Venezuela nace, en 1811, como una república de ciudadanos. “La idea de un hombre nacido magistrado, legislador, juez, militar o empleado de cualquiera suerte, es absurda”, según nuestro primer texto fundamental. En él se advierte la necesidad de “levantar y mantener ejércitos cuando sean necesarios para mantener la libertad”. “Disminuirlos oportunamente” es el desiderátum.

Lo permanente, tal y como se entiende para la época, son las “milicias”, integradas por ciudadanos, responsables del orden y la tranquilidad públicas. Son el germen de nuestras actuales policías ciudadanas y de la misma Guardia Nacional, hoy transformada en ariete de la constante represión.

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Ocurrida la pérdida de la Primera República, declarado formalmente “restablecido el gobierno federal” durante el Congreso de Cariaco de 1817, es cuando Venezuela sabe, por vez primera y casualmente, de gobernantes “interinos”, como lo es hoy Juan Guaidó. Esperan ejercer a cabalidad sus funciones una vez como cese la usurpación española; que sólo será posible -eso lo entienden los congregados- cuando se hagan efectivos el respaldo y la acción militar: “Hemos sido restituidos por el eminente General Santiago Mariño […], como 2º Jefe encargado al presente de las riendas del Gobierno”, reza el acta respectiva.

Se explica así, que, al instalarse el Congreso de Angostura en 1819, Simón Bolívar proclame ante los representantes reunidos que en ellos reside la soberanía; pero que los militares y sus espadas son las que “están siempre prontas a sostener su augusta autoridad”.

De tal modo surge como predicado, y para lo sucesivo, la existencia de esos dos mundos separados, el civil y el militar, cuyas realidades propias -así parezca un galimatías- no se alcanzan o justifican aisladamente. Uno y otro se reclaman en reciprocidad, para el sostenimiento de la república.

La condición del presidente como “comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra”, quien otorga grados y las organiza y disciplina, viene desde esa fecha; pero no las manda en persona, por disposición constitucional. El Senado es quien le autoriza dar los rangos de coronel “inclusive arriba”, por considerarse, justamente, que, si bien gozan los militares de una condición especial propia a su misión, quedan sujetos, para siempre, a los dictados de la citada soberanía popular.

Adquieren las fuerzas armadas, pues, un carácter permanente. Se les concede fuero especial. Aumentan o disminuyen en tiempos de guerra como de paz, siendo obedientes y no deliberantes por sus finalidades; lo que se extiende como norma a la “fuerza pública”, entre éstas, incluso, a la mencionada “milicia”.

La bicefalia institucional descrita se afirma, en suma. Cada hemisferio cerebral de la república, cabe repetirlo, depende, para subsistir, del otro. Y más allá del juicio de valor que corresponda, en sus grandes trazos se conserva al separarse Venezuela de la Gran Colombia.

La Constitución de 1830 fija, por vez primera, un capítulo particular sobre “la Fuerza Armada”. Pero introduce matizaciones.

A la Fuerza Armada se le integra la milicia nacional, bajo las órdenes del gobernador de cada Provincia. Se dispone como competencia del presidente su “mando supremo”; pero al mandarla directamente y emplearla requiere de autorización previa por el Senado. Y a los jefes militares, mientras ejerzan como tales, les está prohibido ser senadores o representantes.

La polaridad civil y militar y su interdependencia hace parte, por lo visto, de nuestra larga y tormentosa historia de revueltas armadas. Su equilibrio se rompe al empeñarse las espadas en dominar a la república, al punto que los civiles se vuelven militares desde el tiempo de los Monagas.

Llegada la república civil, en 1958, cede la tutela de las espadas y se alcanza una transacción histórica que devuelve a sus orígenes auténticos a los militares, proscribiéndose el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y la de las armas. Sólo el presidente de la república, como autoridad civil, comanda en Jefe a las Fuerzas Armadas. Ellas se le subordinan, pero no en lo personal, sino como el punto que resuelve, en cabeza del Estado, el destino de ellas dentro del acontecer de la patria.

Son apolíticas, obedientes y no deliberantes. Y la contrapartida de la neutralidad a las que se les somete, volviendo a la esencia del discurso bolivariano plasmado en Angostura, es la de confiarles “asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución”.

Cabe decir que ese delicado, indispensable, y sabio equilibrio, producto de una larga maduración, quiso romperlo el constituyente de 1999. Más tarde fue prostituido, mediante ley, al hacerse del presidente de la república, inconstitucionalmente, un militar activo. Era lo deseado por Hugo Chávez y lo logra, al sobreponer su realidad de soldado, frustrado por su retiro, a la de jefe del Estado y de gobierno, como autoridad civil, cabe insistirlo.

Esto explica, en buena parte -narco corruptelas castrenses apartes- el fenómeno militarista, de pretorianismo y culto a la personalidad del Comandante en Jefe, entronizado en Venezuela durante las dos últimas décadas.

La república, en consecuencia, es víctima de un espíritu retrógrado. Urge exorcizarlo, para restablecer su equilibrio cerebral. Para que cese la usurpación. Los militares con futuro y profesionales tienen la palabra. La demandan sus orígenes.

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