Al morir, George W. Bush lo describió como “patriota de integridad y seriedad de propósito”, subrayando su carácter “sincero y directo”. Pero el problema más profundo que lega Cheney es menos moral que institucional: ¿qué ocurre cuando la excepción se normaliza y la maquinaria ejecutiva se expande hasta bordear o reinterpretar los límites previstos por la ley?
Un operador administrativo
Nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska), Cheney pasó brevemente por Yale y luego obtuvo un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Wyoming. Su ascenso político comenzó en 1968, durante la administración Nixon, bajo la influencia de Donald Rumsfeld. En 1975, a los 34 años, se convirtió en jefe de gabinete de Gerald Ford. Ese período es decisivo para entender su estilo: dominio de la burocracia, discreción estratégica y construcción de redes internas de poder.
Al dejar la Casa Blanca fue congresista por Wyoming (1979–1989) y, a su retorno, secretario de Defensa bajo George H. W. Bush durante la Guerra del Golfo; luego fue director ejecutivo de Halliburton. Ese movimiento constante entre Estado y corporación consolidó su mirada: la política como gestión técnica, no como exhibición pública.
Cuando George W. Bush lo designó en 2000 para seleccionar a su compañero de fórmula, Cheney terminó siendo él mismo la opción. Poseía experiencia institucional y conocimiento profundo del aparato estatal. Esa selección resultó decisiva: reforzó la vicepresidencia como plataforma funcional de gobierno mucho más allá de su rol constitucional.
En la decisión subyacía un cálculo estratégico más profundo. Cheney dirigió el propio comité encargado de evaluar a los posibles candidatos, pero su combinación de experiencia ejecutiva, manejo legislativo y pericia en los engranajes burocráticos terminó por convertirlo en la alternativa más ventajosa para Bush. A ello se sumaba un elemento poco común en la política nacional: Cheney no ambicionaba la presidencia. Como él mismo dijo, pidió a Bush revisar todas las razones por las cuales no debía ser elegido y dejó claro que no pretendía lanzar una carrera propia.
Para Bush, esa renuncia anticipada a cualquier sucesión eliminaba la sombra de competencia interna y lo convertía en un socio perfecto: leal, experimentado, sin aspiraciones personales y libre para concentrarse en reconfigurar la vicepresidencia como un verdadero centro funcional del poder ejecutivo. Era también, en un entorno geopolítico incierto y con un presidente sin grandes credenciales en política exterior, el reconocimiento de que la figura más preparada para acompañarlo era quien conocía mejor la arquitectura del poder.
El anuncio del 25 de julio de 2000 formalizó esa apuesta: situar en la vicepresidencia a un veterano capaz de ejercer influencia real más allá de la visibilidad pública.
El 11-S: el día que la excepción tomó el mando
En la mañana del 11 de septiembre de 2001, mientras la primera torre del World Trade Center ardía y el país aún intentaba descifrar el alcance del ataque, Dick Cheney fue trasladado al búnker subterráneo de la Casa Blanca. Desde ese centro de mando, y ante la imposibilidad del presidente George W. Bush de ejercer control directo por encontrarse en Florida con comunicaciones limitadas, Cheney asumió la conducción inmediata de la respuesta. Desde allí autorizó el derribo de aeronaves civiles que pudieran dirigirse a Washington, desplazando el eje operativo de la soberanía desde la figura presidencial hacia el espacio de emergencia del búnker.
El episodio encarnó la sentencia de Carl Schmitt: “soberano es quien decide sobre el estado de excepción.” Durante esas horas críticas, Estados Unidos mantenía un presidente investido, pero el poder real se concentró en quien podía decidir bajo condiciones extremas. La legalidad ordinaria se suspendió en nombre de la eficacia, revelando que en momentos trascendentes la soberanía no reside donde la Constitución la sitúa, sino donde puede ejercerse en acto.
La transformación de la vicepresidencia no comenzó con Cheney. Ya en la administración de Jimmy Carter, Walter Mondale había obtenido oficina en el Ala Oeste y acceso regular al Presidente; pero fue durante el gobierno de George W. Bush que ese proceso alcanzó un punto inédito. A diferencia de las influencias episódicas de sus predecesores —como George H. W. Bush bajo Ronald Reagan o Al Gore bajo Bill Clinton—, Cheney intervino como operador estructural. Reorganizó su centro de operaciones en el Eisenhower Executive Office Building (EEOB), desde donde articuló un circuito de decisión propio en materia de inteligencia, defensa y seguridad nacional, con acceso directo al Pentágono, la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional.
Fue decisivo que dicha expansión no requiriera ninguna reforma constitucional. Cheney desplazó el poder vicepresidencial desde la representación ceremonial hacia el núcleo operativo del Ejecutivo mediante un proceso de ingeniería burocrática respaldado por la teoría del “presidente unitario”, que interpreta el Artículo II de la Constitución como la fuente de una autoridad ejecutiva concentrada en la figura presidencial y, por extensión, en su círculo más inmediato.
En este escenario la vicepresidencia se proyectó como un espacio operativo desde el cual intervenir en asuntos de inteligencia, defensa y seguridad nacional sin pasar por los canales tradicionales de control legislativo.
En términos funcionales, institucionalizó una vicepresidencia con autoridad estratégica dentro del aparato estatal, incrustada pero no subordinada, alterando de facto la arquitectura tradicional del sistema presidencial estadounidense.
Neoconservadurismo y anticipación
Después del 11-S, la doctrina neoconservadora encontró su laboratorio. Su premisa era sencilla pero de enorme alcance: la estabilidad global exigía que Estados Unidos actuara antes de que la amenaza se materializara. No se debía esperar a que el enemigo mostrara intención, sino impedirla preventivamente. Robert Kagan lo resumió así: “la seguridad no puede depender de la intención del enemigo, sino de la capacidad de actuar sin demora”.
El enemigo dejó de ser un Estado reconocible y pasó a ser una red dispersa. Por ello, la respuesta militar debía desanclarse de las fronteras clásicas. Afganistán fue la primera expresión de este giro: una reacción presentada como inevitable frente a un adversario sin territorio.
Irak llevó esta lógica al límite. La invasión de 2003 se justificó sobre la posibilidad de armas de destrucción masiva —nunca halladas— y sobre supuestos vínculos con Al-Qaeda jamás comprobados. La sospecha sustituyó a la evidencia; la imaginación estratégica desplazó al conocimiento verificable. Militarmente, la caída del régimen fue veloz; políticamente, emergió el vacío: insurgencia, sectarismo, crisis institucional y pérdida de legitimidad internacional. La decisión mostró su límite: anticipar no equivalía a estabilizar.
Como advirtió Giorgio Agamben, el estado de excepción tiende a convertirse en regla. Irak confirmó que, cuando se gobierna en modo de excepción permanente, la inseguridad no desaparece: se reproduce en nuevas capas cada vez más difíciles de controlar.
Del Estado de derechos al Estado de seguridad
Este giro no fue únicamente estratégico: supuso una transformación en la forma misma de concebir al Estado. La tradición liberal estadounidense se había construido sobre un Estado de derechos, donde la ley imponía límites al ejercicio del poder. Tras el 11-S, esa lógica fue cediendo lugar a un Estado de seguridad, donde la prioridad es preservar el orden incluso si ello exige flexibilizar la norma.
Esta transición puede comprenderse a la luz de Carl Schmitt, para quien la soberanía se revela en la capacidad de decidir bajo excepción. Esa intuición encontró en la práctica de Cheney un territorio fértil: lo excepcional dejó de ser transitorio y pasó a formar parte estable del funcionamiento estatal. Agamben señaló que, cuando la excepción se vuelve permanente, la ley deja de ser límite y se convierte en instrumento operativo.
El desplazamiento fue profundo. Antes: el gobierno era legítimo porque respetaba principios y derechos. Después: el gobierno es legítimo porque garantiza la supervivencia del orden mundial. Se reemplazó así la legitimidad normativa —basada en la ley y los derechos— por una legitimidad funcional, apoyada en la eficacia para preservar el sistema.
Cheney entendió esta mutación y supo explotarla. Su inteligencia consistió en percibir que el poder contemporáneo ya no se define por la literalidad constitucional, sino por la administración del riesgo. Bajo su influencia, la seguridad desplazó a la libertad como principio organizador del Ejecutivo. La vicepresidencia, tradicionalmente ceremonial, fue convertida en un nodo estratégico capaz de articular información, coerción y decisión sin necesidad de reformar el texto constitucional.
El Estado como máquina de supervivencia
Dentro de Estados Unidos, esta lógica se expresó en medidas que antes se consideraban excepcionales: vigilancia ampliada, detenciones extraterritoriales, interrogatorios coercitivos. La ley dejó de operar como contención del poder y pasó a funcionar como herramienta funcional. La supervivencia se convirtió en fundamento político.
Francis Fukuyama advirtió que una hegemonía basada únicamente en la fuerza termina por erosionar su legitimidad externa. Cheney adoptó otra tesis: Estados Unidos no lidera por virtud moral, sino porque el orden global depende de su acción. De ahí que la legitimidad no provenga del reconocimiento ajeno, sino de la necesidad sistémica de su intervención.
Las consecuencias fueron claras: la seguridad eclipsó la libertad como principio ordenador; el Ejecutivo absorbió la energía política del sistema; la frontera entre norma y excepción se volvió casi imperceptible. La república subsistió, pero lo hizo integrando mecanismos propios de un orden imperial: vigilancia constante, guerra anticipatoria y elasticidad normativa.
La película Vice: capas de verdad y ficción
La película Vice (2018), dirigida por Adam McKay, popularizó una imagen extrema de Cheney: calculador absoluto, operador omnipotente y, en última instancia, responsable directo de casi toda decisión estratégica posterior al 11-S.
Aunque algunas intuiciones coinciden con investigaciones periodísticas de alto nivel, otras se adscriben a la sátira política.
Aciertos
- Su alianza con Rumsfeld y aprendizaje dentro del Ejecutivo.
- Su papel ampliado tras el 11-S, cuando adquirió autoridad operativa inmediata.
- Su interés por redistribuir poder hacia el Ejecutivo.
- Su influencia en la arquitectura jurídica de la “guerra contra el terrorismo.”
Exageraciones
- Lo presenta como autor singular de la doctrina preventiva.
- Sobredimensiona su control directo sobre Bush.
- Reduce la diversidad de opiniones internas.
- Convierte hechos reales en alegorías dramáticas.
La película funciona más como interpretación dramática que como reconstrucción documental. Su valor consiste en haber trasladado al ámbito cultural un debate que, de otro modo, habría quedado circunscrito a la academia y al periodismo especializado.
Paradoja final y dilema abierto
En marzo de 2019, Dick Cheney no escondió su crítica hacia la política exterior de la administración de Donald Trump, declarando en el American Enterprise Institute de Georgia que “in some respects, your administration looks a lot more like Barack Obama’s than the traditional Republican Party’s” (“en ciertos aspectos, su administración se parece mucho más a la de Barack Obama que a la del Partido Republicano tradicional”).
No solo denunciaba un desvío ideológico: situaba ese giro como una herida profunda al legado conservador que él mismo ayudó a construir. En ese contexto respaldó a su hija Liz en su oposición al trumpismo y apoyó la opción demócrata de Kamala Harris. Una posición paradójica: Cheney contribuyó a fortalecer el Ejecutivo, pero rechazó su empleo en manos de figuras que consideraba poco comprometidas con la estructura constitucional.
Dick Cheney concibió el poder como administración del riesgo. Esa concepción otorgó al Ejecutivo latitudes que hoy forman parte del funcionamiento habitual del Estado. Bajo su influencia, la lógica de excepción dejó de ser un recurso extraordinario para convertirse en un principio operativo: inteligencia, vigilancia, guerra preventiva, cadenas de mando paralelas e interpretación expansiva del Artículo II se integraron en la gramática normal del Ejecutivo.
La pregunta persiste: ¿puede una república sostener su promesa democrática sin adoptar mecanismos propios de un orden imperial?
En Cheney, como arquitecto silencioso de la soberanía contemporánea, esa tensión no resuelta constituye el núcleo de su legado, redefiniendo la periferia como centro, la vicepresidencia como infraestructura, el riesgo como brújula de gobierno.
Así, el hombre que reconfiguró la soberanía estadounidense dejó tras de sí no solo una interpretación del poder, sino un modelo operativo que continúa funcionando más allá de su vida: un Ejecutivo hipertrofiado, legalmente ambiguo, estratégicamente resiliente.
Corregir, contener o profundizar ese orden ya no le pertenece a él, sino a quienes lo sucedan.
