Donald Trump no ha perdido tiempo para recurrir a decretos presidenciales y demostrarle al pueblo estadounidense, y al resto del mundo, cómo se maneja, contra viento y marea, la política desde la Casa Blanca, especialmente cuando se trata de cumplir promesas electorales polémicas.
En realidad, casi todos los mandatarios de Estados Unidos han firmado órdenes ejecutivas, dada la autoridad legal que tienen para ello, sin tener que requerir la aprobación del Congreso en muchos casos.
De hecho, desde George Washington hasta Barack Obama casi todos han usado esta prerrogativa. Franklin D. Roosevelt ostenta el impresionante récord de 3.728 órdenes ejecutivas firmadas en un período signado por la Gran Depresión, la invasión de Japón a China y la Segunda Guerra Mundial.
Al igual que sus predecesores, el presidente Trump goza de ese derecho.
Sólo en 2 ocasiones la Corte Suprema intervino impugnando órdenes ejecutivas por inconstitucionales: durante el Gobierno de Harry Truman, en 1952, y la presidencia de Bill Clinton, en 1995.
Ahora, el nuevo presidente enfrenta también la extraordinaria posibilidad de que sus más polémicas órdenes sean impugnadas, no sólo por el Poder Legislativo sino también por el Judicial.
La decisión tomada por el juez federal en Seattle, que suspendió temporalmente el veto migratorio de Trump en contra de personas que viven en siete países de mayorías musulmana, claramente enfureció al Presidente a juzgar por los tuits que publicó.
Sin embargo, la columna vertebral de la sociedad estadounidense es la Constitución, y el juez concluyó que la prohibición de Trump es inconstitucional.
Para anular esa decisión, el Presidente tendrá que persuadir a un tribunal superior de que su orden está sustentada en la responsabilidad del Ejecutivo de proteger la seguridad de la nación.
El argumento puede llegar hasta la Corte Suprema.
Este retroceso para Trump es un recordatorio temprano de que si bien es fácil para un presidente firmar órdenes ejecutivas, no hay garantías de que puedan ser implementadas.
Barack Obama firmó una famosa orden, el segundo día de su administración, en enero de 2009, para cerrar el campo de detención de Guantánamo en un plazo de 12 meses, pero ocho años después el centro seguía existiendo, aunque de 230 logró reducirlo a 41 detenidos.
Obama igualmente extendió decretos para prohibir el uso de la tortura en detenidos por terrorismo. Y para cancelar el polémico programa de "entregas extraordinarias" del presidente George W. Bush, por el cual los individuos apresados por terrorismo eran llevados a cárceles secretas de la CIA en Tailandia, el norte de África y Europa del Este, para enfrentar duros interrogatorios antes de llegar a Guantánamo.
Trump ha insinuado que revocará esas órdenes ejecutivas de Obama, manteniendo Guantánamo abierto y restableciendo el programa de entregas.
Como presidente está legalmente autorizado a cancelar acciones ejecutivas de sus predecesores.
De las casi dos docenas de órdenes firmadas por Trump, hay otra en el tintero que también provoca escozor. Se trata de la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.
El Presidente requerirá fondos del Congreso para este proyecto, pero será una pelea difícil, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aun cuando estos están controlados por los republicanos, porque se desarrolla bajo la sombra de la crisis constitucional que viene acechando a Estados Unidos desde hace ya algún tiempo.
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