sábado 13  de  abril 2024
VENEZUELA

Destrucción ecológica de Venezuela necesita respuesta global

Esta crisis ambiental ilustra el gran colapso de las instituciones en Venezuela durante los gobiernos de Chávez y Maduro

En julio de 2020, la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela ( PDVSA) derramó más de 26.000 barriles de petróleo en el Caribe mientras intentaba reactivar la refinería El Palito, la cual había carecido de un mantenimiento adecuado durante años. El petróleo derramado llegó hasta las costas del Parque Nacional Morrocoy, extendiéndose por 15 kilómetros de playas y deteriorando uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del país, rico en manglares y arrecifes de coral. Expertos comisionados por la Asamblea Nacional proyectaron que podría tomar medio siglo para que la costa de Morrocoy se recupere. El régimen de Maduro le restó importancia a los derrames, bloqueando los ofrecimientos de limpiar la costa por parte de voluntarios y grupos ambientalistas.

La misma refinería produjo dos derrames más en 2020, y esos fueron solo algunos de los más de 46.000 derrames de petróleo y sustancias contaminantes que han ocurrido en Venezuela desde 2010, ya que la compañía petrolera estatal del país opera con capacidad técnica y mantenimiento inadecuados. Estos derrames son emblemáticos de una crisis ambiental que ha afectado al país durante años, perjudicando a los ecosistemas y poniendo en riesgo a las comunidades locales desde la costa del Caribe hasta la Amazonía. Este componente ambiental ha atraído poca atención de la comunidad internacional ya que la atención internacional se ha centrado en la crisis humanitaria.

Esta crisis ambiental ilustra el gran colapso de las instituciones venezolanas durante los gobiernos de Chávez y Maduro. No obstante, siendo que la situación ambiental está inexorablemente ligada a la crisis política del país, la consideración de la situación ambiental también debe jugar un papel en una eventual transición y en la reconstrucción del país.

Debilitamiento de las instituciones ambientales

Durante muchos años, Venezuela lideró la región en políticas ambientales y esfuerzos de conservación. En la segunda mitad del siglo 20, Venezuela estableció 29 áreas protegidas y el 70 por ciento del sur del país fue protegido con una combinación de parques nacionales, reservas de biosfera y la declaratoria de Sitio de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El expresidente Chávez proclamó de palabra su compromiso con la justicia ambiental, pero eludió las responsabilidades ambientales y profundizó la dependencia de las exportaciones del petróleo. A partir del año 2011, el Ministerio del Ambiente dejó de publicar estadísticas ambientales claves, incluyendo las de calidad del agua, especies amenazadas, minería y pesca. El sistema de administración ambiental y de aplicación de las leyes ambientales se desmanteló aún más cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013. Desde entonces, el Ministerio del Ambiente se ha reestructurado en tres ocasiones, culminando con su total desmantelamiento y eventual conversión a un Ministerio de Ecosocialismo. En particular, el régimen de Maduro ha socavado las capacidades institucionales para la regulación y monitoreo de la deforestación, en un momento en el cual la tala informal se vuelve cada vez inevitable para muchos venezolanos que ahora dependen de la leña como sustituto del gas para cocinar. Funcionarios del régimen continuamente quebrantan las leyes ambientales con impunidad, por ejemplo, al utilizar, según informes, una empresa mixta con una compañía turca para vender madera talada ilegalmente de forma clandestina.

La desastrosa huella medioambiental de la industria petrolera

PDVSA fue alguna vez celebrada por su capacidad operativa y compromiso con la seguridad ambiental. En 1993, la compañía anunció un plan de protección ambiental de $800 millones que respondía a las estrictas leyes de protección ambiental de Venezuela, estableciendo planes para controlar las emisiones atmosféricas, tratar las aguas residuales, y operar y eliminar las sustancias contaminantes. La empresa también contaba con uno de los planes de contingencia petrolera más exhaustivos de la región.

Desde entonces, las normas ambientales y la capacidad técnica de PDVSA se han debilitado enormemente. A medida que empeoraban las condiciones dentro de Venezuela, miles de trabajadores altamente capacitados en materia petrolera abandonaron el país, y las vacantes fueron cubiertas bajo fundamentos de clientelismo político. A pesar de que la decadente infraestructura de la empresa y la falta de personal capacitado han incrementado los derrames de petróleo y la frecuencia de otros accidentes, no existen planes de contingencia para estos derrames petroleros. Irónicamente, aunque Venezuela está produciendo una fracción de lo que fue su producción petrolera de 2001, se está quemando tanto gas que los expertos sostienen que las emisiones no se han reducido de manera correspondiente con la menor producción (es difícil encontrar datos exactos, ya que ni PDVSA ni el Ministerio de Ecosocialismo generan ni publican datos sobre las emisiones de metano y dióxido de carbono de PDVSA).

En 2020, PDVSA y su socio bajo la modalidad de empresa mixta abandonaron un buque de almacenamiento y descarga que transportaba 1,3 millones de barriles de crudo. Para el verano del mismo año, con su personal reducido de 72 a 5, el buque se había inclinado y, según informes, el agua comenzó a filtrar, lo que generó preocupaciones sobre un posible derrame que habría tenido consecuencias desastrosas para la vecina Trinidad y Tobago y el Caribe en general. Las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro detuvieron a un dirigente sindical nacional de trabajadores petroleros por alertar a los medios sobre la situación del buque.

'Estudio de caso': Lago de Maracaibo

El lago de Maracaibo, que durante mucho tiempo fue la zona fundamental de la industria del crudo venezolano, es ahora emblema de la decadencia de la industria petrolera del país. Desde la década de 1930 hasta la de 1970, las normas de protección ambiental fueron limitadas, como era de esperar en una época en la que las preocupaciones ambientales aún no se habían traducido en políticas firmes. Si bien el ecosistema ya estaba contaminado, la situación empeoró dramáticamente cuando la industria petrolera colapsó bajo las políticas de Chávez. Las aguas están ahora cubiertas por una “permanente capa negra de crudo”, ya que se han abandonado todas las medidas para prevenir derrames y muchos pozos petrolíferos tienen fugas continuas desde hace años. La biota del lago se ha visto gravemente afectada. Las comunidades pesqueras locales están expuestas a niveles peligrosos de agua y los productos de pesca contaminados que son casi imposible de vender ya que a menudo están cubiertas de petróleo. En 2016, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó una ley que promueve la conservación en la región del lago Maracaibo, pero esta ley fue luego rechazada por la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano legislativo del régimen de Maduro.

La crisis minera en el sur de Venezuela

El año pasado, CSIS publicó un informe donde se detallan los efectos ambientales, de seguridad y de derechos humanos de la minería ilegal en el sur de Venezuela. Las actividades mineras se han acelerado rápidamente desde 2016, cuando el régimen de Maduro delineó una franja de 111.843 km2 del territorio del país conocido como el “Arco Minero del Orinoco” sin hacer evaluaciones de impacto ambiental ni consultar a las comunidades nativas. Estas operaciones mineras, controladas por una serie de actores, incluidas las fuerzas de seguridad venezolanas, grupos armados no estatales y bandas violentas, están causando daños irreversibles al medio ambiente. La selva amazónica de Venezuela está siendo talada para dar paso a las minas, campamentos mineros y carreteras. La mayoría de las operaciones se basan en practicas obsoletas que contaminan los ríos con mercurio. Las minas también producen sedimentos y residuos que han dañado las turbinas de la Represa del Guri, fuente de más de la mitad de la electricidad del país.

Las operaciones mineras no han cesado a pesar de que en el 2018 la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó la Ley Orgánica de la Megareserva que derogó legalmente el decreto del Arco Minero del Orinoco de Maduro. Por el contrario, las minas han proliferado, ahora extendiéndose más allá del Arco hacia áreas protegidas y sometiendo a las comunidades indígenas al incremento de violencia y abusos contra sus derechos humanos. Según SOSOrinoco, existen al menos 59 sectores mineros ilegales dentro del Parque Nacional Canaima, el cual fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994.

La elite Chavista está construyendo ilegalmente mansiones privadas y complejos turísticos en parques nacionales y otras áreas protegidas, incluido el Parque Nacional del Archipiélago de Los Roques, donde las normas locales prohíben nuevas construcciones. Estas se han intensificado ahora que los funcionarios de alto nivel están sujetos a sanciones individuales internacionales y no pueden viajar. En los últimos 4 años, se construyeron ilegalmente diez edificios relacionados con el turismo en la isla de Gran Roque, la única isla poblada del archipiélago.

Implicaciones regionales y globales

La crisis ambiental de Venezuela tiene implicaciones regionales y globales. Venezuela se encuentra entre los diez países con mayor biodiversidad del mundo (por ejemplo, alberga 13 por ciento de las especies de aves del mundo), lo que significa que las actividades del régimen de Maduro representan una amenaza para la biodiversidad global. Esta crisis ambiental también está contribuyendo significativamente al cambio climático, especialmente porque Venezuela contiene el 6 por ciento de la selva amazónica, uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo. Mediante el uso de infraestructuras en ruinas y la quema de gas, PDVSA está acelerando sus emisiones en un país que ya está significativamente afectado por sequías relacionadas al cambio climático. Los derrames petroleros de Venezuela también suponen una amenaza para el Caribe, y el mercurio procedente de la extracción de oro se ha filtrado en vías fluviales clave, envenenando a las comunidades que consumen peces de agua dulce, e incluso posiblemente países vecinos.

Diseñando una respuesta ambiental

La crisis ambiental de Venezuela está intrínsecamente ligada a su situación política. El régimen de Maduro se protege cada vez más de la creciente presión internacional a expensas de los recursos naturales y la biodiversidad prístina del país. Sin una solución negociada o un cambio de gobierno, es probable que el régimen continúe deteriorando irreversiblemente el medio ambiente, silenciando a los activistas ambientales y amenazando a las comunidades indígenas.

El gobierno del presidente Biden, que ha abogado repetidamente por la coordinación internacional para mitigar el cambio climático, proteger las selvas tropicales, minimizar la pérdida de biodiversidad y salvaguardar a las comunidades de la injusticia ambiental, debe incorporar a Venezuela en su estrategia ambiental regional. Lo mismo deberían hacer otras instituciones clave, incluidos grupos ambientalistas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y bancos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, que recientemente lanzó su Iniciativa Amazónica.

Por el contrario, a medida que el gobierno del presidente Biden, el Grupo de Lima, y aliados europeos continúan definiendo su estrategia política hacia Venezuela, estos actores deben asegurarse de incorporar a su análisis toda la magnitud de estas preocupaciones ambientales. Si se dan las condiciones propicias para un nuevo esfuerzo de dialogo, la agenda de negociación debería incluir la problemática de la seguridad ambiental. De lo contrario, la posibilidad de una paz duradera será mínima; la crisis de la industria petrolera y minera repercutirá directamente en la capacidad de un gobierno de transición de estabilizar la economía, recuperar vastas franjas del territorio venezolano controladas por grupos armados, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos humanos. Incluso si se produce una transición pacífica, el medio ambiente también será un factor central en la estabilidad del país en el largo plazo. A medida que el crudo pesado de Venezuela se vuelve cada vez menos deseable en el mercado global, el país necesitará diversificar su economía y disminuir su dependencia del petróleo. El turismo, en particular el ecoturismo, puede ser una alternativa clave de diversificación económica, pero solo si los hábitats prístinos naturales de Venezuela se mantienen intactos.

En este sentido, un futuro gobierno de transición en Venezuela debe recibir el apoyo para tomar las siguientes medidas:

  • Restablecer el Ministerio del Ambiente para que sea operativo.
  • Declarar una emergencia ambiental nacional con apoyo legislativo, con miras a llevar a cabo, sin trabas burocráticas, un plan de restauración ecológica en las zonas más degradadas o frágiles afectadas por las actividades mineras, la industria petrolera, y otras actividades.
  • Ejecutar los nombramientos de los Consejos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica de la Megareserva del Orinoco, con participación de representantes de la sociedad civil en materia ambiental, como, por ejemplo, exministros del Ambiente durante el período democrático del país.

Comentario es elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una institución privada exenta de impuestos que se centra en cuestiones de política pública internacional. Su investigación es no partidista y no propietaria. El CSIS no adopta posiciones políticas específicas. En consecuencia, todas las opiniones, posiciones, y conclusiones expresadas en esta publicación deben entenderse como exclusivas del autor(es).

FUENTE: Con información del CSIS

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