La victoria obtenida por el magnate John Paulson en contra de su exasesor Fahad Ghaffar, abre interrogantes que ponen en entredicho un presunto esquema de sobornos en el cual se intentó vincular a la exgobernadora
La falta de credibilidad de Fahad Ghaffar se convirtió en un caso polémico en Puerto Rico (NYC Report)
SAN JUAN. John Paulson, el magnate de los fondos de cobertura, obtuvo una primera gran victoria con el arbitraje en contra de su exasesor Fahad Ghaffar, quien deberá devolverle $48 millones que habría obtenido a través de manejos turbios, según investigación publicada por NYC Report.
Según el reporte periodístico mencionado, en el fallo se determinó que hubo causa justificada para que Paulson cesara en funciones a Ghaffar dentro de sus corporaciones, en julio de 2023.
El árbitro Carolyn Demarest, jueza jubilada de Nueva York, presentó el documento ante el tribunal federal de Puerto Rico que actuó bajo la Ley RICO (Ley contra el Crimen Organizado).
Con el arbitraje se ordenó a Ghaffar reintegrar $36,6 millones de ganancias vinculadas a una inversión denominada Dynamic Payments y que devolviera otros $112.936 relacionados con puntos de recompensa de American Express que, según estableció la juez Demarest, habrían sido retenidos indebidamente.
En el laudo arbitral, se alega que existe la comprobación de que el exasesor cometió fraude en relación con la inversión de $11,4 millones de Paulson en la empresa de software Innoveo.
En total, según la decisión del árbitro, Ghaffar le debe a Paulson unos 48 millones de dólares.
“Tras una audiencia de tres semanas, el árbitro dictaminó que el Sr. Paulson demostró, con pruebas claras y convincentes, que Ghaffar fue despedido con justa causa, al considerar que Ghaffar cometió fraude, fraude de valores e incumplió sus obligaciones fiduciarias y contractuales con el Sr. Paulson”, declararon los abogados de Paulson, Terrence y Darren Oved, en un comunicado enviado a The Post.
El abogado de Ghaffar, Martin Russo, criticó duramente la decisión de Paulson de hacer públicos los resultados del arbitraje, y declaró a The Post que el multimillonario “violó las normas de confidencialidad que rigen este arbitraje” y que debería ser sancionado.
“Demostraremos que Paulson no sufrió daños —un elemento indispensable en cualquier demanda por fraude— y esperamos presentar las reclamaciones del Sr. Ghaffar por daños sustanciales”, declaró Russo a The Post.
Los abogados de Paulson, Terrence y Darren Oved, desestimaron las críticas de Russo, afirmaron que las conclusiones del arbitraje hablan por sí solas.
“Se determinó que Ghaffar había cometido fraude de valores, fraude y violación del deber fiduciario, y se le ordenó devolver millones de dólares, por lo que cualquier declaración en sentido contrario por parte de su abogado carece de credibilidad”, dijeron los hermanos Oved a The Post.
También rechazaron las acusaciones de que Paulson hubiera dado publicidad indebida al proceso de arbitraje.
“Para que quede claro, el Sr. Paulson no está sujeto a ninguna obligación de confidencialidad con respecto al laudo arbitral”, dijeron.
“Por el contrario, tiene el deber independiente de informar al Tribunal Federal de Puerto Rico sobre estos importantes acontecimientos”.
La empresa de Paulson, F40, dedicada a la venta de automóviles de lujo en Puerto Rico, se convirtió en un punto álgido de la batalla legal que el multimillonario mantiene con su antiguo socio comercial, Fahad Ghaffar.
Ghaffar también demandó a Paulson, alegó que invirtió aproximadamente, $17 millones de dólares en un pagaré vinculado a F40 y V12, otra empresa del magnate, el cual, estaba destinado a convertirse en una participación accionaria de 50 %.
La disputa entre Paulson y Ghaffar no se reduce a un solo documento. Incluye las acusaciones civiles de Paulson en virtud de la Ley RICO, las propias demandas de Ghaffar contra Paulson y, ahora, el resultado del arbitraje, que ha acentuado la cuestión de la credibilidad de Ghaffar.
La falta de credibilidad de Ghaffar salió a relucir en el caso del presunto esquema de sobornos en el cual se vinculó a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y la supuesta participación de Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman, para financiar la campaña para Vásquez en 2020.
Esta falta de credibilidad de Ghaffar, creó en el Departamento de Justicia un intenso escrutinio por la elección de Fahad Ghaffar como testigo clave en este caso de gran repercusión. Las revelaciones sobre las actividades pasadas de Ghaffar han suscitado dudas sobre su credibilidad y honestidad.
El comunicado del Departamento de Justicia no mencionaba a Fahad Ghaffar en su resumen público. Sin embargo, el medio puertorriqueño NotiCel informó posteriormente que Ghaffar era una figura clave vinculada al caso federal contra Vázquez y que Vázquez había asistido a su boda en Río Grande. NotiCel también informó que la relación de Ghaffar con Vázquez y Herrera Velutini era uno de los hilos conductores de la acusación federal.
Ese punto es crucial. La pregunta más pertinente y precisa es: ¿si el papel de Ghaffar como conector, intermediario o figura clave en el caso fue sometido a un escrutinio suficiente?
El comunicado del Departamento de Justicia también describió un presunto intento posterior en el que participaron Herrera Velutini, Rossini, un funcionario público sucesor y un testigo, quien, según el resumen de la acusación, actuaba bajo la dirección del FBI.
Esto plantea la cuestión central de interés público: si Ghaffar formaba parte de la cadena de hechos en torno al caso Vázquez-Herrera-Rossini, ¿qué sabían los investigadores, los fiscales y las figuras políticas sobre sus propios conflictos, disputas financieras y problemas de credibilidad?
¿Fabricó Ghaffar un caso federal? ¿Fue suficiente la debida diligencia del gobierno en torno a un intermediario con conexiones políticas? Esa es la pregunta que Puerto Rico y el público en general merecen que se responda.
En agosto de 2025, Associated Press informó que Vázquez declaró que “no hubo soborno” y que no aceptó dinero, al tiempo que afirmó que los cargos originales, que incluían conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico contra la integridad de los servicios públicos, se habían reducido a una violación de la Ley Federal de Campañas Electorales.
La Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia (DOJ) publicó posteriormente los indultos de enero de 2026 para Julio M. Herrera Velutini, Mark T. Rossini y Wanda Vázquez Garced. La página del DOJ muestra entradas anteriores del 15 de enero relacionadas con los delitos originalmente enumerados y entradas modificadas del 20 de enero que describen el delito como “Contribución de un ciudadano extranjero”.
Esa postura posterior es importante. El caso original de soborno no quedó en su forma original. Se resolvió mediante acuerdos de culpabilidad menores relacionados con la financiación de campañas, y el registro público de indultos del Departamento de Justicia reflejó posteriormente indultos modificados. La cuestión de la credibilidad de Ghaffar sigue siendo relevante porque los informes locales y los documentos judiciales lo sitúan cerca de la cadena fáctica y política que contribuyó a dar forma a la narrativa pública original que dio inicio al controvertido episodio político.
Vázquez, partidaria de Trump y del movimiento MAGA, se vio envuelta en un proceso federal cuyos fundamentos ahora están en entredicho. El caso en su contra pasó de graves cargos de soborno a una infracción técnica de financiación de campañas, seguida de un indulto presidencial.
La cuestión de quién orquestó dicho proceso y hasta qué punto se puso a prueba la credibilidad de esa persona no es abstracta. Se trata de una cuestión de responsabilidad institucional.
El público tiene derecho a preguntar cómo se movió esa misma figura (Ghaffar) por los pasillos políticos de la isla, qué papel desempeñó al presentar o conectar a actores clave, y si las agencias lo trataron como una fuente fiable, un testigo o un intermediario sin el debido escrutinio.
Esa cuestión, es especialmente importante en Puerto Rico, donde los negocios, la política, la aplicación de la ley federal, los incentivos fiscales, el mercado inmobiliario de lujo y la supervisión regulatoria a menudo se entrecruzan en el mismo círculo reducido de nombres, lugares y relaciones.
La historia de Fahad Ghaffar se sitúa ahora en la intersección de tres cuestiones.
La primera es una cuestión empresarial: ¿cómo un ejecutivo de confianza del imperio de John Paulson en Puerto Rico se convirtió en blanco de acusaciones civiles en virtud de la ley RICO y de un fallo arbitral adverso, según se informa?
La segunda es una cuestión política: ¿cómo se movió esa misma figura a través de las redes que rodeaban a gobernadores, reguladores, banqueros, hoteles, operadores de campaña y centros de poder del desarrollo económico?
La tercera es una cuestión institucional: si los investigadores y fiscales se basaron en el relato de Ghaffar, directa o indirectamente, ¿pusieron a prueba su credibilidad con la seriedad que requería el caso?
Por eso, el último resultado arbitral es importante. No resuelve todas las disputas relacionadas con las batallas políticas y regulatorias de Puerto Rico, pero plantea una pregunta inevitable: si un hombre que ahora enfrenta un resultado arbitral adverso de 48 millones de dólares contribuyó a facilitar el acceso, las presentaciones y la información sobre algunas de las disputas más trascendentales de la isla, ¿quién lo verificó?
El arbitraje lo usará Paulson en el tribunal federal de Puerto rico para solicitar un avance en los litigios y se desestimen las causas de Ghaffar.
FUENTE: Con información de NYC Reporter, The Post y Noticel
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