen traidores o arrastrados. Son capaces de derruir el Cuartel de la Montaña y convertirlo en un spa, o de borrar el apellido Chávez de registros oficiales, en fin, su objetivo está muy claro: ganar tiempo en el poder.

La descarada volatilidad de su moral sentencia a los hermanos Rodríguez a no darles más nunca la oportunidad de dirigir el país.

Y entretanto, la expareja presidencial Nicolás Maduro y Cilia Flores, traicionada por ellos, se prepara a transitar un nuevo invierno en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn de Nueva York, que aún en esas difíciles condiciones, continúa recibiendo un trato considerado comparándolo con el que padece cualquier preso político venezolano.

Cilia y Nicolás, a pesar de la gravedad de los delitos atribuidos, gozan del sistema de justicia con garantías procesales al comparecer ante un juez federal con abogados identificados y con la opción de impugnar los delitos que les incriminan, entre ellos el de torturas.

Entretanto en Venezuela la liberación de más de 300 presos políticos sigue siendo una promesa. El Rodrigato ha mantenido el trato ilegal, injusto, desalmado a los presos políticos. Los testimonios son tan desgarradores que asustan. Cuesta procesar que unos venezolanos sean ejecutores de tanta maldad. Recuerdo que, al principio, cuando comenzaron a trascender los casos de torturas, los periodistas insistíamos -en posición de negación- que debían ser los cubanos quienes las ejecutaban porque nosotros seríamos incapaces de tanta monstruosidad contra unos compatriotas. Y nos equivocamos.

El amasijo de criminales venezolanos que ha manejado el sistema represivo del país está claramente identificado. Los detalles de sus acciones llegan a ser impublicables. Y las consecuencias no se quedan en las víctimas directas, que ya sufren bastante. El placer criminal se extiende contra las familias y sus propiedades, a quienes las tienen. Y va más allá incluso de sus vidas, como ocurrió con Víctor Hugo Quero Navas a quien no conforme con llevarlo a la muerte, se la ocultaron deliberadamente a su madre, que falleció luego de mucho padecer y cuyo caso ha de contabilizarse como el de otra víctima de la dictadura, demostrando, además, que para el torturador el objetivo con los detenidos va más allá de fracturarle los huesos: también es importante quebrar su moral y extender el mal a sus seres queridos. Es un sadismo jamás registrado en nuestra historia.

Escuché el otro día a la abogada defensora de los derechos humanos, Theresly Malavé, reiterando una vez más cómo cualquier solicitud legítima dentro del proceso ha sido olímpicamente ignorada.

Las arbitrariedades son insólitas. Jueces de distintas instancias ejecutando sentencias improcedentes, condenando a la máxima pena de 30 años a ciudadanos que ni siquiera tenían que ver con el caso.

Duele la certeza de vidas destruidas.

Es grande la impotencia de saber que los jueces en Venezuela están cooptados y que solo cumplen órdenes del Ejecutivo. Por eso la abogada Malavé está proponiendo un acuerdo de salida voluntaria del país de un grupo de presos políticos; un procedimiento que lleva el objetivo de destrabar el nudo que los ahorca.

Y si bien se ha logrado visibilizar la ausencia de estado de derecho y avanzan los esfuerzos para más liberaciones -se habla de 300 que aún son solo promesas- urge presionar para que los cambios planteados en materia de justicia trasciendan al máximo tribunal del país. Es decir, la presunta reinstitucionalización no debe quedarse en los magistrados del TSJ; debe permear y expulsar a todos los jueces que ocupan la jurisdicción contra el terrorismo para que respondan ante las graves violaciones de los derechos humanos en las que han estado vinculados.

Nada ha cambiado en el sistema de justicia. Los jueces siguen siendo los mismos, las sentencias siguen siendo ejecutadas bajo órdenes superiores.

Y nada se ha hecho para desmantelar el aparato represivo; de ahí que el manejo de la propuesta sea de un exilio voluntario que 52 de los presos están dispuestos a asumir. Es una salida dolorosa, pero que al menos les garantiza la vida y la libertad. Tal es la desesperación y el desamparo.